La región Norte Grande es la beneficiada con el programa de preinversión para avanzar en proyectos de barrios populares. Fue lanzado la semana pasada y su primer paso comenzó a ejecutarse este martes con una convocatoria a ingenieros y arquitectos con perfiles urbano y social, para que se hagan cargo del diseño y la ejecución de iniciativas en infraestructura.
Opinión21/06/2022
La problemática de los barrios populares como objeto de medidas gubernamentales es ya de larga data. En la última década hubo varias acciones, entre ellas la creación del RENABAP, un registro nacional para tener identificados a estos asentamientos poblacionales. Se trata de barrios vulnerables a los que se llama villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo. Son espacios con un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos dos de los servicios básicos, como lo son las redes de agua corriente, de energía eléctrica con medidor domiciliario y la cloacal.
Un conjunto de leyes y decretos apuntan a convertir la atención de su problemática en una política de estado. Es el caso de la Ley 27453, que establece el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, por el que se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación, la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares relevados en el RENABAP.
La integración socio urbana busca, entre otros objetivos, la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos y la eliminación de barreras urbanas. También se propone lograr la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, pero especialmente la seguridad en la tenencia y la regularización dominial.
Distintas agencias de los gobiernos nacional, provinciales y municipales están comprometidos con las acciones contempladas en el entramado normativo, al que ahora se ha sumado un conjunto de disposiciones destinadas al financiamiento de equipos técnicos para el desarrollo de proyectos ejecutivos en los barrios populares de las diez provincias del norte del país. Este Programa de Preinversión trata de resolver un problema que, pese a la acumulación de intervenciones burocráticas, fue identificado como uno de los grandes obstáculos que se verifica tanto en el sector público como en el privado y es la falta de proyectos para avanzar en la inversión de recursos disponibles.
Hasta el momento en todo el país se llevan invertidos más de 70 mil millones de pesos, que favorecieron a más de 100 mil familias de los barrios populares registrados. Incluye la distribución de fondos a través del programa Mi Pieza, destinado a mujeres. La Provincia y los municipios, especialmente la Capital, son responsables de algunas acciones como, por ejemplo, la apertura de calles en barrios que tienen varias décadas de vida.
Política federal de profundo contenido social es la carta de presentación de esta compleja trama para resolver la problemática de los barrios populares. En tiempos preelectorales toma mayor peso y se convierte en un área de atracción para la dirigencia con pretensiones de repetir o empezar el ejercicio de un cargo electivo.
El control social, especialmente de parte de los beneficiarios, es un ejercicio obligado.
Salta, 21 de junio de 2022
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
El propósito de esta columna no es meramente expresar una opinión, sino informar y advertir sobre efectos jurídicos, previsionales y sociales que, de no ser revisados, pueden profundizar desigualdades ya existentes.
La actividad política estará centrada en la semana que se inicia hoy en la Legislatura provincial y en el Congreso. También habrá en Salta un impulso de gestión dado por la renovación del gabinete de Gustavo Sáenz, La confluencia de estos factores configuran un cierre de año movilizante, que también se observará en las calles.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
Tras la decisión del Gobierno de trasladar el debate de la reforma laboral al 10 de febrero, la CGT emitió un comunicado atribuyendo la demora a las masivas movilizaciones en todo el país.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lideró siete allanamientos en Salta y Cerrillos para desarticular una red de estafas piramidales dentro del Servicio Penitenciario.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) se presentó en el Ministerio de Educación de Salta para retirar documentación clave en una causa por falsificación de certificados.