Los legisladores aprobaron el proyecto que prevé un modelo procesal acusatorio para los delitos cometidos por menores, además de derechos y garantías para un tratamiento especializado de esos casos.
Política24/08/2023
Luego de reunirse con el Procurador General de la Provincia y con el Ministro de Seguridad y Justicia, en sesión ordinaria, los Senadores salteños otorgaron la media sanción definitiva al proyecto que prevé modificaciones al Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil.
Así, ahora será el Ministerio Público Fiscal quien asumirá la carga de la investigación de los hechos, tarea que hasta el momento era ejecutada por los Juzgados de Menores. Además, a partir de la promulgación de la ley, se deberá establecer en pleno de sus funciones a Fiscales, Defensores y Asesores de Incapaces, comenzando en el Distrito Centro y ampliándose a toda la provincia.
Las modificaciones avanzan también en la competencia del Estado respecto a la contexto en el que menor puede haber cometido el delito, por lo que se deberán abordar adecuadamente sus problemas subyacentes.
Para ello, se especificó, se hace necesaria la participación de operadores específicos, tal el caso de equipos profesionales interdisciplinarios, con lo cual, se consideran soluciones alternativas para luego determinar la necesidad o no de imponer penas.
“Esta ley, por un motivo o por otro, venía siendo postergada o suspendida su entrada en vigencia”, explicó el senador Javier Mónico – Rosario de la Frontera –, y ponderó las distintas comisiones que se formaron para su estudio.
En este sentido, señaló que la Cámara que integra también recibió al Procurador y al Ministro de Seguridad y Justicia para conocer sus pareceres respecto a las modificaciones.
“Tenemos un sistema en el cual un juez llevaba adelante la investigación y el proceso; con el paradigma del sistema acusatorio, la investigación la impulsa un fiscal, es decir, se separan las funciones de investigación y el cumplimiento de garantías”, detalló el legislador, y finalizó: “El cuidado de las garantías y de los derechos de la personas sometida a proceso judicial, en el régimen juvenil, deben ser iguales o mayores que las del régimen general”.
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