Según Biella, si se implementa “el libre mercado en los alquileres”, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se vislumbra un escenario muy riesgoso para las partes involucradas.
Salta18/12/2023
Las inmobiliarias no están haciendo contratos de renovación ante la especulación de que el gobierno de Javier Milei modifique o derogue la ley de alquileres; por ello, Aries se comunicó con el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Juan Martín Biella, para consultar los posibles cambios que se avecinan en el régimen y como puede proceder un inquilino, cuyo contrato este próximo a vencer.
Si bien manifestó que se debe avanzar sobre “una nueva ley superadora de alquileres en el Congreso”, reconoció su preocupación por el DNU que está preparando Javier Milei, “porque es un peligro para el mercado inmobiliario, donde, lo que más se busca es evitar la judicialización en los contratos de locación, porque solo se benefician los abogados”.
En ese sentido Biella abordó la incompatibilidad de congelar los alquileres como medida para combatir la inflación, argumentando que la Ley de Alquileres vigente, que se busca derogar desde Nación, perjudica a los propietarios, quienes necesitan ingresos y se ven afectados por la pérdida de valor adquisitivo, trasladando los costos a los inquilinos.
“Se ve que los legisladores no entendieron que no se puede congelar un alquiler por 12 meses, porque el inquilino en vez de pagar a lo largo de sus 12 meses la actualización empieza pagándola en tiempo cero”, explicó.
Asimismo Biella subrayó la importancia de un contrato social en un momento de crisis económica, abogando por la intervención del Estado en casos donde sea necesario, sin interferir en transacciones que no requieran asistencia. “No es lo mismo una persona que quiere alquilar y gastar un millón de pesos en el Tipal, a una que está pagando $50.000 una habitación a compartir”.
Finalmente instó a los inquilinos cuyos contratos están próximos a vencer, que se reúnan con su agente inmobiliario y el propietario, para hablar sobre la situación las veces que sea necesario, para evitar una instancia de juicio.
Será el jueves 28 de noviembre en el marco de los 75 años de la gratuidad universitaria en Argentina. La Orquesta Típica Universitaria y Christina Herrera interpretarán el himno de la UNSa, además se abrirá el Observatorio astronómico y se expondrán trabajos científico-tecnológicos.
El asueto administrativo fue dispuesto en virtud de la celebración del Día del Empleado del CD. Además, los trabajadores participarán esta noche de una cena organizada para agasajarlos.
Con una inversión provincial superior a los $43.500 millones, el llamado a licitación se publicará el 28 de noviembre. Este gran proyecto “integrará 42 disciplinas y nos convertirá en referentes deportivos del NOA y NEA”, aseguró el mandatario.
El proyecto tomó estado legislativo recientemente, teniendo previsto la comisión invitar a todas las partes para conocer las diferentes posturas antes de avanzar con un dictamen y del debate en el recinto, señaló un senador.
En esta oportunidad, los interesados podrán encontrar frazadas de dos plazas, artículos y electrodomésticos para el hogar, herramientas y una camioneta Toyota Hilux.
El Secretario de Tránsito y Seguridad Vial explicó que la iniciativa apunta a priorizar al peatón y reducir la velocidad en áreas de alta circulación.
Un consultor financiero abordó temas como la inflación, la inversión, consumo y el rol del ahorro.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
La modalidad se denomina qrishing, también conocido como phishing con código QR y es un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su celular.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.
