El pedido no es casual, ni azaroso. Con las últimas elecciones celebradas el pasado domingo en la provincia de Chubut -en las cuales participó menos del 70% del padrón- ya son casi 5.360.000 los electores que en lo que va de este año electoral prefirieron suspender su juicio electoral en las urnas. Un dato que enciende alarmas en el gobierno.
Al mea culpa del ministro Massa -que admitió “errores” y pidió buscar el voto de los “desilusionados”- y al llamado a “reventar las urnas con la boleta de Unión por la Patria” del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó la voz, precisamente en el conurbano, de la vicegobernadora Verónica Magario, que en un acto en Merlo el pasado domingo vigorizó el estímulo por la vía negativa.
“Cuando la desazón empieza a calar hondo[....]ahí tenemos que estar los militantes haciendo comprender que si no vas a votar la estás favoreciendo a Patricia Bullrich lo estás favoreciendo a Larreta o lo estás favoreciendo a Milei, y si vos no querés que vuelvan ellos, entonces andá y pone el voto en estas PASO, necesitamos dar vuelta esta historia”, arengó la vicegobernadora.
Más allá de lo que puedan lograr para el 13 de agosto, la verdadera esperanza del espacio está centrada en lo que puede pasar después de esa fecha, en una tendencia que creen irá in crescendo. En las filas de Unión por la Patria admiten que la parada no es fácil, pero se muestran convencidos sobre algo: “Se vota a presidente y hay que ver qué pasa cuando llegue el momento de la elección general y más aún si hay ballotage, y se tiene que elegir entre dos modelos de país”.
Campaña del “puerta a puerta” a una construcción desde las bases
La CGT y la CTA también juegan en esta campaña de empuje hacia las urnas. Las centrales obreras, que el mes pasado cerraron filas para alinearse bajo la candidatura del ministro Massa, buscan apuntalar la participación electoral sacudiendo a un electorado dormido.
La puesta en marcha de la campaña estímulo enfrenta un obstáculo. Los montos que las sanciones económicas prevén para quien, sin justificación, se ausente el día de los comicios, datan de 2012 y, con una inflación interanual corriendo al 119%, han quedado desactualizados. "La penalidad varía de acuerdo a la cantidad de infracciones que acumule el elector, es decir, cuantas veces no ha asistido a votar, y oscila entre los 50 y los 500 pesos", dio prosecretario Electoral Federal. Cifra que, para conservar la fuerza punitoria del 2012, debería tener, si se toma el dólar oficial como criterio de indexación, un piso cercano a los 2400 pesos y un techo próximo a los 24000.
Fuente: La Nación
