Quienes promueven esta iniciativa le bajaron el precio a la cuestión, al describirla como un esfuerzo por aclarar conceptos muy generales y fortalecer la protección legal de “aquellas geoformas con una función hídrica relevante y estratégica”. Son los términos que expresó Flavia Royón, senadora nacional que representa al oficialismo provincial en la Cámara alta y que el lunes se reuniera con diputados y senadores de las comisiones de Minería de ambas cámaras.
De profesión ingeniera, se incorporó a una de las primeras comisiones que se integraron en el Senado para dictaminar sobre los temas incluidos en la convocatoria a sesiones extraordinarias, como es la de Minería, Energía y Combustibles, materias que domina desde la función pública. La legisladora nacional se preocupó por aclarar que el proyecto que la presidencia de Javier Miliei giró al Congreso no autoriza la actividad minera sobre glaciares sino que su principal objetivo es llevar adelante su protección con un enfoque que permita una participación más activa de las provincias en la gestión de sus recursos.
En el territorio salteño están inventariados 646 glaciares de los 17 mil que han sido registrados merced a una exhaustivo estudio llevado adelante por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, un organismo dependiente del CONICET con sede en Mendoza. Sus voceros reconocieron que el proceso de inventario fue titánico y polémico y tomó 8 años en completarse.
La propia sanción de la ley actualmente vigente fue compleja al punto que una primera sanción, en 2008, fue vetada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con argumentos similares a los que ahora subyacen bajo las razones que se exponen para reformarla, fracasado el intento de hacerlo a través de la Ley de Bases.
La Argentina, dotada de un extenso territorio y de recursos naturales de alta demanda en el mundo, no tiene resuelta la confrontación entre ambiente y producción. El debate parlamentario de 2010, que permitió la sanción del "Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial" mostró dos visiones que vuelven a tener vigencia en el proceso reformista actual . Una es la productivista, que se adjudica a los gobernadores de las provincias andinas que denuncian que se pretende condenarlas a la pobreza impidiéndoles la explotación de sus recursos naturales. Por la vereda de enfrente transitan quienes señalan el riesgo de afectación de recursos esenciales como el agua, al permitir que -en nombre del desarrollo- se permitan actividades como la minería.
Ese punto fue planteado por la senadora Royón, ex secretaria de Energía de la Nación, quien defiende las modificaciones. Más aún, las exhibe como una posibilidad de realizar minería de manera responsable y compatible con la conservación del ambiente, sin reconocer que no se trata de un cambio técnico menor sino de redefinir qué se protege, quién decide y bajo qué criterios, para lo que se debe abandonar el principio precautorio que sustenta la normativa vigente.
La Corte de Justicia ya tiene un fallo que adjudica a los glaciares y el ambiente periglacial la categoría de bienes de incidencia colectiva y dijo que sobre ellos el dominio provincial no es absoluto. La legislación vigente no es inconstitucional, dijo el Supremo Tribunal. Solo se propone un enfoque más técnico y federal, planteó la legisladora nacional, tomando el guante que arrojaron -en principio- los gobernadores de Catamarca y San Juan.
El de Salta está en silencio.
Salta, 23 de diciembre de 2025
