Mientras el Concejo Deliberante de la Capital sigue esperando la remisión de un nuevo proyecto de ordenanza para la autorización de endeudamiento con destino a la obra pública, la Intendenta apura esa decisión, advirtiendo que se está a merced de la discrecionalidad política.
Opinión26/05/2022
Hay consenso en torno de la necesidad de obras de infraestructura, se reconoce que el presupuesto comunal es exiguo para enfrentarlas pero nadie va a firmar un cheque en blanco.
Tras los actos del 25 de Mayo, la titular del Ejecutivo municipal Bettina Romero ratificó la decisión de recurrir al financiamiento privado, atento que el equilibrio de las cuentas del Municipio determina condiciones favorables para tomar un crédito, como lo hacen las principales capitales del país o el propio Gobierno Provincial. Lo contrario, insistió, significaría depender de recursos nacionales o provinciales que no llegaron de manera sostenida por lo menos en la última década; de allí que haya barrios a los que les faltan agua y cloacas.
El déficit de obras importantes es aún elevado. Hay compromisos asumidos por el Gobierno central y también un aporte de 400 millones de pesos que el gobernador Gustavo Sáenz arregló a través de un convenio que suscribió con Romero, a fin de pavimentar calles en todo el ejido municipal. Pero no hay mayores precisiones, como tampoco las hay respecto del endeudamiento que la propia Intendenta ha gestionado ante el Concejo Deliberante y que se estuvo negociando en sucesivas reuniones sin aportar datos esenciales.
Un primer proyecto de ordenanza para autorizar la toma de un préstamo para ejecución de obras ha quedado suspendido por no tener explícitos los montos ni los plazos correspondientes. Lo que se conoce son expresiones verbales de funcionarios de segunda línea que, lejos de alentar el acompañamiento, torna más exigible la discusión sobre los términos del endeudamiento. Tasas del 58% y un plazo de siete años no pueden autorizarse si no se discute el destino de los fondos que se obtendrán por esa vía.
Otras referencias apuntaban en principio a un crédito equivalente al 25 % de la renta municipal pero luego se dijo que podrían ser mil millones de pesos. Es lo que reveló el titular del principal bloque de la oposición, el concejal José Gauffín y la misma cifra fue ratificada por su par Carolina Am, del monobloque oficialista Primero Salta. El monto se destinaría a la primera etapa de acondicionamiento del canal Irigoyen, y a la ejecución de trabajos complementarios al puente Ayacucho.
El problema no radica solamente en que el proyecto girado al Concejo no determina plazos ni montos, entre otras precisiones imprescindibles, sino que invalida anuncios realizados por el propio Departamento Ejecutivo del Municipio de Salta. Es el caso del financiamiento comprometido por la Nación para las obras del puente Ayacucho por 500 millones de pesos, que no han llegado aunque fueron confirmados por la intendenta en su mensaje del 1 de marzo de apertura del período ordinario de sesiones y si lo hacen, podrían ser desviados a otros destinos.
Es la falta de transparencia la que perturba una relación que, si fuese más franca y seria, facilitaría decisiones que –según el discurso- apuntan a mejorar la calidad de vida de la mitad de los habitantes de la Provincia. El sinuoso camino por el que se pretende llegar a un objetivo virtuoso genera la legítima desconfianza de quienes tienen la obligación de controlar el manejo de recursos públicos que, además, no son generosos.
Salta, 26 de mayo de 2022
El caótico momento en el que están inmersos los gobernadores puede resultar en un mayor acercamiento con la sociedad o en un distanciamiento definitivo, con inevitable impacto en sus pretensiones para 2027, cuando concluya el mandato de la mayoría de ellos. Su actual demanda de recursos achica sus posibilidades de maniobra política.
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