Un nuevo capítulo de la lucha federalista del Norte Grande se desplegó esta semana ante el avance de una ley de humedales. Esta norma, que se reclamó en las calles, puso en estado de alerta al sector minero, por la larga confrontación entre ambiente y producción. Hay señales que esta vez se cerrará una década de intentos de una sanción tan demandada como resistida.
Opinión30/09/2022
Los humedales juegan un papel relevante en la preservación ambiental, especialmente en la mitigación y adaptación al cambio climático y en el abastecimiento de agua. Lagos, lagunas, bañados, cañadas, ciénagas, esteros o madrejones son ejemplos de humedales y los hay artificiales, como los embalses. La Convención de Humedales Ramsar ha diseñado una estrategia para el relevamiento de todos los que existen en el planeta con el fin de asegurar su conservación. Salta integra el registro de los lugares con un importante número de humedales, como los ríos Bermejo, Pilcomayo y Juramento; lagunas altoandinas, como la de Santa María y yungueñas como la Laguna de Pintascayo, solo para citar algunos de ellos.
La gran importancia local y regional de este patrimonio no ha sido mencionada en los debates que se abrieron esta semana en la Legislatura Provincial y en los medios de comunicación. La sola posibilidad que se adopten disposiciones que frustren el desarrollo minero, hizo sonar alertas que no se acallaron cuando los gobernadores de la región llevaron la cuestión a su justo lugar. Reunidos en Washington para posicionar al Norte Grande como tierra promisoria para inversiones, en un extenso documento declararon la necesidad de sancionar una ley de humedales después de tantos años de debate pero fijaron claramente las disposiciones que debe contener esa norma para garantizar la conservación y el desarrollo sostenible.
Ese es el punto que somete esta cuestión a una discusión interminable, que trasciende la puja tradicional porque abarca otros aspectos. Impacta en la práctica del federalismo ambiental consagrado en la última reforma constitucional como resultado de un intenso debate en la Convención de 1994. La experiencia de la fijación de presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos lleva a una actitud más precavida de las provincias, para evitar que el centralismo histórico anule el reconocimiento de sus facultades respecto de sus recursos naturales.
La Constitución Nacional siempre ha reservado a las provincias los poderes no delegados en el gobierno federal. La reforma constitucional que surgió del Pacto de Olivos mantuvo esa circunstancia a través del artículo 121 pero introdujo como novedad en su artículo 124 in fine que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". Otro aspecto fundamental que no se consideró en sendos debates que sostuvieron esta semana ambas cámaras provinciales es la disposición contenida en el tercer párrafo del Artículo 41, que señala que "Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales". En los hechos, el gobierno federal sólo puede legislar dentro de los límites establecidos por los presupuestos mínimos, y las provincias podrán dictar las normas complementarias que establezcan una protección ambiental mayor pero nunca inferior a los presupuestos mínimos federales.
De lo que se trata –y así se desprende del documento de los gobernadores del Norte Grande- es que la ley de presupuestos mínimos para la defensa de humedales se ajuste a la distribución de competencias legislativas que establece la Constitución. Preservar las competencias concurrentes resulta tan trascendente como cuidar que no se afecte el desarrollo de los proyectos productivos vigentes en la Provincia de Salta, poniendo en riesgo la seguridad jurídica, las inversiones realizadas y los puestos de trabajo creados y que potencialmente se crearán” como señala la declaración aprobada por la Cámara de Diputados.
En este marco resulta relevante que oficialismo y oposición en el Congreso hayan decidido seguir recabando opiniones en el entendimiento que el federalismo debe dejar de ser una declamación.
Salta, 30 de septiembre de 2022
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
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El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
Un soldado voluntario identificado como Facundo Gabriel Lima fue hallado sin vida en su domicilio de Las Heras, Mendoza. Con este hecho, ya suman tres los integrantes del Ejército Argentino fallecidos en la última semana.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.