Camino

El organismo inició su período ordinario de sesiones y fue la oportunidad para que el Ejecutivo, a través del Ministro de Gobierno,  Derechos Humanos y Trabajo, formalice el requerimiento. El CES está integrado por instituciones que tienen una amplia representatividad social que va desde el sector empresario al de trabajo, además de las universidades y consejos profesionales. Su misión y funciones asegura que haya políticas de Estado imprescindibles para el desarrollo provincial, asegurando el cumplimiento del Plan Salta 2030, más allá de las administraciones que se sucedan en el gobierno.

Si bien suele ser de práctica que se sugieran temáticas para conformar la agenda anual del Consejo, en este caso y al margen de aquellas que hacen al crecimiento  y a la infraestructura productiva en todo el territorio, se subrayó la demanda respecto de iniciativas que permitan financiar dos áreas fundamentales para la resolución de problemas que se van profundizando como resultado de la política macroeconómica.

No se ignora que la nueva vinculación entre los gobiernos nacional y provinciales cambió el vínculo financiero fiscal y se ha desfinanciado la obra pública en el país. Salta no es la excepción y si bien las gestiones permanentes del gobernador Gustavo Sáenz lograron compromisos para salir de la parálisis, por lejos están de ser suficientes.

Puntualmente el déficit habitacional es una de las principales preocupaciones, atento a que en el proceso de desregulación impuesto por el gobierno nacional se ha eliminado una secretaría fundamental para llevar adelante programas de viviendas. Ese tipo de decisiones, de las que no pueden participar las provincias, dificultan resolver las cuestiones que se vinculan con las necesidades sociales, que están identificadas y ponderadas con precisión. 

El análisis del último censo nacional mostró que en la última década hubo un importante crecimiento de unidades habitacionales. Según un trabajo del Centro de Estudios Económicos Urbanos, que se elaboró en base a los datos relevados por el Indec, Salta fue la provincia que mayor promedio anual de incorporación de viviendas particulares ha tenido en el período intercensal. Casi 170 mil nuevas viviendas representaron un crecimiento del 51%, especialmente como producto de los desarrollos inmobiliarios y la línea de construcción del programa Procrear. Pese a ello, el número de familias inquilinas supera esos guarismos.

El esfuerzo de los emprendimientos privados se sostiene pero el retiro del Estado nacional de cualquier tipo de iniciativa de esta naturaleza está llevando a que se pierdan las expectativas de llegar a la casa propia, no solo de las familias con niveles de ingresos medios y bajos sino inclusive para sectores con ingresos medios altos. Frente a ese panorama, el gobierno provincial -puesto a tomar decisiones urgentes, como la reactivación de la construcción de unas 2 mil viviendas- puso en marcha un plan de ahorro previo, de difícil acceso porque también va decayendo el nivel de ingresos de la población.

La situación es muy compleja dado que a la falta de fondos para el desarrollo de planes de viviendas sociales que se canalizaban a través del Instituto de la Vivienda, se suman otras dificultades. Por ejemplo, no hay terrenos para dotarlos de servicios y dejar que las familias resuelvan la construcción de su casa según sus posibilidades. También se ha requerido  desde la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta la actualización de los códigos urbanísticos y mejoras en la tramitación de los proyectos de urbanizaciones.

El Consejo Económico Social quedó a cargo de una enorme tarea pero es el escenario propicio porque en su seno hay una representación que permitirá la definición de acciones de articulación público privada. Todo indica que ese es el camino.

Salta, 25 de febrero de 2025