Pensiones truchas: el perjuicio contra el estado superaría los mil millones de pesos

Por Aries, el fiscal general Carlos Amad se refirió a la investigación en curso por una presunta asociación ilícita que habría facilitado el otorgamiento fraudulento de miles de pensiones no contributivas por discapacidad en Salta y Jujuy.

“El Estado dispuso controlar este tipo de pensiones, pero lo alarmante es cómo se defraudó de forma alevosa”, aseguró el fiscal. También lamentó el impacto que la investigación tiene sobre los beneficiarios legítimos: “Estoy muy preocupado por esa gente que tiene que hacer largas colas, pero no se me ocurre otro modo para que el Estado verifique a dónde realmente va ese dinero y que la ayuda llegue a quien la necesita”.

Amad denunció que se detectaron casos donde se otorgaron pensiones sin certificados médicos o con documentos falsos. “El funcionario que otorga una pensión sin certificado comete un delito desde el principio. Pero también hay médicos que dijeron que una persona estaba enferma cuando no lo estaba”, señaló y remarcó que en esta situación “el Estado es el débil de la relación, porque se le fueron los fondos entre los dedos”.

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Uno de los casos más escandalosos señalados por el fiscal ocurrió en Taco Pozo, una pequeña localidad salteña ubicada a 300 km de la capital provincial, donde se habrían detectado entre 640 y 680 pensiones irregulares sobre un total de 9.200 habitantes. “Es una locura. Parece que Taco Pozo entró en guerra con otro pueblo por la cantidad de discapacitados que aparecieron”, ironizó. Según estimaciones de la fiscalía, ese esquema fraudulento generó un perjuicio de casi 1.000 millones de pesos en cuatro años. “Después de la auditoría, cuando digan qué porcentaje es trucho, ahí vamos a investigar cada uno de esos casos. Eso es lo que nos corresponde hacer”, explicó.

Aunque aclaró que no puede interferir en las decisiones administrativas, sugirió públicamente una posible solución: “Me parece que podrían hacerlo en los hospitales públicos de cada jurisdicción, como los de Joaquín V. González, Metán, Orán o Tartagal. La descentralización podría ayudar”.