Desde la Orden Franciscana en la que se desempeñaba denunciaron torturas contra el detenido y cuestionaron que desde Procuración estarían poniendo en peligro a una testigo de la causa.
Judiciales15/11/2022
Belén Herrera
El abogado Carlos Romano, patrocinador de la Orden Franciscana, habló sobre la presentación que el padre Martín Caserta realizó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vejaciones, apremios ilegales y tortura contra Javier “Chino” Saavedra, detenido por el crimen de Jimena Salas.
Por Aries, el abogado recordó que en 2017 Saavedra formaba parte de un grupo de voluntarios franciscanos y se refirió a lo denunciado por Caserta. “Lo que observó el padre Martín Caserta es que fue sacado del lugar de una forma poco convencional, durante horas no se supo dónde estaba, después se obtiene un audio donde Javier denuncia haber recibido apremios, torturas”, detalló.
Indicó que esto fue puesto en conocimiento de Procuración en septiembre y agregó: “A la par, conocemos que hay una denuncia cruzada en cuanto a torturas de la que no se conoce nada”.
Es así que, según sostuvo, la presentación de la Orden Franciscana “tiene que ver con una vigilancia del debido proceso”.
Consultado sobre la denuncia de la ex ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, por presuntas amenazas, el abogado recordó que la ex funcionaria fue indicada a testimoniar en la causa por el defensor de Javier Saavedra, Marcelo Arancibia (h).
Según remarcó, en la fecha del femicidio Saavedra era pasante de la Municipalidad de Salta, estudiaba para ser trabajador social y Figueroa era secretaria de Desarrollo Social. “En la fecha del femicidio estaban trabajando en un festival”, sostuvo.
Señaló que tiempo después “le patean la puerta de entrada a la casa y le escriben Javier en el auto”. Frente a ello, la ex Ministra decidió hacer una exposición por amenazas, lo comentó en un programa de televisión y al día siguiente se hace público desde la web de la Procuración que se inició una investigación de oficio por esas denuncias.
“Es como avisarle a alguien que está sospechado y poniendo el peligro a la víctima, máxime cuando mujer y tiene una actividad pública”, cuestionó.
La Fiscalía había solicitado siete años de prisión para la exsecretaria general y la tesorera de ADP por los delitos de administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas, en calidad de coautoras.
También reclamó la nulidad de la declaración. El juez Ercolini lo había citado para el miércoles. Además hay otras 38 indagatorias pendientes.
En los alegatos por la causa que investiga presuntas estafas con planes de viviendas, la Fiscalía también pidió 10 años de inhabilitación para ejercer cargos electivos en el gremio.
El hecho ocurrió en el nosocomio local el 14 de julio de 2023 y la menor fue encontrada al día siguiente en un predio abandonado en barrio de esa ciudad.
Una mujer de 56 años fue imputada acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Tras la audiencia, desde la Fiscalía se solicitó que continúe detenida.
Raúl Argañaraz y Ana María Cerezo asumieron una postura de mutua acusación, delegando la responsabilidad el uno en el otro. El lunes, desde las 8:30, está previsto que se desarrollen los alegatos de las partes.
El miércoles 8 de enero, a las 9:30, en Metán, se llevará a cabo la audiencia pública para informar a la población, organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales respecto del tema.
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