Con motivo del otorgamiento del título de Doctora Honoris Causae por parte de la Universidad Nacional de Rio Negro a la señora Vicepresidente de la Nación dio como es de rigor en esas ceremonias, una clase magistral en la que frente al claustro académico, alumnos y público en general se refirió a temas relacionados con la realidad política institucional del país y la condición económica.
Opinión15/03/2023 Guillermo Martinelli
Fue interesante el señalamiento de la calidad institucional descripta que arriba como conclusión, luego de un pormenorizado análisis teórico e histórico, que la división de poderes de la estructura organizativa constitucional está viciada, por lo que considera de gravedad los pronunciamientos del Poder Judicial como un ariete político que interrumpe su función específica por una actividad política, aliada a un sector determinado, en detrimento del justo accionar en la administración de justicia. Es de una gravedad extrema lo expresado por la Doctorada, tanto por sus dichos como por el lugar importantísimo que ocupa en el plexo gubernativo. Esto indica tanto a quienes puedan ser sus seguidores como a los que están en la vereda del frente que la seriedad de esa descomposición en el Poder Judicial debe ser analizada despojándose de intencionalidades pre constituidas porque está en juego uno de los pilares básicos y fundamentales del asiento del carácter republicano de nuestro entramado previsto como forma de vida política institucional.
Merece seriamente que los distintos estamentos sociales, políticos, culturales, académicos y demás involucrados en la cotidianeidad nacional estudien con detenimiento la grave afirmación de la señora Presidenta del Senado Nacional y dos veces presidenta del país. No puede caer en saco roto como si ninguna referencia a un Poder del Estado se hubiera deslegitimado. Es una obligación cívica determinar los mecanismos suficientes para que el lugar en el que la ciudadanía se puede refugiar para la defensa de sus derechos tenga una consideración de independencia y justeza por parte del pueblo de la nación.
De manera alguna se puede seguir naturalizando semejante deslegitimación del Poder Judicial y que la sociedad se mantenga al margen. La vicepresidenta tiene y explica sus razones y el resto de la sociedad ¿es una convidada de piedra? No es suficiente que algún dirigente político se exprese con dos renglones frente a un micrófono y más aún cuando el Presidente de la Nación en su discurso del primero de marzo tuvo conceptos de desaprobación de ese poder.
Los argentinos no podemos vivir en la desconfianza sobre tan imprescindible poder que es de una necesidad cotidiana. Por el momento queda estigmatizado el Poder Judicial en su conjunto.
El debate debe darse con seriedad bajo pena de caer en la degradación del poder y en la indiferencia de los justiciables.
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.