En pleno año electoral se debate sobre el sentido de las elecciones como elemento de expresión de la voluntad popular. La dirigencia se empeña en usar ese proceso institucional para tomar el poder e incorporarlo a su patrimonio personal. El resultado es el progresivo alejamiento ciudadano y la creciente judicialización de la política.
Opinión21/05/2025
Un claro ejemplo de que las elecciones son utilizadas para fines personales y sectoriales por protagonistas de la política es la situación que atraviesa el Partido Justicialista Distrito Salta, cuya intervención fue declarada nula por la Justicia Electoral. Lejos de la función que la Constitución Nacional asigna a estas instituciones, los partidos se han convertido en meros vehículos de apetencias de una dirigencia que se van perpetuando en cargos electivos para hacer de su ejercicio fuente de ingresos y elemento de participación en el reparto de bienes materiales -como muestra el enriquecimiento personal que se declara- o intangibles, como es el prestigio que coloca a sus beneficiarios por encima del conjunto de la sociedad. En ese afán se pueden encontrar las razones de la decadencia del PJ, que fuera hasta no hace más de una década el principal partido de la Provincia.
Cabe señalar que en febrero pasado y pese a su vida anodina pero ordenada, el distrito Salta fue intervenido por la conducción nacional encabezada por Cristina Fernández, una abogada que en los últimos 40 años no muestra otra actividad que su participación en cargos públicos. Precisamente no es facultad del Consejo que preside esta dirigente disponer de tal intervención por lo que la conducción desplazada debió recurrir a la justicia. El fallo que produjo la Secretaría Electoral del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de María Servini, dio la razón a Esteban Amat, quien venía presidiendo el PJ de Salta. En la misma jornada que se conoció la decisión judicial, el Congreso Nacional justicialista, convocado para emprolijar los excesos del Consejo, ratificó lo que a todas luces aparece como la necesidad de un sector interno de ese partido, de no perder las riendas de esa estructura y alejarse de las mieles del poder.
Frente al fallo judicial, la posición del órgano partidario nacional no es suficiente para sostenerse ya que deberá apelar lo que sentenció la magistrada. De esa manera, una situación que debiera resolverse en el interior de un partido, ha comenzado a transitar otros carriles que deben respetarse, si es que la dirigencia involucrada reconoce a la institucionalidad como una valor superior en el sistema democrático.
Precisamente son los fundamentos del fallo los que ponen en evidencia un desvío que no sólo los politólogos lo están notando; el observador menos advertido puede encontrar en las actitudes de la dirigencia objetivos ajenos al interés general. Y ese pareciera que es el germen de la apatía con la que la ciudadanía toma la convocatoria a participar en la elección de sus representantes.
No pasa inadvertida la necesaria intervención judicial frente al abandono que la dirigencia política está haciendo del papel que tiene asignado en el sistema. Desde los cargos electivos o partidarios no resuelven cuestiones que son de interés general de la sociedad. Más aún, en no pocas oportunidades generan conflictos al adoptar medidas erróneas o fijar agendas de temas que no responden a las demandas sociales.
Un año electoral no es precisamente la oportunidad para debatir esta situación porque se necesita distancia de resultados que profundizan las fallas que pueden distorsionar la expresión de la voluntad ciudadana. Pero es el tiempo propicio para observar las actitudes, escuchar los mensajes y tomar nota de las posiciones en las que se ubican quienes tienen o pretenden tener responsabilidades en la configuración del orden político y social del país.
Salta, 21 de mayo de 2025
La democracia argentina ha dado otro paso hacia su fortalecimiento. Más allá de los resultados de las pasadas elecciones, se hizo lugar a una forma de participación ciudadana que, en cada comicio, tiene la oportunidad de evaluar la tarea política que se despliega desde la administración del Estado a la práctica del control del manejo de los asuntos públicos, que es tarea de los legisladores. Y a través del voto, califica.
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