Son plazos que se van cumpliendo a partir que el 16 de diciembre último, en máximo tribunal declarara inconstitucional la Ley 26.080 que en el 2006 modificó la composición del Consejo de la Magistratura. En el mismo pronunciamiento dio 120 días para sancionar una nueva ley, propósito que el Poder Ejecutivo también sostenía cuando en noviembre había girado al Senado de la Nación un proyecto para llevar de 13 a 17 el número de consejeros.
Los cuatro meses transcurrieron sin que el Congreso acatara el fallo judicial, dejando en pie otra decisión contenida en el fallo de la Corte que es la de sostener la vigencia de la ley anterior a la declarada inconstitucional, que pone la presidencia del Consejo en sus manos. La puja dejó a toda la institucionalidad de la democracia argentina, más allá de su mala calidad, al borde del abismo.
Seguramente el ciudadano común no tiene en foco que el tironeo pasa por no dejar que el sector político partidario, que tiene su expresión en los otros dos poderes, monopolice decisiones que afectan a la Justicia, tanto respecto del nombramiento de jueces como con el manejo de los fondos. Y si tiene en claro lo que ocurre en la cúspide del poder, sabe que nada tiene que ver con el interés general ni, por supuesto, con el bien común.
No es una confrontación menor porque tiene comprometida la acción de los tres poderes. En principio, es el oficialismo el que plantea la resistencia a la decisión de la Corte Suprema de anular una ley y determinar las características de la que debe suplantarla. La primera mirada es que avanza en facultades legislativas que no tiene pero no se puede negar que el cuestionamiento viene de parte de un sector político con deudas pendientes con la justicia. Pero una mirada más profunda muestra que la institucionalidad es la víctima y no la causa de la puja que está al borde del estallido.
En el aprecio ciudadano, el Poder Judicial ha perdido enjundia. A esa decadencia ha concurrido la politización de la Justicia, cuando quienes gobiernan buscan poner bajo su control a los que tienen un papel fundamental en la observación de la legalidad de sus prácticas. Hasta el propósito del constituyente de que a los despachos judiciales lleguen los más capaces, es objeto de maniobras tanto en el Consejo de la Magistratura como en el Congreso de la Nación.
No es menor la concurrencia de la judicialización de la política y no solo el poder intenta transitar un atajo para alcanzar sus objetivos concurriendo a un juzgado para sacar obstáculos. Lamentablemente, el hombre común también debe recurrir a un juez para poder ejercitar derechos que conculcan los gobiernos.
Un ejemplo de ello es la lucha de los jubilados, que desde el retorno de la democracia recurren a sus decisiones para defenderse de los atropellos de Ejecutivos que financian sus aventuras electorales o el asistencialismo, con los fondos generados en un sistema previsional. Lamentablemente no les sirve de mucho, porque en la ineficacia de los fallos queda en evidencia qué significa que la institucionalidad está sucumbiendo en la Argentina.
Salta, 18 de abril de 2022
