Desde el 1 de diciembre entra en vigencia el “Régimen de Responsabilidad Penal, para niñas, niños y adolescentes”
Este viernes firmado por el Procurador General de la Provincia proponen que el 1 de diciembre entre en vigencia la ley 8097, en su primera resolución establece “como plazo para la adecuación de las estructuras y equipos necesarios para la puesta en funcionamiento del Régimen Procesal Penal Juvenil, a los efectos de cumplir con el mandato previsto por el art. 16 de la Ley N° 8389, el 1° de diciembre de 2023”.
En idéntico sentido, el Colegio de Gobierno del Ministerio Público por Resolución N° 22409 dispuso avanzar coordinadamente con el Poder Judicial de Salta en la puesta en marcha el nuevo Régimen Penal Juvenil para Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia.
Recordemos que esta ley fue prorrogada por un año en septiembre del 2022, para que pueda crearse una comisión especial para readecuar reformas necesarias y poder implementarse en un plan progresivo.
Cambio sustancial
El cambio a implementar es sustancial y deja atrás el sistema tutelar. En los casos donde la participación de niñas, niños y adolescentes sea exclusiva la investigación penal preparatoria estará a cargo de un fiscal penal juvenil. La función de los jueces penales juveniles será la de oficial de jueces de Garantías. El juez que hubiera intervenido en la fase preparatoria no podrá intervenir en la misma causa como juez de juicio y en los casos donde hubiera intervenidos niños, niñas y adolescentes junto a mayores de edad los tribunales ordinarios de juicio se limitarán a declarar la responsabilidad. Se procurará en estos casos evitar que la niña, niño o adolescente comparezcan junto a los mayores ni compartan el lugar de alojamiento.
En este caso la niña, niño o adolescente permanecerá bajo jurisdicción del respectivo juez penal juvenil siendo el único competente para disponer medidas que pudieran afectar su libertad.
Tanto la Corte de Justicia como el Colegio de Gobierno del Ministerio Público fijaron el próximo 1 de diciembre como el plazo para la adecuación de estructuras y equipos necesarios para la puesta en marcha el nuevo régimen.
