Las víctimas son adolescentes que habían sido captadas en una mina de Potosí para su traslado a Buenos Aires, donde iban a ser explotadas en un taller textil.
Judiciales03/04/2024
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta emitió un fallo contundente el pasado 25 de marzo, condenando a Rosse Mary Aguilar García a una pena de 10 años de prisión por el delito de trata de personas. La sentencia, dictada por la jueza Gabriela Elisa Catalano, también incluyó una indemnización de $2.628.816 pesos para cada una de las tres víctimas involucradas en el caso.
La acusación contra Aguilar García se basó en su participación en una red de trata de personas, agravada por la vulnerabilidad, la cantidad y la minoridad de las víctimas, así como por el número de imputados intervinientes. La modalidad del delito fue identificada como captación y traslado de las víctimas.
Esta condena marca el tercer fallo relacionado con el caso, sumándose a las sentencias previas contra su pareja, Braulio Armella Mamani, y su hija Karla Yoselín Mamani Aguilar. La fiscalía, representada por Paula Gallo y Vanina Pedrana, destacó que la investigación se inició tras un control realizado a un colectivo en el puesto El Naranjo, en Rosario de la Frontera, donde se detectaron irregularidades en la documentación de las pasajeras, entre ellas menores de edad sin la autorización correspondiente de sus padres.
Según los detalles expuestos durante el juicio, Aguilar García fue la responsable de captar a tres adolescentes que trabajaban en una mina en Potosí, Bolivia, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Con la complicidad de su pareja, las trasladaron ilegalmente hasta Buenos Aires, ofreciéndoles trabajo en un taller textil bajo condiciones de explotación laboral.
Las víctimas, en declaraciones por circuito cerrado de televisión, relataron cómo fueron persuadidas por la pareja para aceptar la oferta laboral, que incluía jornadas extenuantes y un pago irrisorio. La fiscalía argumentó que esta situación evidenciaba claramente el fin de explotación laboral.
En el momento de evaluar la pena, la fiscalía solicitó una condena de 10 años de prisión para Aguilar García, pero bajo la modalidad de cumplimiento domiciliario debido a su responsabilidad como única cuidadora de sus hijos menores. Este planteo fue aceptado tanto por la defensa como por la acusada, allanando el camino para la sentencia final.
La jueza Catalano, coincidiendo con los argumentos de la fiscalía, otorgó la indemnización solicitada para las víctimas y ordenó el decomiso de bienes relacionados con el delito, incluyendo un automóvil, $20 mil y materiales textiles secuestrados en un inmueble vinculado a la red de trata, que habían sido secuestrados en un inmueble de Villa Celina, en la provincia de Buenos Aires, que fue desmantelado tras la detención de Armella Mamani.
Además, la Jueza rechazó el pedido de la víctima de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño sufrido y dictaminó que el condenado abone una cifra inferior.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
Si bien fue encontrado culpable de los delitos de daño agravado y crueldad animal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le aplicó una pena de tres años de ejecución condicional.
Un día después de que la legislatura avanzara con la intervención por el escandaloso robo y contrabando de rieles, el Intendente de Morillo irá a juicio por peculado.
Carlos Enzo Cuellar afirmó haber visto a la joven en la gruta de la Difunta Correa pero las líneas telefónicas registraron actividad en otro lugar. Durante la audiencia, se negó a declarar.
El Ministerio Público estableció las fechas y horarios estableciendo turnos y organización para las diferentes áreas judiciales.
Un consultor financiero abordó temas como la inflación, la inversión, consumo y el rol del ahorro.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
La modalidad se denomina qrishing, también conocido como phishing con código QR y es un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su celular.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.
