La colisión de derechos fundamentales es una cuestión que se plantea en estos tiempos de confrontación política y social. Dos casos se expusieron en la sesión del jueves del Senado de la Provincia, mostrando su importancia en el armado de situaciones que pueden tener consecuencias imprevisibles.
Opinión09/09/2022
La Cámara de Senadores sancionó un proyecto de ley que establece la prohibición de la pirotecnia sonora. Esta vez se alcanzó el propósito de disponer tal prohibición con la antelación suficiente a la época de mayor consumo de estos elementos, que se concentra en torno de las celebraciones de fin de año. En mayo pasado, también por unanimidad, Diputados le dio media sanción a esta medida que alcanza a los fuegos artificiales que realicen ruido por encima de los 80 decibeles, tal como viene aplicándose en varios municipios con relativa efectividad.
El dictamen favorable que obtuvo en la Cámara alta fue precedido por rondas de consultas en las que pesó fuerte la opinión de padres de niños TEA, sector que trabajó persistentemente en obtener la norma. Al fundamentar el proyecto, en la misma línea que luego transitaron otros senadores, Javier Mónico Graciano –legislador de Rosario de la Frontera- destacó el derecho constitucional a la salud plena que tiene la ciudadanía.
Por otro andarivel, el representante de La Caldera, Héctor Miguel Calabró, opuso la necesidad de proteger el derecho de otras personas cuyo sustento familiar se obtiene precisamente de la actividad que finalmente se prohibió. Tres mil familias viven en Salta de la comercialización de la pirotecnia, precisó para dar sustento al reclamo de más diálogo para alcanzar consenso y lograr una solución equilibrada sin quitar derechos a la gente que vive de ello.
Otro caso es la persistente sucesión de cortes de rutas vertebrales en el norte de la Provincia. Se está tornando en un problema de larga data, sobre el que hay múltiples denuncias por parte de afectados, especialmente empresarios agropecuarios que registran significativas pérdidas al no poder movilizar su producción. Lo hizo saber el senador de Orán, Juan Cruz Curá, al reclamar enfáticamente la intervención de la Justicia Federal, atento a que los piquetes e instalan en las rutas nacionales 34, 50 y 5. Aclaró que su pedido no significa desconocer que a los manifestantes les asiste el derecho a protestar pero reconoció que de ningún modo se puede avalar un corte que impide el ejercicio del derecho a circular.
Los conflictos de derechos fundamentales constituyen un dilema al que los especialistas del Derecho –especialmente constitucionalistas- hicieron aportes pero no hay una sola salida. Una tendencia que concita mayor adhesión es aquella que propone la resolución mediante la ponderación. Es la tarea que le cabe a los jueces quienes deben sopesar la importancia de los derechos involucrados y tomar la determinación que promueva de mejor manera el derecho tutelado y dañe lo menos posible el derecho que resulta derrotado.
Si bien las confrontaciones no llegan a una solución única y deben disponerse en cada caso en particular, hay algunas que permanentemente se expresan porque la normativa vigente es su razón. Es el caso del aborto voluntario. Otras son consecuencias de particulares momentos, como está ocurriendo con el ejercicio del derecho a huelga, que se escapa de su escenario y se expande sobre ámbitos ajenos a través de movilizaciones, que impactan en la vida cotidiana de centros urbanos. También cabe en ese tipo de situación lo que ha venido sucediendo con la decisión de un sector político de entornar a su líder que está siendo juzgada por corrupción. Involuntariamente un grupo de ciudadanos tuvo que adaptarse, a costa de alterar sus prácticas cotidianas y para ellos todavía no hubo una justicia que vuelva a poner las cosas en su lugar. La colisión de derechos pone a prueba a quienes tienen responsabilidades en la conducción política de la sociedad, desde todos sus estamentos.
Salta, 09 de setiembre de 2022
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.