En esa ocasión, imputó duramente al presidente su falta de accionar para imponer una organización social y económica regulada por el Estado, con desprecio total de la actividad privada.
Se trata de una concepción de tinte autoritario, cuyo fracaso ha sido probado acabadamente no solo en nuestro país, sino también en otros lugares del mundo.
Pero también Cristina, aprovechó la ocasión para brindar insólitas lecciones de economía, explayándose en afirmaciones tan descabelladas como la de que la descontrolada emisión de papel moneda que actualmente padecemos, no provocaria inflación ni daño alguno.
Esto es verdaderamente sorprendente ya que no es necesario ser economista. para darse cuenta de que si así fuera, ningún gobierno en el mundo, tendría inconveniente para mantener indefinidamente una situación de bienestar paradisíaco.
Solo sería necesario hacer trabajar al rojo vivo a las máquinas de fabricar papel moneda, para que sobren recursos para ejecutar cuanta obra pública se desee, además de brindar enormes subsidios a todos los habitantes y se tornaría incluso, totalmente innecesario cobrar impuestos.
Lamentablemente, la realidad es otra, porque impera como todos sabemos, una ley económica elemental de la que surge que a mayor oferta de un producto, en este caso papel moneda, cada vez es menor su valor y en un mundo globalizado como el que vivimos, en el cual no solo para fabricar productos esenciales, sino también para nuestra propia subsistencia, necesitamos proveernos de productos importados, debemos utilizar divisas, es decir dólares, que nos costarán cada vez más caros por la depreciación de nuestra moneda, lo cual provocará inevitablemente, una inflación cada vez más grave.
Es lo que actualmente padecemos, con un índice inflacionario que es el tercero del mundo y el más alto de los últimos treinta años. Lamentablemente, en este sendero de mayor emisión en el que nos encontramos, muchos economistas prevén que la inflación de este año, puede alcanzar los tres dígitos, es decir, más del cien por ciento, lo cual nos colocaría a la puerta de una catastrófica hiperinflación.
A esto se le añade la absoluta falta de credibilidad de la cual padece nuestro gobierno en el mundo, por su demostrada impericia en la conducción y carencia de plan económico, lo que se traduce en la ausencia de inversiones que impulsen nuestro desarrollo y la escasez de crédito.
Consecuencia de lo cual, hoy padecemos un riesgo país de nada menos que dos mil cuatrocientos puntos, que representa la diferencia de tasa de interés que debemos pagar si conseguimos un crédito, comparada con la tasa vigente en los Estados Unidos.
Hay que añadir la situación institucional tan preocupante, que resulta de la total fractura interna entre los sectores más duros del kirchnerismo representados por la Cámpora y el grupo cada vez más reducido que secunda al presidente.
Porque a Alberto, han dejado de acompañarlo la mayoría de los gobernadores justicialistas, cansados de esperar infructuosamente, gestos de independencia y autoridad, por lo que, a instancias de Cristina, llevaron a cabo en el Chaco, una reunión constitutiva de una liga formada entre ellos y destinada a ejercer presión sobre Fernández.
También la mayor parte de los movimientos sociales y del sindicalismo clásico, que hasta ahora se habían constituido en su casi único apoyo político, han comenzado a tomar prudente distancia, previendo el empeoramiento de la situación económica y el agravamiento de la crisis social.
Naturalmente que ha desaparecido todo amague serio de un proyecto reeleccionista, reduciéndose todo a terminar el mandato, lo menos traumáticamente posible.
Entretanto el kirchnerismo, convencido ya de la imposibilidad de soñar con un triunfo en el 2023, concentra todos sus esfuerzos en mantener su bastión en la provincia de Buenos Aires, con la reelección de Kicillof y la senaduría de Cristina, más necesitada que nunca de mantener sus fueros, ante la reciente sentencia de la Corte Suprema que, tal como lo anticipáramos, rechazó categóricamente todos los recursos que ella había interpuesto, tratando de evitar el inicio del juicio por la arbitraria adjudicación de una enorme cantidad de obras públicas a Lázaro Báez, como resultado del cual, probablemente se le termine imponiendo, una severa condena.
