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Opinion 21 de junio de 2022
La región Norte Grande es la beneficiada con el programa de preinversión para avanzar en proyectos de barrios populares. Fue lanzado la semana pasada y su primer paso comenzó a ejecutarse este martes con una convocatoria a ingenieros y arquitectos con perfiles urbano y social, para que se hagan cargo del diseño y la ejecución de iniciativas en infraestructura.
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La problemática de los barrios populares como objeto de medidas gubernamentales es ya de larga data. En la última década hubo varias acciones, entre ellas la creación del RENABAP, un registro nacional para tener identificados a estos asentamientos poblacionales.  Se trata de barrios vulnerables a los que se llama villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo. Son espacios con un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos dos de los servicios básicos, como lo son las redes de agua corriente, de energía eléctrica con medidor domiciliario y la cloacal. 

Un conjunto de leyes y decretos apuntan a convertir la atención de su problemática en una política de estado. Es el caso de la Ley 27453, que establece el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, por el que se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación, la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares relevados en el RENABAP.

La integración socio urbana busca, entre otros objetivos, la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos y la eliminación de barreras urbanas. También se propone lograr la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, pero especialmente la seguridad en la tenencia y la regularización dominial. 

Distintas agencias de los gobiernos nacional, provinciales y municipales están comprometidos con las acciones contempladas en el entramado normativo, al que ahora se ha sumado un conjunto de disposiciones destinadas al financiamiento de equipos técnicos para el desarrollo de proyectos ejecutivos en los barrios populares de las diez provincias del norte del país. Este Programa de Preinversión trata de resolver un problema que, pese a la acumulación de intervenciones burocráticas, fue identificado como uno de los grandes obstáculos que se verifica tanto en el sector público como en el privado y es la falta de proyectos para avanzar en la inversión de recursos disponibles.

Hasta el momento en todo el país se llevan invertidos más de 70 mil millones de pesos, que favorecieron a más de 100 mil familias de los barrios populares registrados. Incluye la distribución de fondos a través del programa Mi Pieza, destinado a mujeres. La Provincia y los municipios, especialmente la Capital, son responsables de algunas acciones como, por ejemplo, la apertura de calles en barrios que tienen varias décadas de vida.

Política federal de profundo contenido social es la carta de presentación de esta compleja trama para resolver la problemática de los barrios populares. En tiempos preelectorales toma mayor peso y se convierte en un área de atracción para la dirigencia con pretensiones de repetir o empezar el ejercicio de un cargo electivo. 

El control social, especialmente de parte de los beneficiarios, es un ejercicio obligado. 

Salta, 21 de junio de 2022

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