La remoción de estructuras y prácticas perniciosas en ámbitos de los gobiernos dejan ver anomalías en todos los poderes pero también en diversos sectores sociales y en la conducta de actores importantes. Basta observar algunos hechos sobresalientes de los últimos tiempos. En Salta, para citar uno, impactó el largamente esperado fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto del caso conocido como el de “Las Turistas Francesas”, investigación que se realizó a raíz de haber sido encontradas asesinadas dos jóvenes mujeres de nacionalidad francesa y argelina, respectivamente, en las estribaciones de la Quebrada de San Lorenzo, el 29 de julio de 2011.
El hecho tuvo tantas repercusiones como opiniones divididas y luego de una pesquisa que alcanzó ribetes polémicos, se llegó a una condena, que primero absolvió a uno de los involucrados, Santos Clemente Vera, pero que después fue apresado por orden del Tribunal de Impugnación, por orden de la Sala III integrada por los Dres.Luciano Martini y Rubén Eduardo Arias Nallar. El fallo del Tribunal de Impugnación fue confirmado por la Corte de Justicia local, por aquel entonces con otra composición y finalmente se interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ocasión en la que Vera fue defendido por Manuel Garrido, un abogado de origen radical, representante en Argentina de Innocence Project, una institución internacional que se dedica a defender casos polémicos ante la condena injusta de supuestos inocentes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo en su poder el expediente más de 6 años, no obstante que el Reglamento para la Justicia Nacional exige que, en esos casos -es decir, de causas penales con detenidos- deben tener preferente despacho, lo cual significa que debió haberse pronunciado a los pocos meses de que entrara a su consideración. Recién el 7 de diciembre del año pasado el Tribunal se expidió, aprobó toda la investigación que se había realizado y, sin pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad de Santo Clemente Vera, ordenó que se realice un nuevo juicio en base a las pruebas colectadas en 2011.
A propósito de este pronunciamiento, el diario El Tribuno, dirigido siempre desde la sombra por uno de sus propietarios, el senador nacional Juan Carlos Romero, se apropió del caso y lo trata con la visión sesgada con la que suele presentar algunos hechos; la coherencia parece estar ausente entre la información que suministra y las críticas que conlleva esa información, que lejos de ser objetiva y fidedigna, la vuelve parcial y hasta arbitraria.
Al parecer, el diario tiene el propósito de condicionar y desestabilizar algunos miembros del Poder Judicial como una suerte de pase de factura por episodios anteriores, que comprometen directamente la responsabilidad penal del senador Romero, tal como sucedió en la causa “La Ciénaga”, un hecho nunca esclarecido que implica una defraudación millonaria al Estado provincial por dar un caso. También deja entrever que quienes impulsaron el juicio político para los jueces del Tribunal de Impugnación, tratarían de extenderlo a otros integrantes de la Corte de Justicia de Salta actualmente en funciones y que en su momento o bien confirmaron el fallo o bien tuvieron protagonismo directo con la conducción de los fiscales. Pero se debe mencionar que en el ámbito donde se desarrolla el enjuiciamiento de magistrados, con el impulso del sector legislativo, la acusación contra los jueces de la Sala III se ampliaría por haber sido los garantes de que las causas de Romero estuviesen dormida por una década.
Estas consideraciones ponen en evidencia los privilegios de la casta política que permiten atender el criterio del senador Romero que expone a través de su diario, en orden a que la Justicia debe actuar en causas ajenas y cajonear las propias. En definitiva, un aprovechamiento del momento para tapar o llevar al olvido una gravísima falta cometida en su paso por la gobernación de Salta.
La verdad parcial puede ser tan dañina como la mentira y la utilización de una causa penal con repercusión internacional para disfrazar las culpas propias, tan grave como una defraudación millonaria ejecutada en el ejercicio del poder. La ética variable no se lleva bien con el recto camino que nos exige la democracia y sus instituciones.
Salta, 19 de febrero de 2023
