Christian Brückner, condenado por violación en Portugal, completó su pena de siete años y medio y queda libre mientras el caso de Maddie sigue sin resolverse.
Costa Rica: piden seis años de cárcel para mujeres que aborten
El proyecto de ley anunciado por el gobierno pretende aumentar la pena de cárcel para la mujer que causa o consienta su aborto y ubicarla entre los cuatro y seis años.
El Mundo30/01/2025
El gobierno de Costa Rica anunció el miércoles que presentará al Congreso una iniciativa de ley para castigar con hasta seis años de cárcel a las mujeres que aborten y hasta 12 años a quienes practiquen el aborto sin consentimiento de la mujer.
"Defender la vida de los costarricenses que todavía no han nacido es una obligación del Estado. El aborto no es una cosa más que un asesinato y por eso las penas tienen que endurecerse", declaró la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, en la conferencia de prensa semanal del gobierno.
En Costa Rica el único aborto legal es el terapéutico. Si una mujer causa o consiente su aborto hay penas de cárcel de entre uno y tres años de prisión para la mujer.
El proyecto de ley anunciado este miércoles por el gobierno pretende aumentar la pena de cárcel para la mujer que causa o consienta su aborto y ubicarla entre los cuatro y seis años.
Para quienes causen un aborto sin consentimiento de la mujer en la actualidad el castigo es de entre tres y diez años de prisión, lo cual, con el proyecto de ley pasaría a una pena de entre seis y doce años.
Si alguien practica un aborto con consentimiento de la mujer, la iniciativa de ley propone un castigo de entre cuatro y seis años de cárcel, que en la ley vigente es de uno a tres años.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, calificó este tema como "difícil desde lo filosófico y lo moral" y comparó el cuerpo de una mujer que aborta con un avión del que lanzan al vacío a una persona.
En Costa Rica el aborto terapéutico es legal desde 1970, pero no fue hasta diciembre de 2019 que el entonces presidente Carlos Alvarado firmó una norma técnica por decreto, que sirve como una guía para que el personal médico valore los casos en los que se pueden aplicar la interrupción del embarazo.
Con información de efe, Semario Universidad
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