Por Aries, la coordinadora de la Guardia Feminista de Abogadas Católicas por el Derecho a Decidir, Rocío García Garro, afirmó que la incorporación bajo la figura de amicus curiae a la causa que involucra a Arzobispo Monseñor Mario Antonio Cargnello, al obispo emérito Martin Elizalde, al cura colaborador Lucio Ajalla y al juez único del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Salta, Loyola Pinto busca aportar argumentos por su experticia en violencia de género.
Además aseguraron que esperan que no prospere la solicitud de archivar la denuncia porque los hechos “pueden volver a ocurrir” y que ese será el argumento principal para evitar la solicitud del abogado de Monseñor. “Nuestra participación se direcciona a que se piensen medidas a largo plazo que también tengan un carácter aleccionador para este caso y para todas las monjas en situaciones similares” detalló.
“Nos presentamos el 30 de junio y el 1 de julio ya fuimos admitidas como amigas del tribunal” expresó y detallo que bajo esa figura las organizaciones o distintas partes de la sociedad civil comparecen en el juicio en carácter de terceras no interesadas. Buscan acercar argumentos al juez a cargo para fallar de una u otra manera sin parcialidad.
“En este caso se trata de una causa de violencia de género de mujeres católicas de clausura y nos parecía una situación muy excepcional que requiere que estemos participando” agregó.
Sin embargo, García Garro aclaró que su participación está sujeta al hecho de violencia de género y que eso fue lo que fundamentaron para ser incorporadas como amigas del tribunal. “En nuestra presentación destacamos que nos parecen clave que los hechos de violencia que se denuncian datan del 2020 en plena pandemia y que durante ese año venían siendo objeto de violencia sistemática donde hay una cuestión de violencia económica muy fuerte que les impedía su subsistencia” argumentó.
Sostuvo que el hecho debe contextualizarse en que el Convento San Bernardo estaba en condiciones indignas y había una falta de respuesta por parte del Arzobispo ante la de imposibilidad de gestionar por sí mismas los arreglos edilicios necesarios.
Además señaló que las Carmelitas acudieron durante 2020 ellas a la justicia canónica y que su denuncia en 2021 en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género comprende “un giro que las posicionan como ciudadanas víctimas de violencia”.
