Mientras el Concejo Deliberante de la Capital sigue esperando la remisión de un nuevo proyecto de ordenanza para la autorización de endeudamiento con destino a la obra pública, la Intendenta apura esa decisión, advirtiendo que se está a merced de la discrecionalidad política.
Opinión26/05/2022
Hay consenso en torno de la necesidad de obras de infraestructura, se reconoce que el presupuesto comunal es exiguo para enfrentarlas pero nadie va a firmar un cheque en blanco.
Tras los actos del 25 de Mayo, la titular del Ejecutivo municipal Bettina Romero ratificó la decisión de recurrir al financiamiento privado, atento que el equilibrio de las cuentas del Municipio determina condiciones favorables para tomar un crédito, como lo hacen las principales capitales del país o el propio Gobierno Provincial. Lo contrario, insistió, significaría depender de recursos nacionales o provinciales que no llegaron de manera sostenida por lo menos en la última década; de allí que haya barrios a los que les faltan agua y cloacas.
El déficit de obras importantes es aún elevado. Hay compromisos asumidos por el Gobierno central y también un aporte de 400 millones de pesos que el gobernador Gustavo Sáenz arregló a través de un convenio que suscribió con Romero, a fin de pavimentar calles en todo el ejido municipal. Pero no hay mayores precisiones, como tampoco las hay respecto del endeudamiento que la propia Intendenta ha gestionado ante el Concejo Deliberante y que se estuvo negociando en sucesivas reuniones sin aportar datos esenciales.
Un primer proyecto de ordenanza para autorizar la toma de un préstamo para ejecución de obras ha quedado suspendido por no tener explícitos los montos ni los plazos correspondientes. Lo que se conoce son expresiones verbales de funcionarios de segunda línea que, lejos de alentar el acompañamiento, torna más exigible la discusión sobre los términos del endeudamiento. Tasas del 58% y un plazo de siete años no pueden autorizarse si no se discute el destino de los fondos que se obtendrán por esa vía.
Otras referencias apuntaban en principio a un crédito equivalente al 25 % de la renta municipal pero luego se dijo que podrían ser mil millones de pesos. Es lo que reveló el titular del principal bloque de la oposición, el concejal José Gauffín y la misma cifra fue ratificada por su par Carolina Am, del monobloque oficialista Primero Salta. El monto se destinaría a la primera etapa de acondicionamiento del canal Irigoyen, y a la ejecución de trabajos complementarios al puente Ayacucho.
El problema no radica solamente en que el proyecto girado al Concejo no determina plazos ni montos, entre otras precisiones imprescindibles, sino que invalida anuncios realizados por el propio Departamento Ejecutivo del Municipio de Salta. Es el caso del financiamiento comprometido por la Nación para las obras del puente Ayacucho por 500 millones de pesos, que no han llegado aunque fueron confirmados por la intendenta en su mensaje del 1 de marzo de apertura del período ordinario de sesiones y si lo hacen, podrían ser desviados a otros destinos.
Es la falta de transparencia la que perturba una relación que, si fuese más franca y seria, facilitaría decisiones que –según el discurso- apuntan a mejorar la calidad de vida de la mitad de los habitantes de la Provincia. El sinuoso camino por el que se pretende llegar a un objetivo virtuoso genera la legítima desconfianza de quienes tienen la obligación de controlar el manejo de recursos públicos que, además, no son generosos.
Salta, 26 de mayo de 2022
La mayor parte de las expectativas generadas por la reunión bilateral de los presidentes Javier Milei y Donald Trump no se cubrieron y los mercados de inmediato reaccionaron negativamente. En tanto, logró dictamen el proyecto de ley para declarar la emergencia de las pymes en la Argentina.
Un encuentro improvisado en Washington terminó mostrando la sumisión de Milei ante Trump. Ni acuerdos, ni inversiones: solo obediencia y vergüenza nacional.
El gobierno provincial espera contar, al cierre de este mes, con herramientas para concurrir en asistencia de las mipymes provinciales, envueltas en una severa crisis. En la Legislatura se trata el proyecto de ley que contempla la creación del Fondo de Garantías de Salta.
Comenzó a transitarse la recta final de una campaña electoral que los analistas calificaron como rara. Esta elección de medio tiempo va a plebiscitar la política económica del Gobierno nacional y ello puso en el escenario a otros protagonistas, que no tienen dos semanas para atender sino dos años para resolver los problemas pendientes de su administración.
Antes que dar mi opinión sobre el inédito rescate ofrecido al gobierno de Milei por el de su par norteamericano, Donald Trump, creo que puede resultar mucho más útil referirme a las reflexiones del premio Nobel de economía, el estadounidense Paul Krugman acerca del accionar de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Trump, que han tenido enorme repercusión en los diferentes medios gráficos nacionales que comparto.
El penúltimo fin de semana largo del año puede servir para acomodar muchas piezas que la dinámica política ha desacomodado en los últimos días. La economía volvió a recuperar la centralidad que por un momento ocupó la Justicia, cuya intervención sacó del juego a protagonistas excluyentes del tiempo electoral en marcha. Estos movimientos han configurado un nuevo panorama.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.