Está en pleno desarrollo uno de los debates políticos más esperados porque marca el inicio de un nuevo ordenamiento ajustado a propuestas del gobierno nacional libertario.
Opinión29/04/2024
La participación de los sectores políticos con representación parlamentaria y de los gobernadores de provincias ha sido amplia y reconoce poco antecedentes, lo que da cuenta de la trascendencia de una ley cuyo destino aún es incierto.
La Cámara de Diputados de la Nación realiza un segundo intento por sancionar la llamada Ley de Bases, que es un punto de partida para reformas que se pretende sean estructurales y reviertan una situación de emergencia, que se va a declarar con esa norma. Tras cuatro meses de análisis, en distintas circunstancias y niveles, hay un clima de confianza en el oficialismo respecto de la primera sanción positiva y expectativa en los bloques que trabajaron para lograr una versión que atienda las pretensiones de la mayoría.
A ese fin concurrió el trabajo de los mandatarios provinciales que participaron con su opinión y el compromiso de asegurar el apoyo político necesario, en la medida que las disposiciones de la ley en trámite no confronten con los intereses de sus estados. No solo se gestionó la preservación de su participación en la distribución de recursos sino que se aseguró que se avance en estructuras que los favorezcan.
De allí que se observó al gobernador Gustavo Sáenz como un activo actor de encuentros para sumar voluntades. Al margen de la recuperación de Fondos Fiduciarios para fortalecer los ingresos y la ejecución de obras y programas, fue un fuerte defensor de la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que está prevista en el proyecto en tratamiento.
La iniciativa prevé diversos incentivos, ofrece certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos a su amparo para las grandes inversiones que se declaren de interés nacional, que resulten útiles y conducentes para la prosperidad del país. En esa categoría se incluirán, si efectivamente la creación del RIGI se concreta, las inversiones que en Salta se desarrollarían en torno de una actividad en franca expansión, como es la minería.
De allí el interés expuesto por el mandatario provincial, a sabiendas que promoverá emprendimientos nacionales y extranjeros que seguramente calificarán por distintos requisitos que se establecerán por la ley y su reglamentación. Habría un piso de 200 millones de dólares para acceder a un abanico de garantías y de incentivos impositivos y tributarios, en condiciones de previsibilidad y estabilidad.
Estos beneficios generaron inquietud en el sector empresario nacional por considerar que margina a buena parte de inversores locales. Este planteo fue canalizado a través de la Unión Industrial Argentina, cuya conducción mantuvo encuentros con representantes del Poder Legislativo, para advertir sobre la postergación que se observa respecto de incentivos para dinamizar la inversión productiva de proveedores locales y de empresas nacionales.
Sumaron a la discusión legislativa la propuesta de creación de un RIGI para PyMES industriales. Son horas condicionantes para el tiempo político que se intenta construir. Se observa que la atención no sólo está puesta en objetivos puntuales sino en el destino de instituciones cruciales para la vida democrática. Porque son ellas las que determinan el destino de todos.
Salta, 29 de abril de 2024
Cierra otra semana en la que el protagonismo de los gobernadores fue un dato excluyente. El Ejecutivo nacional trata de alcanzar acuerdos por las reformas que propone y, en general, los gobernadores muestran predisposición a negociar, entendiendo que todavía están lejos de ver cubiertas sus demandas.
El fenómeno del “borocotismo”, nacido como una rareza política en 2005, se volvió parte del paisaje habitual de la dirigencia argentina.
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó en definitiva la Ley de Ministerios enviada por el gobernador. “Dota al Ejecutivo de la agilidad necesaria para gobernar en los tiempos actuales”, destacaron.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.