Avanza la construcción del Pacto de Mayo, un nuevo contrato social que el Presidente de la Nación propuso a gobernadores, expresidentes y líderes de partidos políticos.
Opinión05/03/2024
Por ahora es una agenda de reuniones definidas por Javier Milei, que no descarta una reunión previa con los mandatarios provinciales.
La primera de estas reuniones tendrá lugar mañana, cuando el ministro de Economía Luis Caputo reciba a sus pares de todas las provincias para acordar condiciones previas que hagan conducente la convocatoria libertaria. Si bien esa invitación incluye "deponer intereses", como señaló el mandatario en su mensaje a la Asamblea Legislativa del Congreso, se entiende que la firma de un acuerdo demanda por lo menos paridad de condiciones.
Vale recordar que Milei enfatizó en que el objetivo es "dejar atrás las antinomias del fracaso y abrazar ideas de la libertad, con las diez políticas de Estado que el país necesita", a las que enumeró al hablar ante la Asamblea Legislativa el pasado viernes. Pero reconoció que antes de firmar el Pacto de Mayo, sus ministros deben lograr un preacuerdo para sancionar la ley Bases y un paquete fiscal de alivio para las provincias. Esto último es una condición irrenunciable para los estados subnacionales porque necesitan recuperar recursos que el Ejecutivo nacional les sustrajo y aquellos que dejaron de percibir a raíz del impacto en la masa coparticipable de la reforma del Impuesto a las Ganancias.
En febrero pasado, cuando estaba en marcha en el Congreso el debate en torno de la llamada ley ómnibus, el gobierno retiró de su articulado todas las disposiciones de carácter fiscal. Al anunciar la decisión, el titular del Palacio de Hacienda dijo que se evaluarían nuevas medidas, que iban a ser consensuadas con gobernadores y legisladores. La ley Bases no avanzó pero el gobierno va a insistir en sus propuestas, asegurándose el propósito de alcanzar el objetivo de déficit cero no corra ningún riesgo.
Lo ocurrido en el primer bimestre del año muestra la necesidad del consenso porque el superávit informado no es preciso, al punto que el propio Fondo Monetario Internacional reconvino a las autoridades por no sostener la corrección de las cuentas con el apoyo social. Por ahora hubo un fuerte perjuicio a las arcas provinciales, además del incumplir normativa vigente, que el ministro Caputo llamó “decisiones incómodas" .
El impacto negativo fue ponderado por informes especializados que se conocieron en esta primera semana de marzo. Se indica en ellos que las transferencias por coparticipación de impuestos a las provincias se desplomaron un 20% en febrero, porcentaje que equivale a casi 600 mil millones de pesos como consecuencia de la reforma del Impuesto a las Ganancias. Esa baja se suma a la suspensión de las transferencias no automáticas correspondientes especialmente a los giros que se realizaban desde los Fondos Fiduciarios.
Según el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en el acumulado al primer bimestre del año, las transferencias automáticas por coparticipación alcanzaron los 4 billones y medio de pesos, que equivalen a una caída real de más del 15%. Estos valores implican el menor monto real para el primer bimestre de los últimos 9 años.
Salta se ubica en el grupo de provincias que se ubican por encima del promedio nacional de la caída per cápita. Seguramente el dato será presentado ante el Ministro de Economía para reclamar compensaciones.
Este primer encuentro dará señales concretas sobre el destino de las negociaciones del Pacto de Mayo.
Salta, 05 de marzo de 2024
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
La semana pasada hice referencia a uno de los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritario, la flexibilización laboral, llamada por el gobierno y sus aliados como “modernización laboral”
Cierra una semana en la que el protagonismo de los gobernadores tomó cuerpo. Mientras el gobierno nacional mantiene abiertas las puertas de la Casa Rosada al diálogo con los mandatarios provinciales, desde el sector privado también se demandó de ellos definiciones sustanciales para su sostenimiento.
Ingresó a Legislatura el proyecto de ley que reorganiza la estructura del Poder Ejecutivo provincial. Se formaliza la figura de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con rango de ministro. Se fija un máximo de 30 Secretarías de Estado, entre otros puntos.
Una masiva falla en Cloudflare provocó caídas intermitentes en plataformas clave de todo el mundo. El incidente expuso nuevamente la fragilidad de la infraestructura que sostiene a millones de sitios y apps.
El vicepresidente del Círculo Médico, Marcelo Biagini, advirtió que la obra social provincial mantiene atrasos de pago, presiona a profesionales para convertirse en prestadores directos y analiza romper convenios.
La fecha apunta a visibilizar problemáticas masculinas, mejorar las relaciones de género y destacar aportes positivos de los varones.
El médico Edmundo Falú denunció que utilizaron su firma, sello y matrícula para realizar prácticas médicas y facturaciones que él nunca autorizó. Aseguró que jamás trabajó en el IMAC y que la maniobra podría derivar en responsabilidades penales.