Entre la necesidad de transparentar el uso de ingentes recursos y el abandono de tareas sensibles por parte del Estado, se ubica la decisión de cerrar el INADI. El gobierno asegura que no se abandonará la lucha contra la discriminación, pero esencialmente se encarará desde la educación.
Opinión23/02/2024
Se discrimina a una persona cuando no puede, se le dificulta, se lo limita o se le reduce la posibilidad de ejercer un derecho por determinadas cuestiones. Ellas son raza, religión, nacionalidad, forma de pensar, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social y características físicas. Luego de dos atentados contra entidades judías, que dejaron más de un centenar de muertos en Buenos Aires, se creó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Era 1995 y gobernaba Carlos Menem, quien lo propuso como organismo de aplicación de la ley 23.592 de Actos Discriminatorios, sancionada en 1988, en el gobierno de Raúl Alfonsín .
Debía elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsar y llevar a cabo políticas públicas federales y transversales, orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria. A casi 30 años de su creación el INADI recibe en sus 43 delegaciones en todo el país denuncias por discriminación, brinda asesoramiento a las víctimas y monitorea situaciones donde el sexismo, racismo, la discriminación al colectivo LGBT y la xenofobia puedan afectar la vida de las personas.
La expansión territorial es una de las virtudes que se destaca de este organismo, dado que las personas que atraviesan un problema de discriminación recurren a sus oficinas esperando una resolución rápida, lo que es posible merced a la cercanía. Las denuncias, que alcanzan a casi 3 mil por año en el país, han permitido elaborar el Mapa de la Discriminación, del que surge como mayor preocupación de la población la discriminación por aspecto físico y también la pobreza. Hay un crecimiento en la sensación de la discriminación en el país, a la que se considera una vulneración de derechos. También se ha verificado un alto conocimiento del INADI, lo que lleva a que se coloque al Estado como el primer garante de la no discriminación.
Del anuncio del cierre del INADI se desprende que por encima de ese tipo de consideraciones prevalece uno de los ideales del presidente Javier Milei, que es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos, según dijo su vocero. Al anunciar el cierre del INADI, Manuel Adornis señaló que se están dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o son simplemente lugares para generar empleo militante.
No hubo ninguna referencia en el anuncio oficial a la problemática que analiza y resuelve el organismo vinculado a los derechos humanos, excepto el compromiso de parte del Ministro de Justicia de la Nación, de hacerse cargo de esa tarea. Si un originario del norte no recibe atención sanitaria por su condición de tal -que ocurre como se comprueba con casos resueltos en Salta- deberá denunciar en Buenos Aires y confiar en la eficiencia del actual equipo de gobierno para su resolución en tiempo y forma.
Hace falta transparencia en el manejo de recursos públicos y sustraer a la administración del uso espurio que suelen realizar grupos cercanos al poder. Pero también deben tratarse con respeto y consideración las tragedias que genera el trato deshumanizado de situaciones cotidianas de discriminación y violencia.
Salta, 23 de febrero de 2024
Según el INDEC, la economía argentina muestra señales de recuperación; su último registro da cuenta del séptimo mes consecutivo con cifras positivas respecto de 2024. Sin embargo, amplias franjas de actividades dan cuenta de una situación de crisis sin un horizonte claro de crecimiento.
Las mujeres sabemos, por experiencia, lo que cuesta hacerse escuchar. Y por eso mismo, no podemos ni debemos quedarnos calladas cuando lo que está en juego es el derecho de toda una sociedad a estar informada. En un tiempo de transformaciones aceleradas y tensiones crecientes, el valor de la palabra y la responsabilidad de quien la ejerce —ya sea desde el periodismo o desde la política— adquieren una dimensión aún más crucial.
Atravesada la mitad del año, la agenda de los gobernadores se va intensificando. Las dificultades financieras se están acumulando y necesitan respuestas a los reclamos presentados al gobierno nacional.
La semana pasada los gobernadores de todas las provincias argentinas propusieron un proyecto de ley planteando la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos para posibilitar que la Nación y las provincias destinen esos fondos de acuerdo a las prioridades de cada una.
Un fuerte clima de tensión política se está instalando en el país a medida que se acerca el último acto electoral del año. La renovación parcial del Congreso anima mensajes y movimientos que apuntan, según los casos, a sostener o mejorar la posición en ambas cámaras.
Muy activo se muestra el Ejecutivo Municipal capitalino interviniendo en la promoción de la actividad económica. Hay datos que justifican ampliamente el esfuerzo fiscal en este tiempo de crisis social.
El Gobernador estuvo presente y acompañó a más de 300 feriantes que llegaron desde más de 30 municipios de la provincia.
La asamblea extraordinaria de SiTEPSa ratificó su pedido, quedó en sesión permanente y supeditó la vuelta a clases tras el receso a un acuerdo salarial.
La Municipalidad lanzará un concurso para transformar la Terminal de Ómnibus en un polo comercial, con fuerte inversión privada desde 2026.
La medida rige para toda la provincia y se debe a las intensas nevadas, temperaturas extremas y problemas de transitabilidad en las rutas.
La medida responde a la necesidad de priorizar el abastecimiento de gas a los hogares ante la creciente demanda por la ola polar. Se estima normalizar el servicio en la medianoche.