La idea de reconstruir los cimientos de una gran Nación volvió a ocupar sus anuncios para un año de gestión y en Salta hay un principio de acuerdo con esa pretensión.
Al subrayar como imperativo llevar a cabo una reforma impositiva que reduzca en un 90% la cantidad de impuestos nacionales, el mandatario nacional aseguró que se trabaja en brindar autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el Estado Nacional en su nombre. El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, confirmó que el grueso de la recaudación proviene de solo seis impuestos pero también advirtió que la Nación se queda con 6 de cada 8 pesos que ingresan al fisco, lo que impone la necesidad de abrir el debate a todos los aspectos vinculados a la cuestión.
A 8 meses que Salta, junto a otras 17 provincias, suscribiera con Nación el Pacto de Mayo no hubo ningún avance en la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos “para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias”, como señala el sexto de los diez puntos del acuerdo. Algunos especialistas dudaban que precisamente ese sea el ámbito propicio para reformar el régimen vigente y otros consideraban que se estaba inaugurando “un proceso de balcanización argentina".
Dejar que cada Provincia quede liberada a las fuerzas del mercado no es precisamente una propuesta prometedora pero hacia allí apunta el análisis que realiza el Ejecutivo nacional cuando trata de establecer un piso mínimo para cada impuesto, sustancialmente inferior al total actual y que las provincias lo eleven a su criterio, compitiendo entre ellas para atraer inversiones.
En Salta, el titular de la cartera de Economía coincidió con la necesidad de simplificar la engorrosa trama de impuestos y se manifestó dispuesto a competir pero partiendo de posiciones equiparables. Dib Ashur destacó que lo que hace a una provincia o región competitiva es un conjunto de condiciones de las que Salta carece o es, por lo menos, deficitaria. No es solo una cuestión impositiva, sino que deben considerarse la conectividad, la institucionalidad, la estabilidad macroeconómica, la oferta académica y el acceso a la energía y tecnología, entre otros parámetros que juegan a la hora de definir un modelo de desarrollo. No se trata de más o menos puntos de alícuotas, sino de compensar desigualdades y eliminar asimetrías a través de una nueva coparticipación federal.
El primer régimen se aprobó hace 90 años y luego de múltiples reformas, en 1988 -durante la presidencia de Raúl Alfonsín- la Ley Nº 23.548 estableció un régimen transitorio de distribución, que se encuentra vigente en la actualidad, pese a que el reparto primario original, que reservaba 54 por ciento para las provincias, fue permanentemente alterado. La Reforma Constitucional de 1994 incorporó la coparticipación a la Constitución Nacional y dispuso la sanción de una ley convenio antes de que terminara 1996. Es un mandato pendiente y sucesivos Pactos Fiscales no lograron dar seguridad jurídica al federalismo de concertación. La razón de esta situación, que afecta especialmente al Norte Grande, reconoce la falta de consenso con la Nación.
La virtual asfixia financiera a la que están sometidas las provincias puede ser el estímulo para que opere un acuerdo que equilibre la relación de fuerzas entre el poder central y el área desarrollada, con el resto del territorio nacional.
Salta, 06 de marzo de 2025
