La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Opinión19/12/2025 Mario Ernesto Peña (h)
Hay algo más peligroso que un mal número: no tener números.
O peor aún, tener solo aquellos que confirman lo que queremos creer.
Las estadísticas oficiales no existen para agradar a los gobiernos ni para acomodarse a discursos circunstanciales. Existen para describir la realidad, aun cuando esa realidad sea incómoda. Sin datos confiables no hay políticas públicas evaluables, no hay comparación en el tiempo y no hay control ciudadano.
Argentina ya atravesó momentos en los que la credibilidad estadística se erosionó. Y sabemos bien cómo termina eso: con desconfianza, pérdida de previsibilidad y un alto costo institucional. Recuperar la confianza en los datos oficiales llevó años.
Esta reflexión surge, en lo personal, después de haber leído una nota publicada por Ladevi, que da cuenta de una comunicación del INDEC a las provincias, informando que, por una decisión de la Secretaría de Turismo de la Nación de no continuar aportando fondos, no se podrían seguir realizando algunas de las tareas de medición estadística que se venían llevando adelante en municipios y provincias del país.
Hay además un punto que no puede pasarse por alto. El sistema estadístico argentino tiene un marco legal claro.
La Ley 17.622 establece que los organismos del Estado están obligados a aportar datos y recursos al INDEC, dentro del Sistema Estadístico Nacional. No se trata de una colaboración voluntaria ni de una decisión discrecional, sino de una obligación establecida por ley.
Pero hay algo todavía más importante: el INDEC es el único organismo que nos asegura a todos que los números tienen seriedad, profesionalismo y que no pueden ser manipulados.
Esa es su mayor ventaja y su principal valor. No mide para un gobierno ni para un sector: mide bajo normas públicas, metodologías profesionales y con controles que garantizan comparabilidad y credibilidad en el tiempo.
Esto no significa que las metodologías no deban revisarse. Las actividades cambian, los hábitos cambian y las herramientas de medición también deben hacerlo. El turismo es un ejemplo evidente. Si hay indicadores que quedaron desactualizados, el camino lógico es sentarse a trabajar con el INDEC, revisar, corregir y mejorar.
Lo que no parece razonable es dejar de medir.
Lo que no parece razonable es desfinanciar la estadística oficial.
Y mucho menos reemplazarla por números producidos fuera del sistema público.
Los estudios privados pueden existir y aportar miradas complementarias. Pero no sustituyen la estadística oficial, que se produce bajo normas comunes, metodologías transparentes y criterios auditables dentro del Sistema Estadístico Nacional.
Este debate, además, no debería limitarse a la Nación. La misma lógica debería replicarse en cada provincia y en cada municipio turístico del país. Sin estadísticas locales serias y comparables no hay planificación posible ni políticas públicas sustentables.
La decisión, entonces, no debería ser quitar aportes, sino sumar esfuerzos: que la Nación ponga, que las provincias aporten y que los municipios también lo hagan.
Más y mejores números, más y mejores datos, son claves para tomar decisiones.
Decisiones estratégicas que permitan construir políticas públicas serias, sostenidas en el tiempo y orientadas a hacer crecer la actividad.
Argentina no necesita menos información. Necesita mejor información. Y para eso necesita instituciones fuertes, no estadísticas a la carta.
Con Marco Lavagna al frente del INDEC hay capacidad técnica, seriedad institucional y vocación de diálogo para revisar y mejorar aquello que sea necesario sin destruir el sistema.
Porque cuando un país empieza a elegir los números que le gustan, deja de discutir la realidad y empieza a discutir relatos.
Y ningún país se desarrolla discutiendo relatos.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
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El propósito de esta columna no es meramente expresar una opinión, sino informar y advertir sobre efectos jurídicos, previsionales y sociales que, de no ser revisados, pueden profundizar desigualdades ya existentes.
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