Avanza en el Congreso el análisis de la reforma de la integración de la Corte de Justicia. Es probable que el Senado apruebe el proyecto que presentó un grupo de gobernadores pero no hay tanta certeza que en Diputados tenga el mismo trámite. Más allá del resultado, el tratamiento permite observar por dentro un poder cerrado a la mirada pública.
Opinión30/06/2022
La alianza Frente de Todos busca poner manos en la integración y funcionamiento de la Justicia desde que comenzó su gestión en el Poder Ejecutivo, ahora con mayoría ajustada en ambas Cámaras. Sus esfuerzos no fueron conducentes ni cuando intentó reformar la Procuración General ni cuando su objetivo fue el Consejo de la Magistratura. La relación con el máximo tribunal no fue fluida y los fallos no sirvieron a los fines del oficialismo ni a los intereses de la principal referente de ese sector político, la vicepresidenta Cristina Fernández, que enfrenta múltiples causas por corrupción.
El avance más significativo está a punto de concretarse en el Senado, donde se analizan cinco proyectos de ley que proponen modificar la integración y el funcionamiento de la Corte Suprema. El propósito tiene avales y genera oposición por partes iguales de especialistas e instituciones vinculadas al Derecho. Su opinión fue recabada en el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales del Senado que se inició la semana pasada y continuó este miércoles con la participación de siete de los 16 gobernadores que formalizaron su apoyo a la ampliación de la Corte, en la misma línea sostenida por el presidente Alberto Fernández. Fue precisamente ese proyecto, cuya presentación fue formalizada por dos senadores oficialistas, el que ya logró dictamen favorable y sería debatido en el recinto el 14 de julio próximo.
De lo que se trata es de modificar el artículo 21 del Decreto Ley Nº 1285, sancionado en febrero de 1958, por el entonces presidente Pedro Eugenio Aramburu. Determina que la Corte Suprema de Justicia estará compuesta por cinco jueces y un procurador general. Tendrá su asiento en la Capital Federal y designará su presidente. Dictará su reglamento interno y económico y el reglamento para la Justicia nacional, estableciendo las facultades de superintendencia de la Corte Suprema y tribunales inferiores. Su texto fue modificado en 1960, elevando a siete el número de jueces; en 1966, cuando se reduce a 5; en 1990 cuando se incrementa ese número nuevamente y se fija en 9 y, finalmente, en 2006 cuando vuelve al número original de 5 jueces. Esta vez la apuesta se redobla y el proyecto de la llamada Liga de Gobernadores, de la que forma parte el de Salta, pretende integrar una Corte de 25 miembros. Varias son las razones que sustentan esta propuesta.
Con cinco miembros establecidos, de los cuales solo cuatro funcionan, el tribunal argentino es el más pequeño de todo el planeta Tierra, según las expresiones del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. Esta integración genera problemas de funcionamiento por cuanto le llegan hasta 35 mil causas por año que deben resolver esos cuatro jueces, cuando la Corte estadounidense –que es el modelo al que generalmente se remiten- tiene 8 jueces y un noveno que ejerce la presidencia y resuelve 200 causas como máximo por año.
El federalismo es otra arista que sostiene la posición de los gobernadores. La Corte fue centralista desde su origen y solo las provincias grandes llegaron a integrarla. En 159 años desde su creación, un 60% de sus miembros fueron graduados de la UBA, 57% procedente de la provincia de Buenos Aires, 1% de la Ciudad Autónoma de Bs. As, 10% de Córdoba y 5% de Santa Fe. “Si uno observa quiénes no han tenido participación en el máximo tribunal son 11 las provincias que nunca tuvieron un juez en él”, cuestionó el gobernador del Chaco Jorge Capitanich.
En toda su historia, solo tres mujeres integraron la Corte. La cuestión de género resulta así otra falencia.
De todas maneras, a esta institución –al igual que a muchas otras de la democracia- le falta recuperar la confianza de la sociedad. Si no lo logra, cualquier cambio solo será maquillaje para una puesta en escena.
Salta, 30 de junio de 2022
La efervescencia electoral ya se aplacó y se ponderaron los resultados de los últimos comicios en términos de bancas en ambas cámaras del Congreso. El oficialismo nacional fue un claro ganador pero solo mejoró su posición negociadora para encarar las reformas de segunda generación.
“Hemos ido a una elección, hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie, porque todos hemos recuperado nuestros derechos”. Cuarenta y dos años después, esta expresión sigue siendo una síntesis de lo que quizás la historia argentina reconozca como una gesta que cambió el camino ignominioso por el que transitaba la vida institucional, alternando gobiernos democráticos con dictaduras cívico militares.
La provincia de Salta abrió un debate que, tarde o temprano, todas las administraciones provinciales deberán dar: cuánto cuesta el Estado y qué tan eficiente es en la gestión.
Se va a revisar la normativa que regula el funcionamiento de la Cooperadoras Escolares. Es la primera respuesta a una situación que cada año se repite al momento de habilitar la matrícula para cada año lectivo.
Mientras los argentinos votaban entre promesas y frustraciones, los grandes fondos ya habían ganado la elección. En diez días hicieron un negocio que ningún gobierno podría garantizar sin complicidad política.
Tras las elecciones de medio tiempo, importa atender el medio tiempo que resta. Por delante hay dos años de mandato para los Ejecutivos nacional y provincial y pensarlos en términos de una renovación reducirá la apreciación de una gestión obligada a resolver severos problemas por los que atraviesa el país.
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, señaló que el gabinete provincial presentó su renuncia al gobernador Gustavo Sáenz para facilitar una reestructuración. Aseguró que los cambios buscan “una gestión más ágil y con menor costo”.
Se encuentra abierta la convocatoria para que asociaciones e instituciones deportivas de la provincia postulen a sus tres (3) deportistas más destacados del ciclo 2025.