Griselda Galleguillos, por otra parte, ante un eventual cargo de Olmedo en el gabinete nacional, negó que lo reemplace en el Parlasur y deje su banca en Diputados (fue segunda en la lista de La Libertad Avanza en la provincia).
Política29/11/2023
Ivana Chañi
En su vista a “Agenda Abierta” la diputada provincial por el departamento Rosario de Lerma, Griselda Galleguillos, defendió la privatización de la obra pública, propuesta de campaña del presidente electo Javier Milei. Por otro lado, se refirió a una posible sucesión en el Parlamento del Mercosur si el electo para el cargo, Alfredo Olmedo, forma parte del gabinete nacional a partir del 10 de diciembre.
Sobre el primer tema, Galleguillos sostuvo que “por los general donde hay más actos de corrupción y donde se desvían los fondos económicos es en la obra pública”.
En ese sentido, esgrimió que los intendentes reciben plata y los administran licitando para “empresas amigas”, familiares y cercanos.
“No hay transparencia, la obra es de mala calidad y no hay competitividad”, manifestó.
En esa misma línea, consideró que para terminar con esas prácticas, la privatización de la obra pública es el camino.
“No me parece descabellado, siempre y cuando haya control”, agregó.
Consultada sobre aquellas obras que los privados no considerarían rentable, Galleguillos señaló que allí la tarea será de los legisladores y los jefes comunales para impulsar la necesidad y el interés de los privados para hacer esas obras.
“Lo que pasa es que por ahí las grandes empresas agarran grandes obras porque tienen intereses personales y se desvían los fondos en forma conjunta con los políticos que las contratan”, denunció.
En otro orden, Galleguillos se refirió a la posibilidad de reemplazar al electo parlamentario del Parlasur, Alfredo Olmedo, si éste ocupa un cargo dentro del gabinete de Javier Milei. Vale recordar que Galleguillos fue segunda en la lista.
“Yo estoy concentrada para lo que la gente me eligió que es diputada provincial y controlarlo al Gobernador Gustavo Sáenz, ese es mi fin”, sentenció.
El evento se realiza en el marco de la celebración por el aniversario de la firma del tratado de paz. Estaba en la agenda de Gerardo Werthein, pero por diferencias en la reciente cumbre del G20 se habrían alterado los planes.
De todas formas, aún no está decidido si se reabrirá el Congreso y depende de las negociaciones por el Presupuesto y por la eliminación de las PASO.
Gerardo Martínez encabezó la comitiva que se reunió con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, para deliberar sobre cambios en el sistema de riesgos laborales.
La congresal del PJ salteño aseguró que, más allá de que oficialmente se apoyó a Ricardo Quintela para la presidencia del partido a nivel nacional, “se sabe que el que pierde acompaña”.
La iniciativa para eliminar las PASO y de modificación de la ley orgánica y de financiamiento de los partidos políticos había sido anunciada hace una semana por el vocero presidencial Manuel Adorni.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
La modalidad se denomina qrishing, también conocido como phishing con código QR y es un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su celular.
Con una inversión provincial superior a los $43.500 millones, el llamado a licitación se publicará el 28 de noviembre. Este gran proyecto “integrará 42 disciplinas y nos convertirá en referentes deportivos del NOA y NEA”, aseguró el mandatario.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.
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