Investigan una posible obstrucción de aborto a una niña en Tucumán

Una niña de 12 años, con un embarazo producto de un abuso sexual, llegó a un hospital de la capital de Tucumán a pedir ayuda y salió de allí con un bebé muy prematuro, que murió poco después. El defensor oficial de menores de la provincia sospecha que la niña no tomó libremente la decisión de continuar o interrumpir ese embarazo (es su derecho) sino que ella y su madre fueron manipuladas para continuar la gestación. 

En marzo de 2024, la Defensoría de Niños, Adolescentes y Capacidad Restringida pidió informes al Hospital Avellaneda para saber qué ocurrió. 

La investigación por la responsabilidad del personal de salud está en curso y ya fueron a declarar más de 10 profesionales citados por la Fiscalía, además de la nena y de su madre.  

Está citada a declarar la subdirectora del hospital. 

El primer párrafo de la denuncia del defensor de menores, José Roberto Gómez, pone en conocimiento a la Unidad de Decisión Temprana, del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, “la posible situación de embarazo forzado” de G.L.A, de 12 años. Gómez, encargado de la investigación por el abuso, pidió dos veces información al hospital y no la obtuvo o fue insuficiente. 

“Estos pedidos de información obedecen a que con fecha 01 de Marzo del corriente, se constituyó en el Hospital Avellaneda, el Dr. Andrés Avellaneda, auxiliar de la Defensoría de N.A.y C.R. II° Nom, y efectuó un informe, del cual se desprende que la niña G.L.A. había manifestado su voluntad de no continuar con el embarazo, y luego por una circunstancia que no se encuentra aclarada, la niña supuestamente modifico su decisión, lo que podría implicar una clara violación a sus derechos y por sobre todo una vulneración a su salud”, sostiene la denuncia. 

La investigación apunta a saber si, como denuncia una ONG feminista, existe una “red paralela” dentro del hospital, que puso obstáculos o que ofreció ayuda material a la madre para que cambie la decisión de abortar. 

“Es la primera vez que la Justicia interviene de oficio ante la obstaculización de una ILE”, explica Soledad Deza, abogada feminista de la fundación Mujeres x Mujeres, que se constituyó como querellante en lo que entiende como un delito de acción pública (que afecta el orden público y el interés general de la sociedad). 

El caso

A la niña la llamaremos Leticia para preservar su intimidad y verdadero nombre. Tenía 12 años en febrero, cuando llegó al Hospital Avellaneda con un  embarazo producto del abuso de su padrastro. Era época de calor extremo en Tucumán, había alerta meteorológica por vientos y lluvias torrenciales, se disparaba la propagación del dengue, escaseaban los repelentes para mosquitos y las escuelas se preparaban para comenzar las clases. 

Acompañada por su madre, Leticia dijo que no quería continuar con ese embarazo. Así lo manifestó y eso escuchó y registró el personal sanitario que la atendió en ese primer momento. 

La ley estaba de su lado. La ley 27.610, que se aprobó en 2020, dice que las personas con capacidad de gestar tienen derecho “a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo” hasta la semana 14. Fuera de ese plazo, dice el artículo 4° de la ley 27.610, - si el embarazo fuera resultado de una violación -en el caso de una menor de 13 años ni siquiera hace falta una declaración jurada o “si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”. La interrupción del embarazo en casos como el de Leticia ya estaba prevista antes de la sanción del aborto como está previsto hoy. 

Todas esas condiciones se cumplían en el caso de Leticia. La más importante: la nena y la persona responsable de ella lo requerían. Sin embargo Leticia retrocedió en su decisión y comenzó un derrotero de intervenciones, en el que pasó a otro centro de salud, el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes (la maternidad pública más grande de la provincia), donde terminó pariendo un bebé prematuro, de poco más de 20 semanas de gestación, al que le tuvieron que estimular artificialmente el desarrollo porque era casi inviable. Una bronquiolitis se ensañó con esos débiles pulmones y el bebé no sobrevivió. Y Leticia, apenas saliendo de la infancia pero aún sin entrar a la adolescencia, tuvo además que pasar por ese duelo.

La presentación del defensor oficial defensor oficial de Niños, Adolescentes y Capacidad Restringida, José Roberto Gómez, ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana se pregunta si esta decisión fue libre. En los primeros días de marzo de 2024, Gómez, que ya venía investigando el caso del abuso a Leticia,  formuló una denuncia en la que plantea “el posible incumplimiento” de las leyes 27.610 (de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo) y 26.485 (de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres). Se refiere “a la posible situación de embarazo forzado que lleva adelante mi representada, fruto de un abuso sexual cometido en su contra por la pareja de la madre de la niña”. 

Antecedentes

No es la primera vez que el Hospital Avellaneda enfrenta denuncias relacionadas al respeto de los derechos sexuales y reproductivos. Es el mismo centro de salud del resonado caso Belén de 2014: la mujer se despertó esposada a la cama, rodeada de policías y acusada de homicidio, luego de haber tenido un aborto espontáneo. Belén está libre después de pasar más de tres años presa. La presión de las  redes feministas y su abogada Deza consiguieron hacer del caso una causa nacional y obtuvieron un fallo absolutorio en la Corte Suprema provincial. 

Pero la memoria de lo que le pasó Belén pervive. En ese entonces, el director del hospital era Luis Medina Ruiz, hoy ministro de Salud de la Provincia.

“El Avellaneda” es uno de los hospitales cabecera de Tucumán, atiende un gran caudal de pacientes del norte de la provincia, de donde es Leticia, y se especializa en perinatología. Tiene consultorios para control de embarazo de alto y bajo riesgo, atención de salud sexual y reproductiva, de salud mental para mujeres y comunidad LGBT+ en situación de violencia y tuvo durante unos años un consultorio de endocrinología para la atención a personas trans que requieren hormonización. La organización Mujeres por Mujeres sospecha que también hay una red paralela de personas que ponen obstáculos para que las mujeres y niñas puedan acceder a sus derechos. 

Derecho a decidir

Al ingresar al hospital, Leticia habló con una trabajadora social y una efectora de salud. Ante el requerimiento de Leticia de interrumpir el embarazo, le explicaron el procedimiento y buscaron despejaron sus temores con información. El consentimiento para hacer una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) quedó documentado en la historia clínica, con la firma de la madre de Leticia. En el medio, sin que se sepa cómo, Leticia y su madre fueron “captadas” por personas que operan “enquistadas” dentro del mismo hospital. Los términos encomillados son los que usó una psicóloga que accedió al caso. 

La querella presentada por la fundación Mujeres x Mujeres le pone nombre: violencia institucional de género en contra de una niña. Y pide que se investigue a personal médico del Hospital Avellaneda por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. “El personal de salud debe respetar las decisiones de las pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva. Las decisiones de la paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad”, destaca la presentación. 

La Ley 27.610 incorporó específicamente un delito para el caso de obstruir, dilatar o impedir una interrupción legal del embarazo: “Artículo 85 bis: Será reprimido o reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”.

Vulneraciones y condicionamientos

“A la nena la llevaron para hacerle una ecografía innecesaria, que no estaba indicada por el profesional que la atendía porque ya se había confirmado el embarazo. Le mostraron la columna del feto, le hicieron escuchar los latidos, la atemorizaron con respecto al procedimiento”, cuenta Mariana Álvarez, abogada integrante de la fundación Mujeres x Mujeres, la ONG que tomó intervención como querellante. 

“La niña había manifestado su voluntad de no continuar con el embarazo, y luego por una circunstancia que no se encuentra aclarada, la niña supuestamente modifico su decisión, lo que podría implicar una clara violación a sus derechos y por sobre todo una vulneración a su salud”, dice la denuncia del defensor oficial Gómez. 

“La mamá de Leticia, una mujer muy joven, con otros hijos y con muchas vulnerabilidades, retrocede en la decisión por temor a una denuncia, a terminar en una celda, como le pasó a Belén”, aseguran desde la ONG MxM. Denuncian que el declaración judicial la madre dijo que le habían ofrecido “ayuda” material a cambio de modificar su decisión. Un antecedente ya mencionado en el caso de la niña Lucía, un caso de ILE por violación que también convulsionó a la provincia en 2019. Y aunque la nena pudo acceder a la intervención, los médicos que la garantizaron fueron luego judicializados.

La realidad de la provincia

En el último año se han puesto en marcha operativos de prevención que muchos dicen que son iguales a las viejas “razzias” que sufrían los barrios populares durante el terrorismo de Estado que se inició con el Operativo Independencia y continuó con la dictadura.  También pasa en el asentamiento donde viven Leticia con su mamá y sus hermanitos. El caserío queda en la Villa Obrera, barrio centenario del municipio de Tafí Viejo, a unos 15 kilómetros al norte de la capital provincial, tuvo su esplendor en los años 50. Solía ser una zona pujante, lugar de vivienda de cientos de familias trabajadoras, vinculadas a los talleres ferroviarios del Estado, que cayó en decadencia después de varios cierres e intentos fallidos de reapertura. Las dictaduras y el menemismo -y su versión local, el bussismo- se ensañaron particularmente con los talleres, fuente de trabajo y ordenadores de la vida de la comunidad. El desempleo y la inestabilidad económica de esos años dejaron al barrio con grandes parches de pobreza y mucha precariedad estructural. Allí se vive entre calles de tierra que se encharcan cuando llueve, casillas de madera y altarcitos dedicados al Gauchito Gil. Más al norte está el campo, con fincas de citrus y de caña de azúcar que lindan con el cerro. 

Leticia es de contextura pequeña, es callada y su voz casi no se escuchó durante todo el periplo dentro del hospital. El defensor Gómez requirió a las autoridades del hospital información sobre el cumplimiento de los derechos de la niña, incluyendo la posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo en los plazos establecidos, recibir información adecuada y ser tratada con respeto a su autonomía, todas condiciones establecidas en la ley 27.610, que remiten además a los pactos internacionales que tienen rango constitucional en nuestro país. Es decir, que es obligatorio cumplir. 

No obstante, según la denuncia, en dos oportunidades el centro de salud evitó responder con claridad si se garantizó la ILE -que efectivamente no se realizó- y se negó a entregar la historia clínica de Leticia. Cualquier persona que solicite un aborto tiene derecho a cambiar de opinión y desistir de la práctica. La pregunta en este caso es si se ha tratado de una decisión libre y respetuosa de los derechos de la niña.   

Ante los silencios del hospital, Gómez solicitó la apertura de una investigación para determinar si hubo acciones u omisiones por parte del personal del hospital que vulneraran los derechos de la niña. En la presentación judicial, se advierte que los embarazos infantiles forzados constituyen una forma de tortura, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y denuncia una posible violencia institucional por la falta de garantías en el acceso a la salud sexual y reproductiva.  

La vía legal

El 27 de junio de 2024, la Justicia de Tucumán concedió el rol de querellante a la Fundación Mujeres por Mujeres en la causa que investiga al personal médico del Hospital Avellaneda por la presunta obstaculización injustificada del acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña de 12 años, a quien en esta nota denominamos Leticia. 

La decisión, tomada el 27 de junio de 2024, responde a la solicitud presentada por la abogada Soledad Deza en representación de la organización, amparada en el artículo 89 del Código Procesal Penal de Tucumán. El fallo reconoce que la fundación, cuyo objeto es la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, está legitimada para actuar en defensa de intereses colectivos y difusos.

Según plantea Deza, la niña habría sido víctima de violencia obstétrica, una forma de violencia de género reconocida por la Ley 26.485 y la Convención de Belem do Pará. Además, enfatiza que, al ser menor de edad, sus derechos deben ser protegidos bajo el marco del ordenamiento jurídico sobre la infancia (como la Ley Nacional 26.061, de Protección  Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y tratados con rango constitucional, como la Convención sobre los Derechos del Niño). 

La causa sigue en investigación contra personal médico aún no identificado del Hospital Avellaneda y otros posibles responsables. La querella buscará esclarecer si hubo responsabilidad en la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. 

Desde MxM señalan que el caso de Leticia expone una trama de vulneraciones sistemáticas dentro del sistema de salud de Tucumán, donde sectores contrarios a los derechos reproductivos se amparan en la impunidad que creen tener para imponer su agenda sobre los cuerpos de niñas y mujeres. Están convencidas de que lo que debió ser una decisión protegida por la ley se convirtió en un embarazo forzado y un parto prematuro, con secuelas físicas y emocionales que podrían ser irreparables. La apertura de una investigación judicial marca un precedente inédito en la provincia: por primera vez, la Justicia avanza en una investigación sobre el personal médico que podría haber obstruido el acceso a la ILE. Sin embargo, el desafío es mayor. Garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos sexuales y reproductivos no depende sólo de una causa judicial, sino de desmontar estructuras de poder enquistadas en el sistema de salud que siguen poniendo en riesgo la vida y la autonomía de las personas más vulnerables.

La otra causa judicial avanza en paralelo. Después de meses prófugos, el padrastro señalado por el abuso ya está detenido. 

Con información de Diario AR