La fiscal Lorena Martínez requirió la detención de un joven de 19 años, actualmente prófugo, y dio intervención urgente a organismos de protección de la niñez y de comunidades originarias.
Judiciales12/12/2025
La intervención de la Fiscalía se inició el 17 de noviembre, cuando una mujer denunció al padre de su hija por habérsela llevado, alegando que la menor presentaba un embarazo. Al ser consultada por la edad, la denunciante informó que la niña tenía once años y que desconocía quién era el progenitor.
De inmediato, la fiscal Martínez ordenó citar al padre de la menor y dispuso que la niña fuera examinada por una médica del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. En su declaración, el hombre afirmó que su hija cursaba un embarazo, que recibía atención en el Hospital Juan Domingo Perón y que la niña mantenía una relación —según él, consentida— con un sobrino de su actual pareja.
La fiscal solicitó al Juzgado de Garantías en turno la detención del joven de 19 años. El 27 de noviembre se hizo lugar al pedido, pero el imputado no fue localizado, por lo que se libró la orden de captura.
Paralelamente, la Fiscalía dio intervención urgente a la Asesoría General de Incapaces, a la Secretaría de Primera Infancia para la asistencia integral de la niña, a la Secretaría de Asuntos Indígenas -dado que pertenece a una comunidad originaria- y a la Defensoría de Violencia Familiar y de Género.
Se informó a los progenitores que la menor debía prestar declaración ante especialistas en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) el 11 de diciembre, pero no compareció. La Fiscalía dispuso su búsqueda, sin resultados en los domicilios materno y paterno —ubicados en parajes alejados, de difícil acceso y distantes entre sí—, sin resultados, por lo que se fijó una nueva cita.
Finalmente, desde el hospital informaron a la Fiscalía que la niña, que a principios de mes cumplió los 12 años, asistió a un control prenatal, donde se le informó sobre su derecho a interrumpir el embarazo, manifestando que no era su elección hacerlo.
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