A horas de asumir, la designada ministra de Trabajo de la Nación, Raquel «Kelly» Olmos, debe enfrentar un paro que por 48 horas está dejando a pie a 9 millones de argentinos en todo el país. Se trata de una medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor en demanda del cobro del aumento salarial que negoció con la FATAP, la central empresaria de la que no forma parte SAETA.
Opinión12/10/2022
El conflicto abarca a todo el territorio excluido del AMBA, el Área Metropolitana Buenos Aires, en la que se volcarán -hasta diciembre próximo- subsidios por 300 mil millones de pesos contra los 46 mil millones que recibirá el interior del país en su conjunto. No son esa desigualdad e inequidad las que reclama el gremio de los choferes de ómnibus; legítimamente pide que las empresas prestatarias del servicio de pasajeros de corta, media y larga distancia cumplan con el compromiso asumido en mayo último.
En esa negociación, que se desarrolló bajo la presión de la amenaza de un paro por 48 horas, la UTA obtuvo un salario mínimo de $127.000, igualando los del interior con los del área metropolitana. El acuerdo fue por 12 meses, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, con un cronograma de subas salariales en cuatro tramos y el pago de una suma no remunerativa de $69.000. Pero las empresas no cumplen porque el subsidio nacional es insuficiente y no se paga en tiempo y forma.
Al ministro de Transporte de la Nación, el massista Alexis Guerrera, le pasaron la factura del centralismo y lo hicieron oficialistas y opositores en la última reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, que está tratando el proyecto de gastos y recursos para 2023. Precisamente la cuestión federal enarbola -entre otras banderas- la del subsidio al transporte, cuya exigüidad es insistentemente reclamada por las provincias del Norte Grande. En el caso de Salta, dada la particularidad de su sistema de prestación de un servicio esencial como el transporte metropolitano de pasajeros a través de Saeta, tolera una sangría en sus arcas para sostenerlo.
Cuando mañana preste el juramento de rigor, Olmos - militante del peronismo ortodoxo- deberá ser coherente con los propósitos expuestos desde que se conoció su designación, que tienen como prioridades de gestión a los salarios y a la inflación. Este último es el problema que atraviesa a todas las carteras pero obligará a la designada ministra a lograr que los trabajadores no sean la variable de ajuste.
Economista cuyo último lugar fue el directorio de un banco que financia el comercio exterior, anunció “un ministerio al lado de los trabajadores y de las organizaciones gremiales». No la amilanan los conflictos, que se generan constantemente y a los que se deben resolver. Bajo esa consigna, un problema como el de la UTA debe observarse desde “el compromiso electoral de que el salario se recupere después de la grande pérdida que sufrió durante el macrismo”.
Incorporarse a un gabinete que no atraviesa su mejor momento y además se corresponde al fin de un mandato, exige que se atiendan las prioridades. Según declaró Raquel Olmos, la paritaria es central porque la prioridad es que no haya un mayor deterioro de los ingresos. Dijo que “la clave de este tiempo es cuidar el empleo y los salarios de los trabajadores”.
Quizás ha llegado el momento en que se atiendan los problemas condicionantes de la realidad económica y social de la Argentina. Más del 50% del trabajo formal en la Argentina por debajo de la línea de la pobreza es una buena razón para que se abandonen las confrontaciones y se busquen los consensos.
Salta, 12 de octubre de 2022
Cierra otra semana en la que el protagonismo de los gobernadores fue un dato excluyente. El Ejecutivo nacional trata de alcanzar acuerdos por las reformas que propone y, en general, los gobernadores muestran predisposición a negociar, entendiendo que todavía están lejos de ver cubiertas sus demandas.
El fenómeno del “borocotismo”, nacido como una rareza política en 2005, se volvió parte del paisaje habitual de la dirigencia argentina.
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La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
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La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
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