La atención de las últimas horas se centró en la media sanción que la Cámara baja nacional dio al proyecto de ley de presupuesto que se tratará el 26 de diciembre en el Senado, ocupada por estas horas en el análisis de la modernización laboral. La media sanción lograda en la madrugada del jueves no conformó a un Ejecutivo que hizo grandes esfuerzos para imponer sus pretensiones de mantener el equilibrio fiscal reduciendo impuestos a la estructura superior de la sociedad y ajustando a la base de la pirámide. La votación precisamente resintió ese esquema y de allí que por delante queda una semana para que se encuentre el camino para sostener un equilibrio de las cuentas que todos aplauden, hasta que se determina qué pone cada cual para asegurarlo.
Pocos advirtieron que la Cámara de Diputados de la Nación no trató el proyecto de ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que impide la sanción de leyes que no tengan el financiamiento asegurado y establece hasta pena de prisión de hasta 6 años a los funcionarios que apliquen esas normas. El entusiasmo libertario por el superávit fiscal desestimó la institucionalidad y se expresó con una propuesta que los propios aliados advirtieron que no respeta los principios básicos de la división de poderes. La iniciativa avanza sobre atribuciones que son propias del Congreso, ya que incluye modificaciones al Código Penal. También establece que cualquier ley que autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción. Esto es, enmienda el abuso en el que incurrió el presidente Javier Milei al promulgar leyes vetadas e insistidas en su sanción por el Congreso, pero que no aplica porque “no hay plata”.
La alteración del orden institucional, paradójicamente, fue la base de la fundamentación que dio el único senador libertario provincial. Roque Cornejo, de la Capital, sostuvo su disidencia con la aprobación de los acuerdos que suscribieron hace un quinquenio atrás las provincias de Salta y Catamarca, para facilitar el desarrollo de emprendimientos mineros en una zona de conflicto limítrofe. Las diferencias -no resueltas aún por el Congreso de la Nación, como corresponde- se zanjaron cuando los gobernadores de ambos estados acordaron distribuir la recaudación impositiva en partes iguales. A juicio del legislador de La Libertad Avanza, esa decisión vulnera facultades propias de la Legislatura, cuya intervención debiera ser previa por involucrar recursos tributarios, cuya determinación en fuente y destino particularmente corresponde a la Cámara de Diputados.
Esta discusión pareciera abstracta frente a una sociedad que demanda definiciones sobre cuestiones más pragmáticas, que resuelvan los problemas de empleo, seguridad, salud, educación y también que den previsibilidad y estabilidad para sostener proyectos de crecimiento y desarrollo personal y comunitario. Pero sin institucionalidad, ninguna de esas cuestiones pueden resolverse sin riesgo de caer en la informalidad, la precariedad y la inseguridad jurídica que aleja inversiones.
El debate político es la herramienta para asegurar que las decisiones sean correctas y ajustadas al mandato constitucional.
Salta, 19 de diciembre de 2025
