Llamado

La situación se viene advirtiendo desde que se dispuso prorrogar el presupuesto nacional sin tomar las previsiones necesarias en una economía que tiene a la inflación como uno de sus grandes problemas y frente a una política centrada en el equilibrio fiscal. Desde la apertura del año académico, el sector docente comenzó a alertar sobre el riesgo en materia salarial y para las actividades propias de las casas de estudios, que demandan recursos.

Las autoridades fueron acompañando los temores y con datos precisos sobre la actual situación y sus proyecciones, los rectores de más de 70 universidades se reunieron en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional. En su nonagésima primera asamblea resolvió liderar una protesta en defensa del sistema universitario público argentino, que se manifestará el 23 de abril con una marcha nacional.

El relevamiento que se efectuó en ese encuentro no dejó dudas respecto de la crisis que se está profundizando, que es de carácter presupuestario y exige una "urgente respuesta por parte de los poderes del Estado Nacional", según consigna el documento que se aprobó en la reunión de rectores. 

En el debate se destacó la pérdida de poder adquisitivo, la suspensión de obras de infraestructura que estaban en ejecución, la paralización de los sistemas de becas y se incluyó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente como datos de una situación que no solo tienen un problema de carácter financiero sino un trasfondo político que genera preocupación. Se trata de la contradictoria visión que el gobierno de La Libertad Avanza tiene sobre el Estado, dentro del que están inmersas las universidades de declarado desprecio por la actividad pública.

Dada la naturaleza de la universidad, desde esas instituciones se debiera estar dando respuestas a las exigencias de los nuevos tiempos, que se van definiendo con la inteligencia artificial e imponen diferentes condiciones para el mundo del trabajo; esto es, obliga a transformar la educación superior. Lamentablemente, sus conductores de estas instituciones deben ocuparse de cuestiones menos elevadas. Deben resolver el pago de facturas de servicios, del costo del funcionamiento de las universidades, sea sueldo, equipamiento, viáticos o combustible.  

Y hay razones para ello si se tiene en cuenta que la Universidad Nacional de Salta tiene un costo de 50 millones de pesos en energía eléctrica y los recursos que gira el Ejecutivo Nacional sólo alcanzan para el pago de haberes. Con estas limitaciones, sus autoridades reconocieron que no hay forma de planificar ni de hacer ninguna proyección de carácter académico y científico, que son las finalidades de una universidad.

El llamado que está formulando el Consejo Interuniversitario Nacional se dirige a la sociedad en general en orden a defender la educación pública si lo que ansía es resolver sus problemas estructurales. A ello concurre la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología, que demandan una adecuada asignación presupuestaria. Es lo que se debe lograr entre todos.

Salta, 11 de abril de 2024