Corrupción

No es que sean frecuentes los pedidos de desafuero pero muchos son los motivos que hacen que este llame la atención. Es la segunda vez que en menos de un año ingresa una solicitud de esta naturaleza sobre el mismo senador. En junio de 2021 ese Juzgado informó a la Cámara de Senadores de la provincia de Salta de la existencia de acusación en contra  el legislador por peculado y requirió su desafuero ante la necesidad de proceder a la extracción compulsiva de fichas dactilares y confección del prontuario. Es que no se podía remitir la causa a juicio, por no contar con la identificación dactiloscópica del imputado, su planilla prontuarial y el informe del Registro Nacional de Reincidencia y ello no era posible por la incomparecencia injustificada y continuada del acusado. Antes que el cuerpo se pronuncie sobre la cuestión, hubo una presentación voluntaria a cumplir con ese trámite.  

Por supuesto que la defensa de Ramos se movió apelando dicho auto resolutivo, lo que fue declarado inadmisible y el juez remitió la causa a juicio para el 18 de agosto de 2021. Pero antes que se concrete, el Tribunal de Impugnación pidió el expediente por una queja ante la apelación rechazada, a la que se hizo lugar parcialmente. Esta decisión paralizó toda acción hasta tanto la Cámara decida el desafuero del senador. 

Importa destacar este itinerario porque no es la primera vez que el rosarino está involucrado en causas judiciales. Esta vez es por corrupción en la administración de los fondos de un proyecto social nunca realizado para el carenciado barrio Islas Malvinas. Es un hecho que ocurrió cuando era intendente de Rosario de Lerma en 2013 y recibió fondos por casi medio millón de pesos de la Provincia a través de la Secretaría de Economía Social y Empleo.  Lo denunció su sucesor y casi una década después, el avance es mínimo.

El temor es que se repita lo acontecido con la conocida como Causa de los intendentes, en la que fueron imputados por malversación de fondos de sus respectivas Cooperadoras Asistenciales los jefes comunales de Cerrillos, Campo Quijano y Sergio Ramos, de Rosario de Lerma. Se inició en 1997, acumuló más de 35 cuerpos y veinte años después terminó con su sobreseimiento. Se declaró la extinción de la acción penal por prescripción luego de un procedimiento recursivo que se prolongó por más de once años. Se impuso el derecho constitucional y convencional a ser juzgado en un plazo razonable.

Como en otros hechos de notoria repercusión pública, lo que queda en evidencia es un accionar de la Justicia que no pareciera ocupada en colocar las cosas en su lugar, amparada por conductas corporativas. Las víctimas son las instituciones y la política, sumidas en un creciente desprestigio.

Por supuesto que también lo es la sociedad, especialmente sus sectores más necesitados. El asistencialismo, cuando no hay control ni castigo a los desvíos, es materia de corrupción. 

Salta, 29 de abril de 2022