Un fiscal pide frenar la destrucción de los archivos de la Armada

El traslado del Archivo General de la Armada (AGA) encendió las alarmas entre quienes intervienen en las causas de lesa humanidad. Este jueves, el fiscal general Miguel Palazzani pidió que la justicia federal de Bahía Blanca frene la mudanza y la consiguiente destrucción de documentación que fue autorizada por los altos mandos de la Marina.

El AGA está ubicado en Bolívar 1622 y tiene alrededor de 8 kilómetros lineales de documentación. No solo hay papeles vinculados a la actuación de la fuerza, sino también documentos producidos, por ejemplo, por el Hospital Naval.

De acuerdo con lo que se  pudo reconstruir, la jefatura de la Armada, a través de un mensaje naval reservado, dispuso la mudanza del AGA a lo que se conoce como Garage Central, ubicado en la zona de Retiro.

En una nota enviada el 9 de enero, el capitán de navío Jorge Javier Raimondo, de la Secretaría General de la Armada, informaba que ese día se iniciaría la “depuración/selección” de la documentación y que, a partir del 10 de febrero, se efectuaría el traslado del mobiliario y los archivos vigentes. El resto quedaría para ser digitalizado o triturado.

Desde Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA) difundieron un comunicado en el que alertaban sobre la orden de eliminar documentación. “Es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”, advirtieron.

Con esos elementos, Palazzani y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento presentaron este jueves un pedido para que el juez Walter López da Silva dicte una medida cautelar de no innovar. Ambos funcionarios señalaron que el traslado y la autorización para destruir información constituyen una violación flagrante a los derechos y garantías consagrados en la Constitución nacional, las leyes y los tratados internacionales.

Además, señalaron que la documentación almacenada en el AGA es de utilidad para las investigaciones en trámite en todo el país y su desaparición podría poner en riesgo la posibilidad de iniciar nuevas causas judiciales. “Corresponde a esta fiscalía y, por consiguiente a este magistrado, velar por la debida conservación de dicho material probatorio”, señalaron.

Palazzani y Fermento invocaron la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y pronunciamientos de la Cámara Federal de Casación Penal, en particular de Alejandro Slokar, que es quien coordina la Comisión de Crímenes Contra la Humanidad de ese tribunal.

Recordaron, además, que el relator de Naciones Unidas Fabián Salvioli en un informe señaló que la conservación de registros y sitios históricos debe guiarse por la transparencia. “Colisiona de lleno con el carácter reservado del Mensaje Naval al que alude la nota acompañada en copia, en los que se habilita el traslado y la destrucción del acervo que refiere a la actuación de una de las fuerzas armadas en pleno terrorismo de Estado”, remarcaron.

En la presentación, la fiscalía recordó que en Bahía Blanca hubo un intento por parte de la Prefectura Naval Argentina (PNA) de destruir archivos de inteligencia. “Solo pudo evitarse a través de la pronta intervención de la justicia y la adopción de medidas de preservación como las que aquí se solicitan”, puntualizaron.

El martes, el abogado querellante Pablo Llonto hizo una presentación similar en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En las últimas horas se sumó una petición de la abogada Flavia Fernández Brozzi en representación de la querella Kaos.

Según pudo saber este diario, la jueza María Eugenia Capuchetti –que está a cargo del Juzgado Federal 12 durante esta parte del receso de verano– habilitó la feria, lo que implica un reconocimiento de la gravedad de la situación. La magistrada les pidió a la fiscalía y a las querellas que se pronuncien acerca del temperamento a adoptar.

Por los plazos, todo indicaría que el tema quedará para resolverse la semana próxima. Para entonces ya debería estar de regreso Ariel Lijo, el juez que espera que el Senado trate en febrero su pliego para incorporarse a la Corte Suprema.  Hace dos semanas fue Lijo quien le dijo al gobierno de Javier Milei que los sitios de memoria, que vienen siendo sacudidos por los despidos de sus trabajadores, deben permanecer abiertos y en funcionamiento.

Página12