
Se trata de un espacio natural en la cima del cerro con una pequeña tribuna rodeada de árboles, que ofrece un entorno único para eventos culturales y artísticos. Lleva el nombre del conjunto folclórico salteño.
El Juez único de Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Salta detalló que las monjas nunca dieron a conocer sus ingresos y egresos como lo deben hacer de forma anual e indicó que el administrador es el esposo de quien dice recibir mensajes de la Virgen del Cerro.
Salta02/05/2022Por Aries, el Vicario Judicial y juez único del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Salta, Loyola Pinto y de Sancristóval indicó que el Convento de las Carmelitas Descalzas nunca cumplió con la redición anual de sus bienes a la Iglesia y señaló que el síndico encargado de hacerlo es el contador Carlos Obeid, esposo de María Livia Galiano.
“Nunca hicieron la rendición anual, las monjas tampoco saben lo que ellas tienen. Deben rendirle cuentas al Obispo Monseñor Mario Antonio Cargnello, pero no lo hicieron”, expresó el juez.
También manifestó que el comunicado publicado por la Arquidiócesis de Salta no es una respuesta a la denuncia hacia Monseñor Cargnello por violencia de género sino un comunicado sobre la visita que la Santa Sede había realizado al Convento San Bernardo el 30 de marzo en el marco de una evaluación sobre la vinculación de las mojas con la obra de la Virgen del Cerro.
“El documento publicado intenta ayudar a que las monjas Carmelitas sean Carmelitas y no otra cosa, se están involucrado plenamente en una obra que no ha sido reconocido por la iglesia”, dijo Pinto.
El vicario judicial agregó que el cuestionamiento sobre la veracidad del mensaje recibido por María Livia de Obeid, se justifica en diversos aspectos, entre ellos, el hecho de que la mujer no entregó nunca el estudio psiquiátrico solicitado. “Es difícil discernir si el mensaje viene del Cielo o no”, añadió.
Además, el juez único del Tribunal Eclesiástico, indicó que si bien la Santa Sede les solicita a las Carmelitas desvincularse de la Obra de la Inmaculada Madre, no tiene la autoridad para intervenir, ya que se trata de una fundación civil. Aseguró que en el peor de los casos, la Iglesia podría hacer uso de sus recursos para procurar el cumplimiento de las indicaciones expresas en el comunicado. Las acciones para que las monjas obedezcan, indicó Pintos, podrían ser el traslado de las religiosas, el ingreso de hermanas de otros conventos, o hasta “podría llegar a pasar a que dejen de ser monjas, tener que irse a otra orden o a otro convento”.
Por último aseguró que en el Tribunal Eclesiástico no hay ninguna presentación por violencia relacionada a la denuncia contra Monseñor Cargnello.
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