Entre la necesidad de transparentar el uso de ingentes recursos y el abandono de tareas sensibles por parte del Estado, se ubica la decisión de cerrar el INADI. El gobierno asegura que no se abandonará la lucha contra la discriminación, pero esencialmente se encarará desde la educación.
Opinión23/02/2024
Se discrimina a una persona cuando no puede, se le dificulta, se lo limita o se le reduce la posibilidad de ejercer un derecho por determinadas cuestiones. Ellas son raza, religión, nacionalidad, forma de pensar, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social y características físicas. Luego de dos atentados contra entidades judías, que dejaron más de un centenar de muertos en Buenos Aires, se creó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Era 1995 y gobernaba Carlos Menem, quien lo propuso como organismo de aplicación de la ley 23.592 de Actos Discriminatorios, sancionada en 1988, en el gobierno de Raúl Alfonsín .
Debía elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsar y llevar a cabo políticas públicas federales y transversales, orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria. A casi 30 años de su creación el INADI recibe en sus 43 delegaciones en todo el país denuncias por discriminación, brinda asesoramiento a las víctimas y monitorea situaciones donde el sexismo, racismo, la discriminación al colectivo LGBT y la xenofobia puedan afectar la vida de las personas.
La expansión territorial es una de las virtudes que se destaca de este organismo, dado que las personas que atraviesan un problema de discriminación recurren a sus oficinas esperando una resolución rápida, lo que es posible merced a la cercanía. Las denuncias, que alcanzan a casi 3 mil por año en el país, han permitido elaborar el Mapa de la Discriminación, del que surge como mayor preocupación de la población la discriminación por aspecto físico y también la pobreza. Hay un crecimiento en la sensación de la discriminación en el país, a la que se considera una vulneración de derechos. También se ha verificado un alto conocimiento del INADI, lo que lleva a que se coloque al Estado como el primer garante de la no discriminación.
Del anuncio del cierre del INADI se desprende que por encima de ese tipo de consideraciones prevalece uno de los ideales del presidente Javier Milei, que es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos, según dijo su vocero. Al anunciar el cierre del INADI, Manuel Adornis señaló que se están dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o son simplemente lugares para generar empleo militante.
No hubo ninguna referencia en el anuncio oficial a la problemática que analiza y resuelve el organismo vinculado a los derechos humanos, excepto el compromiso de parte del Ministro de Justicia de la Nación, de hacerse cargo de esa tarea. Si un originario del norte no recibe atención sanitaria por su condición de tal -que ocurre como se comprueba con casos resueltos en Salta- deberá denunciar en Buenos Aires y confiar en la eficiencia del actual equipo de gobierno para su resolución en tiempo y forma.
Hace falta transparencia en el manejo de recursos públicos y sustraer a la administración del uso espurio que suelen realizar grupos cercanos al poder. Pero también deben tratarse con respeto y consideración las tragedias que genera el trato deshumanizado de situaciones cotidianas de discriminación y violencia.
Salta, 23 de febrero de 2024
La última semana de enero está confirmando que la temporada turística en la provincia no colma las expectativas de los sectores vinculados a una actividad que los salteños aprecian por el impacto que tiene en una economía débil. Los datos referidos a la primera quincena no son positivos y las proyecciones tampoco lo son.
A días que se inicie el período extraordinario de sesiones, que se extenderá durante febrero en el Congreso, legisladores nacionales han requerido la presencia del canciller para que de explicaciones respecto de la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz, creado por el presidente Donald Trump. Es una de las 20 naciones que aceptó sumarse a la polémica iniciativa.
A medida que se acerca febrero, se intensifican las negociaciones en el ámbito parlamentario. Desde la oposición se han cuestionado las limitaciones de la agenda de temas a tratar en extraordinarias mientras el oficialismo intenta resguardar las principales iniciativas que debe analizar el Congreso.
En pleno verano argentino, un suceso anual en el hemisferio norte concentra la atención pública, especialmente de la dirigencia política, económica y social. Se trata del Foro Económico Mundial, que se realiza en la ciudad suiza de Davos, en el que ha disertado el presidente Javier Milei.
Con el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en febrero en la mano, el ministro Diego Santilli, mantuvo este lunes en Salta un encuentro con el gobernador. También se reunió con los principales referentes provinciales del partido gobernante a nivel nacional. Son las misiones que lo llevan por todo el país.
La Provincia ya tiene el aval de la Nación para el crédito que FONPLATA le otorgará para avanzar en el Corredor Bioceánico Eje Capricornio. La confirmación está contenida en el Decreto 22, que se publicó en el Boletín Oficial de la Nación, días previos a la llegada del Ministro del Interior, que vino a negociar el apoyo de Salta a la reforma laboral.
La administración de Daniel Noboa anunció la implementación de una tasa de seguridad del 30% a todos los productos provenientes de Colombia, medida que entrará en vigencia el próximo 1 de febrero.
Los trabajos se extenderán del 26 de enero al 1 de febrero en Capital y Valle de Lerma, en el marco del Plan de Inversión 2026 de EDESA.
El conglomerado indio Welspun se adjudicó la provisión de caños para la construcción de un gasoducto de 500 kilómetros en Vaca Muerta, superando la propuesta del grupo Techint.
El pago alcanzará a la totalidad de los empleados de la administración pública provincial, incluyendo salud, seguridad, educación y el resto de los organismos estatales.
Los Entes Reguladores de las tres provincias avanzan con una nueva presentación judicial y advierten por la falta de inversión en líneas de alta tensión.