El Ministerio de Seguridad Nacional, liderado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra los detenidos durante la brutal represión del miércoles en inmediaciones del Congreso de la Nación. En el escrito, se acusa a los manifestantes de los delitos de "sedición, asociación ilícita agravada, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática", tal como adelantó la ministra en su conferencia de prensa del jueves. Además, exigió el apartamiento de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación inmediata de todos los arrestados.
La movilización comenzó como una manifestación en apoyo a los jubilados, pero rápidamente degeneró en una violenta represión policial. Organizada a través de redes sociales, la protesta reunió a grupos de hinchas, sindicalistas y algunas agrupaciones políticas.
Entre los daños materiales, se destacó la quema de un patrullero -que la Policía dejó abierto y sin ningún oficial alrededor- y motos oficiales, así como la destrucción de contenedores de basura. Un fotógrafo fue golpeado en la cabeza por un proyectil, mientras que una mujer mayor también sufrió lesiones en un forcejeo con las fuerzas de seguridad.
El escrito presentado por el Ministerio de Seguridad acusa a los detenidos de formar parte de una organización premeditada destinada a desestabilizar el orden democrático. Según las autoridades, los manifestantes estaban armados con cuchillos, objetos incendiarios y "miguelitos" (clavos de hierro). Además, el informe sugiere que las movilizaciones fueron financiadas por sectores políticos vinculados a municipios bonaerenses como La Matanza y Lomas de Zamora.
La denuncia apunta también contra Leandro Capriotti, vinculado a Chacarita y presuntamente cercano al sindicalista Luis Barrionuevo, como uno de los principales responsables de la organización de la violencia. Capriotti, según las acusaciones, habría coordinado a los grupos de barrabravas para realizar actos de violencia con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Javier Milei.
Críticas a la Jueza Andrade
La denuncia del Ministerio de Seguridad subraya que varios de los detenidos tienen antecedentes de delitos graves, como lesiones, tenencia de armas y tráfico de estupefacientes, y es por eso que solicitó que se declare la incompetencia del juzgado de Andrade en este caso, dada la gravedad de los delitos investigados.
Además, el Ministerio no descartó presentar una denuncia penal contra la jueza por presunto prevaricato, al considerar que su decisión de liberar a los detenidos podría constituir una violación de los deberes de un funcionario público.
Con información de C5N
:format(webp):quality(75)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2026/11/carpa_vip_leon_xiv.webp)
