Como suele suceder esporádicamente, de alguna manera está irrumpiendo el debate por la reforma de la coparticipación federal. En este caso tomó una inquietante forma de confrontación entre la Corte de Justicia y 17 gobernadores.
Opinión12/05/2022
La situación se origina en un desacuerdo entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional que ha recordado que está pendiente de resolución una manda constitucional de reforma de la ley vigente, para encontrar una forma más conveniente de distribuir la masa de recursos que se recaudan para el funcionamiento de los Estados.
Este miércoles venció el plazo para que la Nación y CABA acuerden sobre los fondos destinados al traspaso de la Policía Federal sin llegar a un acuerdo. Fue el máximo Tribunal de Justicia el que llamó a las partes a encontrar una solución al diferendo a través del diálogo y les dio un plazo de 30 días hábiles. Ese lapso tuvo que ser extendido hasta esta semana aunque infructuosamente y ahora debe fallar en la cuestión.
El conflicto tuvo su origen en dos decretos con que el ex presidente Mauricio Macri aumentó los fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires con el argumento de la transferencia de la Policía al distrito. Los excesivos recursos transferidos eran el problema por lo que en septiembre de 2020 Alberto Fernández anunció el redireccionamiento de parte esos fondos hacia la provincia de Buenos Aires en medio de una sublevación de la Policía bonaerense por cuestiones salariales. Casi de inmediato se sancionó una ley ordenando que los montos a transferirse por ese concepto debían definirse de manera acordada entre las partes, precisando que ese dinero no se derive de la coparticipación sino de partidas especiales. CABA resistió y recurrió a la Justicia, que no pudo evitar tener que pronunciarse.
Fue entonces que la Corte Suprema fue advertida por un grupo de gobernadores que el federalismo no se negocia y que debe abstenerse de intervenir en la cuestión. Es que los mandatarios consideran que puede alterar el plexo normativo constitucional quienes precisamente son los que “deberían ser sus celosos custodios", dice el documento que emitieron al respecto.
La forma y el fondo de este pronunciamiento no son datos menores. No es casual que los seis gobernadores que no adhirieron no están alineados con el oficialismo nacional; más aún, tres de ellos son de Cambiemos. A las advertencias que hicieron a los miembros de la Corte, que incluye la declaración que no aceptarán decisiones que violen flagrantemente el federalismo, sumaron la exigencia de ser aceptados como amicus curiae. Adelantaron que presentarán acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de recursos provinciales.
El documento es el segundo paso. El primero fue la adhesión a un informe técnico elaborado en el marco de la Comisión Federal de Impuestos. Los cálculos de los expertos respecto de la cifra que se discute no le dan la razón al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
La confrontación, que ahora arrastra a los mandatarios y pone en tela de juicio el carácter de árbitro de los jueces, reactualiza la necesidad de tratar la reforma de la ley de coparticipación federal. Más aún, es posible que haya llegado el momento de discutir muchos temas pendientes de resolución de la agenda fiscal argentina.
Esta instancia pone a prueba la capacidad de gestor del gobernador Gustavo Sáenz, que puso la firma en el pronunciamiento.
Salta 12 de mayo de 2022
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
Un soldado voluntario identificado como Facundo Gabriel Lima fue hallado sin vida en su domicilio de Las Heras, Mendoza. Con este hecho, ya suman tres los integrantes del Ejército Argentino fallecidos en la última semana.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
El Gobierno anunció la subasta de tres predios del programa PROCREAR - disuelto poco después de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada- ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en Paraná y Entre Ríos.