Haciéndome eco de los planteos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional, organismo en el que participan todas las universidades públicas nacionales, quiero compartir algunas reflexiones acerca de la delicada situación que se vive en las altas casas de estudios a raíz de las decisiones políticas del actual gobierno nacional.
Opinión 01/04/2024 Juan Manuel Urtubey
El presupuesto con el que trabajan las universidades nacionales fue elaborado en Septiembre de 2022, hace más de un año y medio. La inflación acumulada desde entonces es del orden del 300 por ciento, como bien señala el titular del consejo al que hice referencia.
Las consecuencias de esto se empiezan a evidenciar de diversas maneras, que van desde recortes en limpieza y seguridad hasta restricción en la cantidad de materias en las que se pueden inscribir los alumnos y la reducción de la oferta académica de grado y pregrado.
Los hospitales que dependen de las universidades sufren en mucho mayor medida esta crisis, sabido es que, en lo que respecta a insumos y gastos de funcionamiento del área de salud, las suba de costos ha sido aún mayor a la inflación a la que hice referencia.
En prácticamente todos los casos, las áreas de investigación, ciencia y tecnología son las más castigadas por políticas de ajuste que se llevan adelante desde el gobierno nacional.
La previsión más optimista de quienes tienen la responsabilidad de administración de estas casas de estudio es llegar hasta mitad de año y la necesidad presupuestaria estimada para todo el año es de casi el triple de lo asignado.
“Cuidemos lo que funciona”, es el lema del petitorio lanzado por la Universidad de Buenos Aires rechazando el ajuste. El espíritu es plantear la necesidad de cuidar algo que funciona, dicen.
Las consecuencias de este tipo de políticas de ajuste indiscriminado, donde lo que habitualmente más se ajusta es la inversión en áreas vitales, puede tener un efecto devastador, toda vez que, en la Argentina, como bien lo plantean, todos los sectores vinculados con el desarrollo productivo incluyen investigación y conocimiento generado en las universidades y el sistema científico.
En el documento “Situación crítica en las universidades públicas”, el Consejo Interuniversitario Nacional, advirtió que de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones educativas.
Frente a esta realidad (sigue el documento), este Consejo sostiene la necesidad de: a) incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme el proceso inflacionario que atravesamos, de manera de garantizar la continuidad de nuestras actividades y el cumplimiento de nuestra misión; b) actualizar los salarios de docentes y nodocentes; c) dar continuidad a los programas universitarios vigentes destinados a inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas; y d) garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión.
A pesar de no estar incluido entre los 10 puntos sobre los que el Gobierno nacional plantea la necesidad de un Pacto Nacional, debemos entender que la Educación debe ser prioridad absoluta y no puede ser variable de ajuste bajo ningún concepto.
Entre la necesidad de transparentar el uso de ingentes recursos y el abandono de tareas sensibles por parte del Estado, se ubica la decisión de cerrar el INADI. El gobierno asegura que no se abandonará la lucha contra la discriminación, pero esencialmente se encarará desde la educación.
A pocos días de iniciado, es complejo el panorama del año lectivo en la Provincia. Al tradicional conflicto de orden salarial que suele insinuarse en la apertura de las clases, en este año concurren cambios de reglas de juego que impactan de lleno en el financiamiento de actividades esenciales.
La Pascua encuentra al país sumido en severos problemas y con señales de incipiente conflictividad social. La intención de la dirigencia gremial de usar medidas de fuerza para expresar la oposición política al gobierno libertario, hoy es la decisión pendiente que demandan distintos grupos sociales. Pero no es la solución.
El Ejecutivo Provincial inició el camino para encarar su propia reforma electoral. Oficialmente se anunció que la iniciativa será sometida a un diálogo con las fuerzas políticas que operan en Salta y uno de los temas de consulta será la imposición de la Boleta Única de Papel.
Avanza la construcción del Pacto de Mayo, un nuevo contrato social que el Presidente de la Nación propuso a gobernadores, expresidentes y líderes de partidos políticos.
Se destacó en Diputados el encarcelamiento de un ex intendente condenado por delitos de corrupción. No es una situación frecuente pese a la cantidad y gravedad de causas similares que en la Justicia se acumulan sin resolución.
El paupérrimo discurso de la diputada libertaria: habló de “stokear diputados” y “tener soluciones mágicas”. También defendió los despidos en el Estado.
Advierten irregularidades en el Procedimiento Preventivo de Crisis que inició el Grupo Horizonte S.A. cuyo mayor accionista es el senador Juan Carlos Romero.
El gremio docente está esperanzado en el compromiso del Gobierno Provincial para discutir el Incentivo Docente.
En general, la iniciativa fue aprobada por 142 afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Tras una ronda de cuestiones de privilegio, los diputados iniciaron la votación en particular.
El Ministerio de Salud Pública trabajará con Fiscalía de Estado en una presentación ante la Corte Suprema por los recortes efectuados por Nación en distintas áreas, para la continuidad de programas y tratamientos como medicamentos de alto costo.