En la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designación del Senado ya se encuentra para su análisis el pedido de desafuero de Sergio Ramos, representante de Rosario de Lerma. La próxima semana comenzará su tratamiento, con la solicitud de los antecedentes para determinar si amerita hacer lugar al pedido del juez de Garantías de Segunda Nominación, Ignacio Colombo.
Opinión29/04/2022
No es que sean frecuentes los pedidos de desafuero pero muchos son los motivos que hacen que este llame la atención. Es la segunda vez que en menos de un año ingresa una solicitud de esta naturaleza sobre el mismo senador. En junio de 2021 ese Juzgado informó a la Cámara de Senadores de la provincia de Salta de la existencia de acusación en contra el legislador por peculado y requirió su desafuero ante la necesidad de proceder a la extracción compulsiva de fichas dactilares y confección del prontuario. Es que no se podía remitir la causa a juicio, por no contar con la identificación dactiloscópica del imputado, su planilla prontuarial y el informe del Registro Nacional de Reincidencia y ello no era posible por la incomparecencia injustificada y continuada del acusado. Antes que el cuerpo se pronuncie sobre la cuestión, hubo una presentación voluntaria a cumplir con ese trámite.
Por supuesto que la defensa de Ramos se movió apelando dicho auto resolutivo, lo que fue declarado inadmisible y el juez remitió la causa a juicio para el 18 de agosto de 2021. Pero antes que se concrete, el Tribunal de Impugnación pidió el expediente por una queja ante la apelación rechazada, a la que se hizo lugar parcialmente. Esta decisión paralizó toda acción hasta tanto la Cámara decida el desafuero del senador.
Importa destacar este itinerario porque no es la primera vez que el rosarino está involucrado en causas judiciales. Esta vez es por corrupción en la administración de los fondos de un proyecto social nunca realizado para el carenciado barrio Islas Malvinas. Es un hecho que ocurrió cuando era intendente de Rosario de Lerma en 2013 y recibió fondos por casi medio millón de pesos de la Provincia a través de la Secretaría de Economía Social y Empleo. Lo denunció su sucesor y casi una década después, el avance es mínimo.
El temor es que se repita lo acontecido con la conocida como Causa de los intendentes, en la que fueron imputados por malversación de fondos de sus respectivas Cooperadoras Asistenciales los jefes comunales de Cerrillos, Campo Quijano y Sergio Ramos, de Rosario de Lerma. Se inició en 1997, acumuló más de 35 cuerpos y veinte años después terminó con su sobreseimiento. Se declaró la extinción de la acción penal por prescripción luego de un procedimiento recursivo que se prolongó por más de once años. Se impuso el derecho constitucional y convencional a ser juzgado en un plazo razonable.
Como en otros hechos de notoria repercusión pública, lo que queda en evidencia es un accionar de la Justicia que no pareciera ocupada en colocar las cosas en su lugar, amparada por conductas corporativas. Las víctimas son las instituciones y la política, sumidas en un creciente desprestigio.
Por supuesto que también lo es la sociedad, especialmente sus sectores más necesitados. El asistencialismo, cuando no hay control ni castigo a los desvíos, es materia de corrupción.
Salta, 29 de abril de 2022
Para una provincia que lleva más de medio siglo trabajando en una integración regional con sus vecinos de esta parte del continente, este sábado será un día de grandes expectativas. En Asunción del Paraguay se firmará el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, conformando un mercado de más de 700 millones de consumidores.
Apenas iniciado un nuevo año, la atención ciudadana se está centrando en la compleja situación económica que anticipa un 2026 difícil. Así se ha reconocido desde la Unión Industrial de Salta, sector que no registra cierre de empresas pero sí pérdidas de puestos de trabajo. También desde la Cámara PYME hay advertencias sobre severas dificultades en el sector.
El gobierno nacional celebró la inflación de 2025, pero es un porcentaje que el resto del mundo no va a aplaudir. Los argentinos pueden entender la satisfacción de una administración que, desde su inicio, se impuso el objetivo de dominar un elemento limitante y pernicioso. Pero no cabe un exceso de entusiasmo.
Se aguarda el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, mientras avanzan las negociaciones sobre el proyecto de reforma laboral. En tanto, se van sumando propuestas para tratar en el período que sólo puede extenderse hasta el último día de febrero, alertando a distintos sectores sobre las problemáticas que abordan.
Si bien la mayor parte de las familias argentinas no saldrá de vacaciones, los centros turísticos del país están visualizando una temporada de verano con mejores perspectivas que las proyectadas. El norte del país informa de una consolidación de la región como destino importante, abandonando definitivamente la creencia que no es atractiva cuando las temperaturas se elevan.
Aunque tiene dictamen de mayoría, no pareciera que la ley de modernización laboral tenga allanado el camino a su sanción. De allí que varios gobernadores aguardan la visita de uno de los negociadores designados por el presidente Javier Milei para ganar voluntades, por ahora insuficientes.
Martín Ignacio Plaza es el postulante a la Corte de Justicia de Salta. Abogado con más de 30 años de trayectoria, combina carrera académica y gestión pública.
“Seguimos posicionando a Salta como sede del deporte nacional, con eventos que generan turismo, actividad económica y más oportunidades para los salteños”, tuiteó el gobernador Gustavo Sáenz.
La justicia federal investiga una presunta red internacional de intermediarios que habría canalizado más de US$ 300 millones de la AFA fuera del circuito legal argentino entre 2021 y 2025.
El reconocido coplero y bagualero falleció este jueves a los 86 años. Referente indiscutido de la cultura popular del norte argentino, dedicó su vida a preservar las tradiciones ancestrales y a fortalecer la identidad de los pueblos vallistos y puneños.
Por un lado, Ernesto Flores fue reubicado en Tránsito y Seguridad Vial, mientras que José Luis Napoleón Gambetta asumió como nuevo Subsecretario de Protección Ciudadana.