El Gobierno se reúne con los gremios para solucionar el conflicto con Aerolíneas Argentinas

La tensión entre los gremios aeronáuticos y el Gobierno nacional escaló nuevamente la semana pasada, que estuvo marcada por paros salvajes y la advertencia de cerrar Aerolíneas Argentinas. En este contexto, ambas partes se reunirán hoy, con el objetivo de acercar posturas y evitar otras medidas de fuerzas.

El conflicto se reanudó cuando se realizaron asambleas imprevistas que afectaron el normal funcionamiento del Aeroparque y del Aeropuerto de Ezeiza, dejando a pasajeros atrapados por horas en los aviones. En consecuencia, el Ejecutivo despidió a 15 empleados de Intercargo y desregularon el servicio de rampa en todos los aeropuertos.

El Gobierno exigió a los gremios aeronáuticos un programa que garantice la operación de la empresa estatal sin conflictos laborales. De no cumplir con esta solicitud, el Poder Ejecutivo advirtió que solicitará que la empresa ingrese en un Plan Preventivo de Crisis o la cerrará definitivamente. La fecha límite era el viernes, cuando los sindicatos se sentaron a negociar e iniciaron un diálogo con representantes de Aerolíneas en Aeroparque para tratar la cuestión salarial.

Durante ese encuentro, mostraron “predisposición” a avanzar en un posible aumento. Esta primera reunión, sin la presencia de los secretarios generales, abrió una tregua temporal sin medidas de fuerza a la espera de avances.

Las negociaciones continuarán hoy, puesto que está previsto que funcionarios del Ejecutivo reciban a los representantes de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que días atrás rechazaron la propuesta de la empresa estatal.

El Gobierno oficializó la desregulación del servicio de correo postal

Como valoración del encuentro del viernes, Mateo Ferrería, secretario Gremial de APLA en representación de Pablo Biró, calificó de “positiva” la última reunión y confirmó que, durante las conversaciones, el sindicato ha decidido suspender sus medidas de fuerza.

Por otro lado, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, señaló a Radio Mitre que el Gobierno tomará medidas “para que los pasajeros no sean rehenes” si el gremio incumple con su compromiso de mantener la tregua. Según Cordero, es fundamental negociar, sin presiones, con el compromiso de ambas partes de evitar acciones conflictivas mientras continúan las conversaciones.

“Nosotros verdaderamente esperamos que ya se empiece a establecer este periodo de negociación, donde una de las condiciones especiales para este período que están puestas sobre la mesa es que no existan medidas de fuerza. Esto es claro. Yo no puedo estar negociando con medidas de fuerza de uno de los negociadores, es como si yo te dijera ‘bueno, ok, te voy a despedir personas y ahora me siento en mi negocio, te hice un montón de despidos, te investigo, no despidos justificados, sino despido porque quiero y entonces me siento a negociar’. O sea, de la misma manera, uno espera que no haya medidas de fuerza del otro lado, pero si eso no sucede, se tomarán todas las recaudas que haya que tomar”, señaló.

En medio de estas tensiones, los sindicatos insisten en que las reuniones se centran exclusivamente en el reclamo de un ajuste salarial, argumentando que los sueldos presentan un atraso del 86% respecto a diciembre de 2022. Según Franco Mogetta, secretario de Transporte, el Gobierno está decidido a finalizar el financiamiento estatal que ha costado 8 mil millones de dólares durante el kirchnerismo. Mogetta añadió: “Si no se da la privatización, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa, y si no la aceptan, se cerrará”.

En paralelo, el Poder Ejecutivo busca llevar a la Corte Suprema de Justicia un fallo que favoreció a APLA, con el objetivo de revocar una medida cautelar que suspendió por tres meses los decretos 825 y 831. Estas normativas, emitidas en septiembre, establecieron al sistema de aeronavegación civil como servicio esencial, exigiendo a los gremios informar de las huelgas con cinco días de anticipación y asegurar un mínimo del 50% del servicio en caso de paro. El juez laboral Ricardo Hierrezuelo dictó la cautelar argumentando que el derecho de huelga está protegido en el artículo 14 bis de la Constitución y en tratados internacionales como el convenio de 1987 con la OIT.