Un poco menos de 30 días significan para el Estado provincial algo más de mil millones de pesos. Se trata de los fondos correspondientes al aporte para la campaña electoral, que se inició el viernes 11 de este mes.
Opinión30/04/2025
El secretario electoral de Salta, Pablo Finkelstein, dio detalles a la prensa de la aplicación del Artículo 36 de la ley 8463, sancionada el 29 de octubre de 2024, que dispone la distribución de aportes entre las fuerzas políticas para financiar la campaña que concluirá 48 horas antes de los comicios del 11 de mayo. De acuerdo a la disponibilidad establecida en el presupuesto del ejercicio fiscal en curso, se trata de unos mil 100 millones de pesos que se distribuyen un cincuenta por ciento en forma igualitaria entre los partidos y frentes electorales que participan de la elección. El resto se entrega a cada agrupación política en forma proporcional a la cantidad de votos que hubiera obtenido en la elección general para la misma categoría. Si se trata de alianzas o frentes electorales se computa la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos integrantes.
Otra de las disposiciones legales se refiere a la publicidad electoral en servicios de comunicación televisivos, radiales, en Internet y en medios gráficos, que comenzó el 21 pasado. También en ese caso es el Poder Ejecutivo Provincial el que la abona no pudiendo ninguna lista contratar publicidad por su cuenta.
La normativa vigente determina que las fuerzas políticas receptoras de los aportes públicos de campaña deben obligatoriamente presentar la rendición de los gastos cancelados, dentro de los treinta días de concluida la elección. Con esta disposición debiera disiparse cualquier duda sobre el uso de estos recursos, como también apreciar que el objetivo de este gasto es asegurar equidad para la participación de todos los sectores en los comicios.
Estos propósitos, de todas maneras, no llegan con la claridad necesaria a una ciudadanía agobiada por las sospechas de corrupción con la que se manejarían las finanzas públicas. Cabe recordar que en febrero pasado se hizo público que la Unidad de Información Financiera detectó a lo largo del país,una maniobra aplicada en municipios de distintas provincias de extracción de grandes sumas de dinero en efectivo que en paralelo ingresaban fondos a cuentas privadas de empleados públicos y luego se invertían en la compra de dólar MEP. La investigación determinó que los movimientos más sospechosos y recurrentes se produjeron durante los meses previos a las elecciones de 2023, que en buena parte del país fueron desdobladas. La cuestión se denunció ante la Cámara Nacional Electoral, pero no se conocieron avances a partir de ese punto.
El financiamiento de la política es una cuestión que suele debatirse en círculos especializados pero no se extiende a espacios que bien pueden constituir una especie de control social, ante cierta ineficiencia del sistema de control público. En el país y en la Provincia hay un entramado de regulaciones que está justificado, precisamente para garantizar la transparencia del sistema electoral, además de asegurar la equidad de la competencia entre los diferentes partidos.
De todas maneras, no es suficiente. Se sostiene la posibilidad de un uso ilegal de los recursos públicos, que no se demuestra pero no se desmiente. Solo es evidente que el peso de la gestión del gobierno se vuelca a favor del oficialismo, pese a las prohibiciones respecto de actividades que pueden interpretarse como de propaganda.
En cualquier caso, se debe confiar en un ejercicio responsable del poder de decisión del electorado.
Salta, 30 de abril de 2025
Tiene media sanción la reforma del Régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. Se trata de herramientas que la Constitución Nacional contempla y que le permiten al Poder Ejecutivo tener más injerencia en la sanción de leyes.
Con una inversión de unos 150 millones de dólares, la Provincia de Salta ha comenzado este jueves la construcción de la obra vial más importante por su costo pero también por su impacto social y económico. La puesta en marcha del emprendimiento sirvió para mostrar una propuesta con vista a la reforma parcial del Congreso.
No todo puede ser presa de la especulación política. No todo vale. No todo da lo mismo. Al menos en nuestro metro cuadrado, en nuestra enorme y querida provincia de Salta, no vamos a dejar que esto siga pasando.
En el inquietante clima social que suele generar una campaña electoral, un avance en el sentido de censurar a la prensa produjo mayor perturbación. Pero también promovió pronunciamientos para advertir que los derechos y libertades no deben ser impactados en función de los intereses de sectores.
Aunque la campaña electoral está en marcha, el trecho hasta el 26 de octubre es considerable, dada la dinámica de la política argentina. Si el elector dispusiera seguirla de cerca, seguramente profundizaría el desconcierto con el que la observa ahora.
El 7 de septiembre Buenos Aires vuelve a votar, y aunque parezca un hecho local, lo sabemos bien: lo que allí suceda repercute en cada rincón del país.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Más de 120 voluntarios instalarán baños químicos, puestos de hidratación y puntos de asistencia médica en la cuesta del Obispo. Buscan reunir al menos 300 fardos de agua para sostener la caminata e insumos para realizar curaciones.
La fiscalía de Impugnación de Salta revirtió el archivo de una causa por presunta extorsión. Un exdirector de ANSES denunció que le exigían entre el 10% y el 5% de su sueldo para financiar la actividad partidaria.
El diputado Esteban Paulón realizó un pedido de informes para conocer la situación que afecta y deja sin documentación a quienes se encuentran fuera del país. El Gobierno asegura que solo se trata de 5 mil casos.