Comenzó el pago de haberes en la administración pública. Es un hecho ordinario que, sin embargo, tiene un peso político significativo porque en su cumplimiento se refleja la salud financiera del Gobierno Provincial.
Opinión31/01/2024
Efectivamente, la semana pasada se anunció que desde este miércoles queda disponible para sus beneficiarios el llamado incentivo docente. Desde el jueves, primer día del segundo mes del año y hasta el 3, quedará saldado el pago de haberes de febrero a los distintos sectores de la administración centralizada y descentralizada.
No solo se cumple con la efectivización de los salarios sino también se aplican incrementos pactados días pasados, en negociaciones colectivas correspondientes a 2023. Ese hecho, del que fueron protagonistas todos los gremios del sector público, significó el fin de una política salarial que el gobernador Gustavo Sáenz trató de sostener en su primer mandato, que es de disponer los ajustes por inflación.
La continuidad de las paritarias está asegurada desde este mes pero también deberá considerarse el punto de partida que marcó el Ejecutivo. Cualquier negociación deberá ajustarse a la disponibilidad de recursos, atento a que es objetivo sostener el equilibrio fiscal de las cuentas públicas.
Es una meta que demandará un gran esfuerzo, teniendo en cuenta que la actual situación fiscal y financiera nacional está impactando en la provincial. No solo se trata de administrar con la prórroga de un presupuesto aprobado en 2022 para el ejercicio 2023 sino que hubo decisiones adoptadas en el último trimestre del año pasado que se reflejan en menores ingresos.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, con datos del Indec y de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, en enero las provincias perdieron casi 300 mil millones de pesos en ingresos por coparticipación. Es consecuencia de la eliminación de los aportes por Ganancias de la cuarta categoría de trabajadores. La caída de esos ingresos afectó a Salta, en el primer mes del año, de manera severa. Los casi 80 mil millones de pesos que les fueron girados representan una reducción del 12,4% respecto de lo percibido en el mismo mes del año anterior.
Quien ya puso una voz de alerta sobre lo que puede suceder desde febrero fue el presidente del Foro de Intendentes de Salta, Daniel Moreno. Los municipios repiten en su administración la dependencia de fondos coparticipables y de apoyos discrecionales del Ejecutivo Provincial -como la que la provincia tiene con la Nación-, que resiente la autonomía que les reconoce la Constitución. Precisamente, la negociación salarial muestra que los intendentes deben asegurarse una asistencia extraordinaria para evitar la discriminación que denuncian los empleados respecto del trato que reciben en esa materia.
Suman la preocupación por la interrupción de obras, que venían siendo financiadas con recursos nacionales. Una gran incógnita está surgiendo de la negociación del Impuesto PAIS, que concurre al desarrollo de la infraestructura urbana y que puede despejarse con la aprobación de la ley de Bases.
En este escenario, la prudencia, la moderación y la razonabilidad serán virtudes que deberán exigirse a los gobiernos de todos los niveles.
Salta, 31 de febrero de 2024
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.