Autoridad

Opinion 11 de octubre de 2021
Un crimen despiadado sacó de la inercia al gobierno comunal y seguramente estará preocupando a otros obligados responsables, respecto de actividades informales que rozan la ilicitud. El copamiento del Parque San Martín y de otros espacios públicos, además del desborde de las peatonales, ha confirmado la ineficiencia de sucesivas gestiones gubernamentales para resolver el problema de fondo, que no es otro que la pobreza.
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Más de dos décadas lleva el proceso de expansión de una modalidad de sobrevivencia que, a todas luces, no es espontánea. Está organizada y tiene como cimiento un submundo que comienza en la evasión impositiva y contiene un tráfico ilícito de mercaderías y drogas. Esta forma de intercambio de bienes no solo está destruyendo el comercio legal sino especialmente promoviendo el desarrollo de la marginalidad, construyendo situaciones de vulnerabilidad con la que  lucran modelos políticos que practican la demagogia bajo el rótulo de gobierno popular.

Sacar a la intendenta Bettina Romero de la pasividad de dejar hacer al margen de su voluntad y, consecuentemente, negar la existencia de hechos dominantes, ha tenido un precio alto. Nahuel fue protagonista del drama de una muerte anunciada; era él o cualquiera de las decenas de personas que resisten la adecuación a la normativa que rige la convivencia en la principal ciudad de la provincia. El objetivo cae en la pretensión de enarbolar derechos adquiridos, haciendo caso omiso a los que legítima y legalmente les cabe al resto de la ciudadanía, que enfrenta la misma realidad que los marginales que tomaron por asalto el emblemático parque.

No son inocentes porque exhiben la voluntad de esa opción. Es así que los más fuertes desplegaron sus recursos para retirar del predio -que por estas horas les es un territorio hostil- todos los bienes que sin dudas son la base de un buen negocio; los restantes midieron que sus fuerzas son escasas cuando sus protectores se esconden, sean marginales como ellos, agentes del Estado que distorsionan una tarea digna o referentes políticos, que los toman como carne de cañón.

De allí que se haya escuchado a algunos voceros de esta franja, que sabe de su precariedad, repetir conceptos que se usan desde el poder para disimular la ineficacia de sus políticas. Una vendedora consideró inadmisible que se les saque “el pan de la boca” luego de haber estado un año encerrados. Ello no ocurrió en esta Provincia; hubo restricciones como consecuencia de la pandemia pero no en la medida que padeció la parte central del país, con más espaldas para soportar un aislamiento que la extrema pobreza salteña hacía inaplicable.

Esta mujer expuso el dudoso dato de una permanencia de 20 años sin permiso formal para trabajar en el lugar, pero con la tolerancia propia de funcionarios que, ante la falta de respuesta a demandas legítimas -especialmente de trabajo- dejan hacer para evitar el reclamo. Y esa vendedora no parece haber registrado que esa solución que le daba un gobierno incapaz, no le servía para dar a su prole la oportunidad de construir una vida de mayor calidad.

Los tres niveles del Estado deben moverse con urgencia. La tragedia del Parque San Martín ha mostrado la existencia de mafias que explotan la ocupación del espacio público, como así también de inmigración ilegal, evasión impositiva y narcotráfico. Puede haber otras situaciones ilícitas, propias de la falta de control y ausencia de autoridad.

Y ese es el punto. Hay que reconstruir la autoridad aunque tenga un alto costo político para los gobiernos de turno. 

Salta, 11 de octubre de 2021

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