Un poco menos de 30 días significan para el Estado provincial algo más de mil millones de pesos. Se trata de los fondos correspondientes al aporte para la campaña electoral, que se inició el viernes 11 de este mes.
Opinión30/04/2025
El secretario electoral de Salta, Pablo Finkelstein, dio detalles a la prensa de la aplicación del Artículo 36 de la ley 8463, sancionada el 29 de octubre de 2024, que dispone la distribución de aportes entre las fuerzas políticas para financiar la campaña que concluirá 48 horas antes de los comicios del 11 de mayo. De acuerdo a la disponibilidad establecida en el presupuesto del ejercicio fiscal en curso, se trata de unos mil 100 millones de pesos que se distribuyen un cincuenta por ciento en forma igualitaria entre los partidos y frentes electorales que participan de la elección. El resto se entrega a cada agrupación política en forma proporcional a la cantidad de votos que hubiera obtenido en la elección general para la misma categoría. Si se trata de alianzas o frentes electorales se computa la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos integrantes.
Otra de las disposiciones legales se refiere a la publicidad electoral en servicios de comunicación televisivos, radiales, en Internet y en medios gráficos, que comenzó el 21 pasado. También en ese caso es el Poder Ejecutivo Provincial el que la abona no pudiendo ninguna lista contratar publicidad por su cuenta.
La normativa vigente determina que las fuerzas políticas receptoras de los aportes públicos de campaña deben obligatoriamente presentar la rendición de los gastos cancelados, dentro de los treinta días de concluida la elección. Con esta disposición debiera disiparse cualquier duda sobre el uso de estos recursos, como también apreciar que el objetivo de este gasto es asegurar equidad para la participación de todos los sectores en los comicios.
Estos propósitos, de todas maneras, no llegan con la claridad necesaria a una ciudadanía agobiada por las sospechas de corrupción con la que se manejarían las finanzas públicas. Cabe recordar que en febrero pasado se hizo público que la Unidad de Información Financiera detectó a lo largo del país,una maniobra aplicada en municipios de distintas provincias de extracción de grandes sumas de dinero en efectivo que en paralelo ingresaban fondos a cuentas privadas de empleados públicos y luego se invertían en la compra de dólar MEP. La investigación determinó que los movimientos más sospechosos y recurrentes se produjeron durante los meses previos a las elecciones de 2023, que en buena parte del país fueron desdobladas. La cuestión se denunció ante la Cámara Nacional Electoral, pero no se conocieron avances a partir de ese punto.
El financiamiento de la política es una cuestión que suele debatirse en círculos especializados pero no se extiende a espacios que bien pueden constituir una especie de control social, ante cierta ineficiencia del sistema de control público. En el país y en la Provincia hay un entramado de regulaciones que está justificado, precisamente para garantizar la transparencia del sistema electoral, además de asegurar la equidad de la competencia entre los diferentes partidos.
De todas maneras, no es suficiente. Se sostiene la posibilidad de un uso ilegal de los recursos públicos, que no se demuestra pero no se desmiente. Solo es evidente que el peso de la gestión del gobierno se vuelca a favor del oficialismo, pese a las prohibiciones respecto de actividades que pueden interpretarse como de propaganda.
En cualquier caso, se debe confiar en un ejercicio responsable del poder de decisión del electorado.
Salta, 30 de abril de 2025
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