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La demora no desanimó a los cinco gobernadores que constituyeron la Mesa Interprovincial del Cobre Argentino y expresaron un fuerte respaldo al RIGI, que es uno de los principales capítulos de esa norma.

La integración de la alianza entre Salta, San Juan, Jujuy, Catamarca y Mendoza es una expresión ampliada de la que se integró en febrero pasado en Bruselas, Bélgica, en el marco de una Misión Comercial Argentina en la Unión Europea. El propósito es el mismo y al referirse al acuerdo logrado esta vez en territorio nacional, Gustavo Sáenz lo calificó como “un hecho histórico” y “un ejemplo concreto de cómo el federalismo puede impulsar el progreso y la cooperación para promover y garantizar las oportunidades y el crecimiento económico”. Esta mesa replica a la del Litio, cuya presidencia tiene el mandatario salteño hasta 2025.

La función principal será la de coordinar políticas públicas para el desarrollo económico y social derivado de la investigación, extracción, producción, industrialización y comercialización del cobre.  Tal es lo que señala el acta constitutiva suscripta por los gobernadores de los estados que albergan actualmente los proyectos de cobre más avanzados de Argentina.

Opiniones especializadas han calificado a la Mesa como clave, teniendo en cuenta que la Argentina no produce cobre desde 2018, cuando la mina La Alumbrera terminó su actividad en Catamarca. Sin embargo, las cinco provincias tienen una cartera de proyectos que permitirá al país posicionarse entre los principales productores del mundo. Ello justifica el apoyo de estos gobernadores -de distinta extracción política- a la propuesta del gobierno de La Libertad Avanza de crear el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, incluido en la Ley Bases, que no ha logrado el consenso necesario en el Senado y genera resistencia en distintos sectores sociales. Es que está dirigido a actividades extractivas como mega minería, agronegocios e hidrocarburos y beneficiará a fondos de inversiones superiores a 200 millones de dólares.

A propósito de este acuerdo, se ha destacado en Salta el proyecto de cobre y molibdeno de Taca Taca, catalogado como una mina de clase mundial que prevé una inversión superior a los 3.500 millones de dólares que, según el gobierno local, tiene el potencial de concurrir a cambiar significativamente la matriz productiva y convertir a la minería en la principal actividad económica, generando exportaciones por unos 2.000 millones de dólares anuales y alrededor de 9.000 empleos directos e indirectos.

Al margen de estas enunciaciones, hay un interés político que alienta a sumar esfuerzos frente a un gobierno central encerrado en sus propios objetivos. “No podemos seguir esperando. Hay proyectos que tienen más de 50 años y aún sin avance. Es ahora cuando el país y las provincias los necesitan; es ahora cuando el mundo lo demanda”, advirtió el gobernador salteño que -al parecer- se convenció que individualmente las gestiones no logran resultados.  La misma convicción tienen sus pares y ello llevó a que el mandatario sanjuanino Marcelo Orrego, que fue anfitrión del encuentro, haya enfatizado en que la Mesa del Cobre “es un hecho político extraordinario”. 

Son distintos planos de la misma realidad por lo que cuando se insiste en dar herramientas al presidente Milei, también las provincias pretenden las propias y la sociedad, con datos negativos de la situación económica y social, aguarda que esta vez se usen a su favor.

Salta, 23 de mayo de 2024