Octubre, que cerró este lunes, no fue favorable para muchos ex intendentes. Involucrados en el manejo irregular de fondos, las acusaciones en su contra –que van desde peculado a asociación ilícita- pusieron a algunos al borde de su enjuiciamiento mientras que otros ya están esperando el fallo en su contra.
Opinión01/11/2022
En el último día del mes se conoció que ya se elevó el pedido de juicio a Rubén Méndez, de Salvador Mazza, mientras que ingresó en su etapa final el juzgamiento de quien fuera jefe comunal de San Lorenzo. El día 5 se informó que se elevó a juicio la causa contra Julio Jalit, que gobernara varios períodos en Pichanal y el 20 se confirmó la fecha para el juicio oral y público en la causa que se sigue contra el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo. En tanto, una comisión especial del Concejo Deliberante de Rosario de la Frontera recomendó juicio político para el intendente Gustavo Solís, también con pedido de juicio. Ernesto Gonza, ex jefe comunal de San Lorenzo, cerró octubre esperando el fallo en el juicio que se desarrolla en su contra. No son los únicos casos en marcha pero sí se puede señalar como los más importantes.
Una de las situaciones más complicadas la exhibe Rubén Méndez, en cuyo domicilio cuando fue allanado a fines del año pasado, se encontró una importante cifra de dinero, incluyendo ron 705.000 dólares; además secuestraron vehículos de alta gama y un arma con municiones. En la elevación a juicio realizada por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos y Pablo Cabot, penal de Tartagal, se lo acusa por enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude a la administración pública, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Suma también el cargo de asociación ilícita, que tiene severa pena de prisión. Méndez fue intendente de Salvador Mazza de 2013 al 2015, completando el mandato de Carlos Villalba -intervenido luego de un escándalo de prostitución y trata de personas- y de 2015 a 2019. Su nuevo período iniciado ese año se vio interrumpido hace un año cuando, a su vez, fue intervenido. En 2017 tuvo un juicio político que apeló ante la Corte de Justicia, que dejó dormir la causa hasta caducar en el 2019; en ese lapso tuvo una denuncia por violencia de género por parte de su ex esposa.
La corrupción de las administraciones municipales suele ser una sospecha permanente, que en no pocos casos se confirman cuando hay una renovación en la intendencia o en los Concejos Deliberantes, cuando cambia su composición en las elecciones intermedias. Entre 2019 y 2021, se denunció a once ex jefes comunales por desviación o malversación de fondos, en perjuicio de la administración pública. En una situación similar a la de Méndez se encuentra Julio Jalit, ex intendente de Pichanal, que espera fecha de iniciación del juicio requerido en diciembre de 2021 por la fiscal penal 3 y de Delitos Económicos Complejos de Orán, Mónica Viazzi. Fue investigado por irregularidades financieras por 56 millones de pesos y también tiene una imputación por el delito de contaminación ambiental. Más avanzada está la situación de Manuel Cornejo de Campo Quijano, cuyo juicio oral y público, se desarrollará del 21 de diciembre al 6 de enero de 2023, lapso en el que se escuchará la declaración de 68 testigos. Fue denunciado por su sucesor, Carlos Folloni, en enero de 2020, por ilícitos por un monto de 84 millones de pesos. Ernesto Gonza, de San Lorenzo, denunciado penalmente en junio de 2020 por peculado e incumplimiento de deberes de funcionario, espera para la próxima semana la última audiencia de su juicio. Hay otros casos muy conocidos, como el que tiene al senador por Rosario de Lerma Sergio Ramos con un pedido de desafuero y otros que se resolvieron en fuero federal, como el del ex intendente de Aguaray, Jorge Prado, por robo de un gasoducto.
Es relevante que la Justicia avance porque es un paso importante para la reconciliación de la política con la sociedad.
Salta, 01 de noviembre de 2022
El caótico momento en el que están inmersos los gobernadores puede resultar en un mayor acercamiento con la sociedad o en un distanciamiento definitivo, con inevitable impacto en sus pretensiones para 2027, cuando concluya el mandato de la mayoría de ellos. Su actual demanda de recursos achica sus posibilidades de maniobra política.
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El sector energético mira con preocupación los pronósticos de una segunda ola polar. Las empresas reclaman coordinación y un “plan B” ante posibles fallas de producción.