El Gobierno congeló el envío de fondos discrecionales a las universidades

El oficialismo escoge cuidadosamente a sus enemigos, los que Javier Milei considera ejemplos de los mensajes que quiere contrarrestar y la cultura contra la que quiere ir. Las universidades y sus “cajas negras”, a las que les hicieron un recorte total de transferencias discrecionales, están en la mira de algunos de los funcionarios más importantes de la Casa Rosada, que no descartan realizar intervenciones. En particular, hay diez casas de altos estudios que están en la mira y a las que amenazaron con analizar su flujo de fondos hacía atrás. Quiere decir que no sólo revisarán las cuentas por venir, sino que sospechan que hubo inusuales movimientos en los meses antes de asumir el gobierno libertario.

Al mismo tiempo, se libró una guerra por los fondos. El total de presupuesto anual vigente para todas las instituciones individualmente suma $717.018 millones, según la información oficial al 8 de marzo, con una ejecución promedio cercana al 40% a esta altura del año. Estas son las partidas de ejecución establecidas para cada universidad. Pero por otro lado, el presupuesto sin discriminar para el conjunto de las universidades es de $638.357 millones. La ejecución en este caso es del 0%. Esto quiere decir que en todo el año no se transfirió ni un peso a las casas de estudio, por fuera de lo establecido para cada una.

Como todo el resto del Estado y sus dependencias, los montos asignados a cada casa de estudios son los prorrogados de 2023. Estos serán actualizados en un 70%, según confirmó el Gobierno. Sin embargo, en los últimos años no se valieron de esos presupuestos fijos para su funcionamiento corriente, sino que negociaron políticamente con la gestión del Frente de Todos para un cuidadoso reparto de fondos sin discriminar, que tiene prácticamente el mismo tamaño que la suma del presupuesto especifico a cada universidad.

Las universidades nacionales son, en su alta mayoría, espacios repartidos entre distintos espacios partidarios. El radicalismo, con Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti a la cabeza, es uno de los que ha conquistado una gran cantidad de instituciones. La Franja Morada y Nuevo Espacio son algunas de las agrupaciones que reciben permanentemente fondos para ganar lugares en el claustro estudiantil, mientras que el docente, no docente y los rectorados, también son asientos de control de la UCR a través de aliados.

Es también uno de los principales blancos del Presidente, que ve en el partido centenario una representación de la vieja casta. La sesión de ayer en el Senado, en la que Lousteau fue el único en votar en contra de postergar el debate sobre el decreto, agrava aún más esa tensión. Patricia Bullrich aseguró, en una entrevista, que el presidente del partido rechazó el DNU justamente por esta cuestión: “Lo digo yo porque es la verdad. Le tocaron la caja y cuatro universidades que no se formaron y ahora el señor Lousteau te vota en contra”.

Ayer hubo un paro nacional en las instituciones de educación superior, que no suelen ponerse de acuerdo. Es llamativo que la Universidad de Buenos Aires haya comunicado la medida desde el Consejo Superior, siendo que cada una de las facultades tiene independencia y, en general, adoptan posturas políticas disimiles. Aseguran que tomaron la decisión por la adhesión masiva de los no docentes, pero eso ocurrió en otras oportunidades sin esta definición por parte de la UBA. Por ejemplo, mientras que la Facultad de Ciencias Sociales o Filosofía son más proclives a medidas de fuerza, las de Derecho o Ingeniería rara vez toman una decisión conjunta, o la libran a criterio de los titulares de cátedra. Esta vez, todos los edificios estuvieron cerrados.

La medida comenzó como una movida gremial, con el Frente Sindical de las Universidades Nacionales (que contiene a Fedun, Fagdut, Conadu, Conadu Histórica, Ctera, UD y Fatun). A diferencia de los docentes de escuelas públicas, los profesores universitarios tienen paritarias nacionales. Fuentes del sindicato calificaron como insuficiente la propuesta de aumento del Gobierno (un 16% en febrero) y las autoridades universitarias sólo apuntan al secretario de Educación, Carlos Torrendell, y a Alejandro Álvarez, subsecretario de políticas universitarias, como los responsables. A los docentes se sumaron, en apoyo, las instituciones en sí.

El aumento de presupuesto confirmado ayer será para todas las instituciones, con excepción de cuatro de las cinco cuestionadas por el Gobierno, que fueron creadas a fines del año pasado en el contexto de la campaña. Las que no recibirán incrementos son las del Delta, Ezeiza, Pilar, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo.

Las universidades se encuentran bajo revisión y, en particular, distintas fuentes indicaron a que la Universidad de Hurlingham, la de Avellaneda, la de Lomas de Zamora, la de San Antonio de Areco y la del Noroeste de Buenos Aires son las principales apuntadas. Se le suman las de San Martín, del Litoral, de Chilecito, la Pedagógica y la Patagonia San Juan Don Bosco. Estas universidades son las que habrían recibido más dinero por fuera de lo presupuestado originalmente.

Todas tienen vínculos políticos muy firmes, algunas con personajes cercanos al peronismo y otras con el “reformismo” radical. En la de Hurlingham, especialmente, hay una atención especial porque fue un ámbito de injerencia directo del exministro de Educación Jaime Perczyk. El exfuncionario está en la mira porque supuestamente derivó fondos sin criterio especifico a la institución en la que era rector en uso de licencia.

Algunas de las diez casas de estudios, al ser consultadas, admitieron una relación muy tensa con el Gobierno y explicaron que no reconocen motivos técnicos para estar en la mira. La de Avellaneda, por caso, comentó que tuvieron una diferencia pero ya presentaron las resoluciones y números solicitados, tras lo que aguardan respuesta. Otras, sin embargo, se sorprendieron por estar en el centro del análisis del ministerio y lo consideraron injusto debido a que han tenido recortes presupuestarios importantes en los últimos años.

La Nación