La sesión podría ser convocada para la próxima semana. Una de las propuestas incluye sumar un 7,2% al haber mensual y permitir jubilaciones proporcionales.
Argentina14/05/2025
Tras varias semanas de debate, el plenario de las comisiones de Previsión Social, presidida por la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, y de Presupuesto, a cargo del libertario José Luis Espert, concluyó el análisis de la situación jubilatoria con la firma de 14 dictámenes. Los textos buscarán ahora ser consensuados en la Cámara de Diputados, con el objetivo de avanzar en una recomposición de los haberes jubilatorios.
El debate se dio en dos ejes: la moratoria previsional, que venció el 23 de marzo, y la actualización del bono y los haberes previsionales. Además, los dictámenes abordan propuestas vinculadas a una reforma de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y el financiamiento de las cajas previsionales que no fueron transferidas desde el Estado nacional a las provincias.
La prórroga por dos años de la moratoria previsional cuenta con ocho dictámenes. La actualización del bono previsional -que hoy está en 70 mil pesos y se implementa con ese valor desde diciembre de 2023-, tiene siete dictamines.
Una de las propuestas de los legisladores establece un incremento excepcional del haber jubilatorio para todas las jubilaciones y pensiones equivalente al 7,2%, incorporándolo al haber mensual apenas se sancione la ley.
“Tenemos un sistema tributario, de legislación laboral, que ha empujado sistemáticamente a la informalidad a cientos de miles de argentinos, y es una realidad que queremos cambiar -dijo Nicolás Massot, diputado de Encuentro Federal-. En adición a esa reparación del 7,2%, proponemos un aumento de $70.000 a $100.000 del bono. Significaría 51 mil pesos de aumento para la jubilación mínima, cercano al 18%, y para las jubilaciones más altas, del 7,2%”.
Los dictámenes que buscan una opción a la moratoria previsional plantean crear la prestación básica contemplando la cantidad de años de aportes de una persona, como señalan en su redacción: “Institúyese una Prestación Proporcional que reconozca el esfuerzo contributivo realizado en la etapa activa de los trabajadores, a la cual podrán acceder (quienes) acrediten entre 10 y 29 años de servicios en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad”.
“El haber mensual de la Prestación Proporcional será equivalente al 70% de la Prestación Básica Universal, más el 1,5 % por la cantidad de años de aportes anteriores a junio de 1994 en concepto de prestación compensatoria, adicionando al cálculo del haber, incrementando en concepto de prestación adicional por permanencia igualmente el 1,5% por aportes posteriores al 1 de julio de 1994”, agrega.
El dictamen de los libertarios, junto al PRO de Patricia Bullrich, el MID y los radicales cercanos al Gobierno, contempla crear una comisión de Expertos Previsionales (GEP). Funcionaría en el ámbito del Congreso con la finalidad de redactar un proyecto de ley de Ordenamiento Integral del Sistema Previsional organizado con base en la solidaridad, la proporcionalidad y el ahorro voluntario que permita incorporar aportes adicionales.
El GEP revisará integralmente los regímenes especiales y diferenciales, con el objeto de evaluar su sostenibilidad, equidad y compatibilidad con el régimen general. La comisión estaría integrada por 14 expertos -12 designados por el Congreso y otros dos por el Ejecutivo-, con un plazo de trabajo de seis meses, extensibles por tres más.
Los diputados Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro, y Alejandra Torres, de Encuentro Federal, firmaron un dictamen pidiendo dejar de lado la obligatoriedad de contar con 30 años de aportes para acceder a una jubilación, creando de ese modo una prestación previsional.
“Apuntamos a solucionar un problema de diseños del sistema, ya que hay una gran cantidad de trabajadores que no llegan a la edad jubilatoria con la cantidad de los aportes. Entonces, planteamos que se les reconozca un haber proporcional”, indicaron Domingo, en diálogo con TN.
“Los 30 años de aportes es un requisito muy rígido que atenta contra los incentivos que tiene que tener el sistema para que haya más aportantes. Funciona como un desaliento y es altamente inequitativo: si llega la edad de jubilarse sin un aporte de 30 años, esos años de aportes, sean 20, 15 o diez, no valen nada, ya que no puede accederse a una jubilación. Es muy injusto. Por ese motivo, proponemos eliminar ese requisito”, agregó.
Las propuestas de los bloques políticos son variadas y deberán seguir buscando consensos para llevar los dictámenes al recinto. La sesión podría ser convocada para la próxima semana; algunos ya hablan del martes 20 de mayo. Las iniciativas que se voten en Diputados deberán pasar al Senado para ser convertidas en ley y aguardar que el presidente Javier Milei no vete las iniciativas, como ocurrió en el 2024.
“Estamos dando un paso para adelante, no es una solución definitiva, es un paliativo para recuperar la dignidad de las jubilaciones”, expresó Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria.
Pedidos de informes a la Oficina de Presupuesto del Congreso
Los diputados solicitaron información adicional a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que encabeza Gabriel Esterelles, para conocer el impacto fiscal de las mediadas a implementar. La OPC entendió que la prórroga por dos años del régimen de regularización previsional previsto en la ley 27.805 tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.
Según información disponible y considerando que muchos beneficiarios potenciales de la PUAM elegirían el beneficio contributivo, se calculó que existirían 441.226 nuevos beneficiarios que ingresarían aproximadamente la mitad el primer año y el resto al segundo año.
Si el valor del bono que refuerza los haberes mínimos subiera de $70.000 por mes a $105.000 a partir de junio, el costo fiscal sería de $1.164.172 millones (0,14% del PIB), con un costo anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB). En caso de que el beneficio subiera a $115.000, el impacto llegaría a $1.500.961 millones (0,17% del PIB), con un costo anualizado de $2.567.477 millones (0,30% del PIB).
Con información de TN
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