A cuatro semanas del conflicto docente, ha llegado la hora de que el gobierno provincial desactive el paro. No tengo conocimiento de que hubiera dado pasos en este sentido. La tarea de gobierno es organizar a la sociedad, y si bien es cierto que la materia salarial no puede discutirse con grupos fragmentados, el alto acatamiento del paro está dando señales de que aquí hay algo más que un grupo desorganizado.
Por otra parte, los docentes acampando en la plaza están dando un espectáculo penoso, no es una actitud que dignifique a la docencia ni un ejemplo para los alumnos. El panorama del casco histórico salteño resume la decadencia: docentes en carpas en el espacio público y cada vez más niños realizando trabajo infantil. Un panorama muy oscuro para el futuro.
La educación pública y gratuita es lo que logró en el pasado una Argentina con movilidad social ascendente, crecimiento y empleo. Pero en algún punto en el siglo pasado, la educación dejó de ser una prioridad para los gobiernos, lo que se manifiesta claramente en el deterioro salarial que repercute en la decadencia del nivel de vida de los docentes y del sistema educativo en su totalidad. A tal punto que los empresarios empiezan a quejarse de la falta de personas preparadas para incorporarse al mundo del trabajo.
Los docentes autoconvocados no se sienten representados por los gremios reconocidos. Hacen referencia a una larga historia de corrupción y de acuerdos sin consulta con las bases que ha llevado a esta situación de deterioro donde el salario docente inicial está por debajo de la línea de pobreza. Los reclamos son válidos, el gobierno debiera escucharlos, pero el ministro parece creer que está en un pedestal, se niega al diálogo y los ha mandado a sindicalizarse.
Quisiera entender la posición del ministro. Si el resultado electoral del voto en blanco no le ha impresionado, si el ausentismo en las aulas no le importa, ¿cuál es el punto de dialogar únicamente con quienes no pueden controlar la huelga docente?
Cuando el gobierno se niega al diálogo está ejerciendo un acto de violencia que, a su vez, es generador de violencia. Este tema está muy estudiado. La exposición a la humillación o al desprecio genera una sensación de explotación[1], que provoca como respuesta el llamado al paro.
La violencia policial contra los docentes no es una opción que la sociedad esté dispuesta a tolerar.
En un petitorio muy razonable, los docentes autoconvocados además del reclamo de un sueldo docente básico equivalente a la canasta familiar, exigen el pago a trabajadores de algunas escuelas de Cafayate y Rivadavia, de personal del programa Escuelas Abiertas, cuestiones relativas a licencias médicas, restitución de la copa de leche, aumento del presupuesto por alumno en los comedores escolares que hoy está por debajo de los cincuenta pesos, régimen de titularizaciones anuales para todos los niveles, entre otros temas. Algunos de estos pedidos son muy fáciles de resolver.
Las muestras de solidaridad con la lucha docente se reflejan en declaraciones de ADIUNSA (Asociación de Docentes e Investigadores de la unas) que denuncia que sólo hubo por parte del gobierno hostigamiento policial, amenazas de represión, ninguneo y destrato ante educadores de toda la geografía provincial. Miembros del Consejo del Partido Justicialista ratifican el derecho de agremiarse libremente y de participar en actividades tendientes a la defensa de los intereses profesionales. Desde la Iglesia Católica, una carta del Padre Alberto Abram manifiesta que impresiona cuando se usa al Señor y a la Virgen del Milagro en los discursos y no se lo ve presente en el hermano que sufre el atropello, la necesidad, la pobreza, la falta de dignidad en el Trabajo. Los artistas también se hacen presente en la plaza aportando su arte musical a la lucha docente.
Un gobierno presente como lo declama la onerosa publicidad oficial debe ser un gobierno con una posición de atención, empatía, compasión. Debiera ser un gobierno accesible y receptivo, que se explica y expone, que actúa de manera transparente, que le da a la sociedad la posibilidad de hacer oír su voz.
Creo que ha llegado el momento de convocar a una amplia mesa de debate sobre la educación, para sellar compromisos políticos, sociales, institucionales que nos den un horizonte de recuperación de la educación como uno de los derechos fundamentales que debe ser protegido por el Estado. El derecho de todas las personas a aprender con éxito, al margen de su origen o condición socio-económica, implica obligaciones para el Estado y para la sociedad. Hay que empezar a diseñar estructuras más flexibles y descentralizadas para atender la infinidad de problemas que existen en el ámbito de cada institución educativa. Para ello también debemos constitucionalizar un pacto estable de inversión educativa con el fin de asegurar una financiación adecuada del sistema. Esa inversión es lo más rentable podemos hacer como sociedad.
El daño que el cierre de las escuelas por la cuarentena sumado a este largo paro está provocando a niños, niñas y adolescentes, y a sus familias será muy difícil de reparar.
A los ministros de Educación y de Hacienda que se sientan sobre la negativa a dialogar y sobre el superávit fiscal conviene recordarles que si creen que la educación es cara, mucho más cara es la ignorancia[2].
[1] Pierre Rosanvallon: La legitimidad democrática, pág. 257.
[2] Derek Bock, ex rector de la Universidad de Harvard: “Si Ud. cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia”
