Ivana Chañi
El miércoles pasado se abrió un nuevo capítulo sobre la actuación del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, para dar respuesta a las protestas sociales. En las últimas horas la jueza Servini de Cubría dispuso la liberación de 11 de los 16 detenidos tras la represión, todos ellos por falta de mérito ya que no hubo elementos que respaldan la responsabilidad en los hechos delictivos.
Para conocer la mirada de los Derechos Humanos sobre el hecho puntual de la semana pasada, en "Pasaron Cosas" con la conducción de Fedra Aimetta, el presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, Rodrigo Solá sostuvo que fue una “sobreactuación” del Gobierno libertario y respaldó el fallo de la jueza al afirmar que las detenciones fueron al “voleo y se levantó a cualquier persona en el contexto de esas movilizaciones”.
Solá planteó que las acciones de la cartera conducida por Bullrich y la acusación por terrorismo contra los manifestantes se “busca usar el derecho penal para criminalizar un acto que es el ejercicio de un derecho”.
Finalmente, Rodrigo Solá, aseguró que el efecto de las detenciones y los procesamientos no solo pesa sobre los manifestantes, sino que “disuade a la sociedad a expresar sus opiniones públicamente”, cerró.
