Entre la necesidad de transparentar el uso de ingentes recursos y el abandono de tareas sensibles por parte del Estado, se ubica la decisión de cerrar el INADI. El gobierno asegura que no se abandonará la lucha contra la discriminación, pero esencialmente se encarará desde la educación.
Opinión23/02/2024
Se discrimina a una persona cuando no puede, se le dificulta, se lo limita o se le reduce la posibilidad de ejercer un derecho por determinadas cuestiones. Ellas son raza, religión, nacionalidad, forma de pensar, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social y características físicas. Luego de dos atentados contra entidades judías, que dejaron más de un centenar de muertos en Buenos Aires, se creó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Era 1995 y gobernaba Carlos Menem, quien lo propuso como organismo de aplicación de la ley 23.592 de Actos Discriminatorios, sancionada en 1988, en el gobierno de Raúl Alfonsín .
Debía elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsar y llevar a cabo políticas públicas federales y transversales, orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria. A casi 30 años de su creación el INADI recibe en sus 43 delegaciones en todo el país denuncias por discriminación, brinda asesoramiento a las víctimas y monitorea situaciones donde el sexismo, racismo, la discriminación al colectivo LGBT y la xenofobia puedan afectar la vida de las personas.
La expansión territorial es una de las virtudes que se destaca de este organismo, dado que las personas que atraviesan un problema de discriminación recurren a sus oficinas esperando una resolución rápida, lo que es posible merced a la cercanía. Las denuncias, que alcanzan a casi 3 mil por año en el país, han permitido elaborar el Mapa de la Discriminación, del que surge como mayor preocupación de la población la discriminación por aspecto físico y también la pobreza. Hay un crecimiento en la sensación de la discriminación en el país, a la que se considera una vulneración de derechos. También se ha verificado un alto conocimiento del INADI, lo que lleva a que se coloque al Estado como el primer garante de la no discriminación.
Del anuncio del cierre del INADI se desprende que por encima de ese tipo de consideraciones prevalece uno de los ideales del presidente Javier Milei, que es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos, según dijo su vocero. Al anunciar el cierre del INADI, Manuel Adornis señaló que se están dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o son simplemente lugares para generar empleo militante.
No hubo ninguna referencia en el anuncio oficial a la problemática que analiza y resuelve el organismo vinculado a los derechos humanos, excepto el compromiso de parte del Ministro de Justicia de la Nación, de hacerse cargo de esa tarea. Si un originario del norte no recibe atención sanitaria por su condición de tal -que ocurre como se comprueba con casos resueltos en Salta- deberá denunciar en Buenos Aires y confiar en la eficiencia del actual equipo de gobierno para su resolución en tiempo y forma.
Hace falta transparencia en el manejo de recursos públicos y sustraer a la administración del uso espurio que suelen realizar grupos cercanos al poder. Pero también deben tratarse con respeto y consideración las tragedias que genera el trato deshumanizado de situaciones cotidianas de discriminación y violencia.
Salta, 23 de febrero de 2024
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.