La Argentina violenta

Acaba de concluir un conflicto suscitado por el gremio de los operarios de neumáticos, que duró meses y el cual fue iniciado con reclamos que iban más allá de todo lo previsto en las leyes laborales y en los convenios colectivos, como el pago de un doscientos por ciento por horas trabajadas en días inhábiles, porque el propósito era precisamente, el de plantear cuestiones con las cuales resultaría difícil acordar; el verdadero móvil, era lograr la prolongación desgastante del conflicto, que incluyó algo insólito, como lo fue, la toma de la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Fue conducido, por una dirigencia sindical compuesta  por dirigentes de la extrema izquierda, que a más de defender los legítimos intereses de los trabajadores, tenían una clara finalidad política,.

Este hecho, no deja de preocupar hondamente al kirchnerismo, que se siente cuestionado en su esencia misma, como es que en las últimas elecciones, los partidos trotskistas, acumularon más de un millón de votos.

Pero también este conflicto laboral, sentó  una modalidad para futuros casos  y es por eso que Pablo Moyano, componente de uno de los más acaudalados clanes familiares, ya adelantó que los camioneros habrán de exigir mejoras por encima de un cien por ciento y que de no haber acuerdo , demostrará el poder de fuego de su gremio.

Se suma a esto, el sorprendente modo de protesta adoptado por los alumnos de los establecimientos públicos de la Capital Federal, que posiblemente habrá de cundir, que es la toma del edificio y su clausura, apoyados insólitamente por algunos padres e inducidos sin lugar a dudas, por aviesos dirigentes políticos.

Esto significa ahondar aún más al deterioro de nuestro sistema educativo, ya perjudicado por su prolongado cierre, debido al erróneo manejo de la pandemia.

A todo esto, se suma que sigue cada vez más activo, el conflicto mapuche, en el cual un sector minoritario de quienes se dicen descendientes de un pueblo originario, reclama para sí, la propiedad de un vasto territorio de nuestra Patagonia, para asentar su propio estado soberano, desconociendo nuestro régimen constitucional y rechazando nuestra nacionalidad.

No solo se agrede salvajemente a quienes tienen el legítimo dominio del lugar, sino que incluso, se ataca a las fuerzas federales incendiando  las instalaciones donde se desempeñaban.

Nuestro territorio, antes de la colonización, era ocupado por una serie de tribus pertenecientes a pueblos originarios, entre otros,  tehuelches,  patagones,  onas, chanés,  charrúas, comechingones, quechuas, tobas, wichis, diaguitas, etcétera.

En tanto en la zona sur de Chile, conocida como Arauca, se asentaba una tribu de singular habilidad para la guerra, a quienes los colonizadores dieron en denominar araucanos y a los que no pudieron someter.

Los componentes de esa tribu, denominándose mapuches, comenzaron a invadir nuestro territorio y a desplazar a los tehuelches,.

La mayoría de ellos, se asimiló a nuestra población  en forma pacífica, pero una minoría violenta, integró el movimiento llamado Ram, para insistir en sus propósitos secesionistas.

Sería ingenuo desconocer la gravedad de los delitos que cometen, que constituyen verdaderos actos de terrorismo..

Este conflicto, debe preocuparnos a todos, ya que su proliferación, pondrán en riesgo la seguridad, no solo de quienes habitan la Patagonia, sino que puede reproducirse en otros lugares, tal como ocurriera hace pocos años en nuestros Valles Calchaquíes, donde un grupo que dice ser descendiente de un pueblo originario, mediante reiteradas agresiones físicas, obligaron a una familia a abandonar en su provecho, un importante emprendimiento productivo. 

Por las características de estas acciones, compete la intervención  del Gobierno Nacional, cuya pasividad al respecto, es rayana con la complicidad.

Por una parte, se trata de connivencia ideológica, fácil de comprender si tomamos en cuenta que estos sectores mapuches, son asesorados y alentados por los ex montoneros Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja y  también, median razones políticas, ya que el actual Ministro de Justicia Martín Soria, como candidato a gobernador de Rio Negro, fue derrotado por la actual mandataria Arabela Carreras, y la acompañante de Soria en la fórmula, Magdalena Odarda, fue luego designada  titular del Instituto Nacional de Actividades Aborígenes. 

Esto explica la renuencia del Ministro de Justicia Aníbal Fernández, en poner límites a estos grupos violentos, que abiertamente, atentan contra nuestra soberanía nacional.