Con puntualidad se están encarando las acciones propias del cierre del año. Las prórrogas de emergencias vigentes en la Provincia han comenzado a tratarse en la Legislatura como sucede, en algunos casos, desde hace tres décadas.
Ejes
El Concejo Deliberante volvió a trabajar tras un extenso receso. En su última sesión trató más de veinte proyectos y ofreció un debate sustancioso en torno de la problemática de la ciudad más importante de la Provincia. La campaña electoral volvió a acercar a algunos miembros del cuerpo a las cuestiones que padecen los vecinos y otros, demostraron que tienen en claro la situación cuando están a poco de concluir su mandato.
Opinión05/08/2021
En el momento de Manifestaciones, los concejales capitalinos coincidieron en destacar la trascendencia del convenio que el Ejecutivo suscribió con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina, una institución supuestamente sin fines de lucro y con algunas excepciones de apoyo a la iniciativa de seguridad vial, buena parte de la oradores puso en evidencia el resultado de la marginalidad en la que fue colocado el cuerpo legislativo. No es, sin dudas, la mejor carta de presentación para 19 ediles que salieron a buscar su reelección.
Uno de los proyectos más destacados de la agenda de trabajo de la sesión de este miércoles generó un debate interesante porque efectivamente apuntaba a una cuestión que importa a más de 40 de los casi 300 barrios de la Capital. Son los llamados Barrios Populares, que fueron relevados a partir de la sanción de la ley nacional 27.453 de "Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana". Por iniciativa del concejal saencista José García, uno de los postulantes a repetir mandato, se analizó la creación del Programa de Regularización e Integración de barrios originados en asentamientos y si bien nadie se opuso a la resolución de la problemática de esos sectores, apenas se aprobó la creación de una mesa de trabajo para tratar la viabilidad de la propuesta.
No se mencionó que todos están en campaña pero algunos se esforzaron para que con esta propuesta no se generaran falsas expectativas en tanta gente que debido a la precariedad dominial no accede a servicios esenciales. Y eso era lo que buscaba su autor, quien dijo que quería reforzar la esperanza de esos capitalinos que reclaman –algunos desde hace tres décadas- que sean atendidas las demandas de servicios básicos. Pero no está errado respecto de la necesidad de dejar determinado por escrito el desembarco de obras en barrios populares.
Otro aporte no menos significativo fue el orden de prioridades que tiene la población de buena parte de Salta y que expuso como legado de sus dos mandatos la concejal Romina Arroyo, que está buscando su ingreso a Diputados. El estado deplorable de las calles y la pésima calidad del servicio de agua y saneamiento son denuncias permanentes pero hay tres cuestiones que están entrañablemente atadas y encabezan el top five expuesto por la edil que va en la boleta de la alianza Gana Salta. La inseguridad, las adicciones y la falta de trabajo es por lo que más se pide.
Hoy la gente tiene hambre, hay que solucionar el problema laboral, dijo Francisco Benavídez, que quiere mantener su banca bajo el nombre del Gobernador. Observó que en los barrios la mayoría perdió su empleo o hay una reducción en los ingresos y la única propuesta que quiere escuchar es la que apunte a la solución de ese problema.
Por esos ejes pasará la decisión ciudadana que debe tomarse en diez días más.
Salta, 05 de agosto de 2021
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